Una jueza aplaza hasta septiembre el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que lleva siete décadas viviendo en Retiro
Una jueza retrasa hasta el 23 de septiembre el desahucio de Maricarmen, de 87 años, vecina de Retiro desde hace siete décadas
El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha acordado aplazar hasta el próximo 23 de septiembre el desahucio de Maricarmen, una inquilina de 87 años del madrileño barrio de Retiro que afrontaba este mes un nuevo intento de lanzamiento de la vivienda en la que reside desde hace siete décadas.
La decisión judicial llega después de estimar el recurso presentado por la defensa de la afectada y deja sin efecto el lanzamiento que estaba previsto inicialmente para el próximo 24 de junio.
La resolución se basa en el plazo mínimo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Civil
Según la resolución, el anterior señalamiento no respetaba el plazo mínimo contemplado en el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aquellos supuestos en los que el inmueble constituye la residencia habitual de la persona afectada.
Por este motivo, el órgano judicial ha fijado una nueva fecha para el lanzamiento el 23 de septiembre, permitiendo que Maricarmen permanezca en su domicilio, al menos, hasta entonces.
El juzgado rechaza suspender el procedimiento en los términos solicitados por la ONU
No obstante, el juzgado ha rechazado suspender el procedimiento en los términos planteados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que había solicitado la paralización del desahucio hasta que las administraciones acreditaran haber buscado una alternativa habitacional para la afectada.
En el auto se sostiene que las distintas administraciones han contado con tiempo suficiente durante los anteriores aplazamientos para adoptar una solución al caso.
El Sindicato de Inquilinas denuncia la ausencia de una alternativa residencial
El Sindicato de Inquilinas, que acompaña a Maricarmen durante este proceso, denuncia que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central le han ofrecido hasta el momento una alternativa residencial.
Asimismo, recuerda que Naciones Unidas ha instado al Estado español a evitar el desahucio y a garantizar una solución habitacional adecuada, concediéndole hasta el próximo mes de diciembre para informar sobre las medidas adoptadas.
Un caso convertido en símbolo del conflicto por la vivienda
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los más representativos del debate sobre el acceso a la vivienda en Madrid. La vecina afronta ya el tercer intento de desahucio desde que el edificio fue adquirido en 2018 por la empresa Urbagestión.
Según denuncian los colectivos que la apoyan, tras esa operación se planteó una subida del alquiler del 250 %.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber planteado diferentes vías para resolver el conflicto, entre ellas la compra pública del inmueble o cambios normativos que refuercen la protección de los arrendatarios, aunque afirma no haber obtenido respuesta institucional.
Tras el nuevo aplazamiento, las movilizaciones previstas se celebrarán el 22 de septiembre, un día antes de la nueva fecha fijada para el lanzamiento, al considerar que la prórroga judicial no resuelve definitivamente la situación de la octogenaria.