El Gobierno se alía con empresas de ciberseguridad españolas en plena escalada de gasto militar

Privacidad y ciberseguidad en la IA - Arthur Bowers

Sánchez, Robles y López se reúnen con nueve firmas tecnológicas para integrar la industria nacional en el rearme digital impulsado por el incremento del presupuesto de defensa.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su plan de rearme militar reuniéndose con representantes de nueve empresas tecnológicas españolas especializadas en ciberseguridad. El encuentro, celebrado el pasado 31 de marzo en La Moncloa, contó con la participación del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López. El objetivo: vincular a la industria nacional del sector con el crecimiento histórico del presupuesto militar, que prevé alcanzar el 2% del PIB para 2029, en línea con las exigencias de la OTAN.

Las compañías convocadas —entre ellas Sofistic (Cuatroochenta), Nunsys, S2 Grupo y CounterCraft— forman parte del núcleo más innovador del ecosistema de ciberseguridad nacional. Empresas que desarrollan soluciones para la protección de infraestructuras críticas, detección de amenazas avanzadas o vigilancia digital ante posibles ciberataques de actores estatales o criminales.

Según fuentes oficiales, el encuentro se centró en cómo articular desde ya parte del aumento del gasto militar —36.560 millones de euros para 2029— en herramientas y capacidades tecnológicas ligadas a la ciberdefensa. Aunque el discurso institucional evita términos como “rearme” o “militarización digital”, lo cierto es que estas conversaciones sitúan a la ciberseguridad como pieza clave de la nueva estrategia militar del Gobierno español.

Defensa, innovación y negocio: un triángulo con tensiones

El crecimiento exponencial del gasto en defensa ha generado debate social y político, especialmente tras las declaraciones del presidente del Gobierno en el Congreso asegurando que “España no puede quedarse fuera del consenso comunitario” en materia de defensa. En paralelo, la Unión Europea ha anunciado un plan para movilizar hasta 800.000 millones de euros en rearme colectivo antes de 2030, con un enfoque creciente en la digitalización militar.

En este contexto, la industria tecnológica española ve una oportunidad de negocio sin precedentes. Ángel López, fundador de Sofistic y CIO de Cuatroochenta, celebró la convocatoria del Gobierno y subrayó que “es imprescindible que se escuche a las empresas locales que están en la vanguardia de la innovación en ciberseguridad”.

No obstante, otras voces dentro del propio sector reclaman mayor transparencia y criterios éticos claros en la asignación de fondos, especialmente cuando estos provienen de presupuestos públicos destinados a la defensa.

Ciberseguridad: el nuevo campo de batalla

Más allá del relato de la “transformación digital”, lo que está en juego es el fortalecimiento del aparato estatal para protegerse —y eventualmente responder— en el ámbito digital, donde los ataques no conocen fronteras. Solo en 2023, el 60% de las empresas españolas sufrieron incidentes de ciberseguridad, y muchas de ellas aumentaron sus inversiones para proteger sus datos y operaciones.

Desde el INCIBE, organismo público encargado de la ciberseguridad civil, se advierte que el crecimiento de amenazas ligadas a conflictos geopolíticos ha convertido la defensa digital en una prioridad nacional.

Por eso, desde el Gobierno se insiste en que la inversión en innovación y ciberseguridad es tan estratégica como la compra de armamento convencional, aunque el marco de estas reuniones se sitúe claramente en el contexto del aumento del gasto militar.

El riesgo: subordinar la innovación tecnológica a la lógica militar

El debate que se abre ahora es si este proceso reforzará un ecosistema tecnológico autónomo, con impacto social y civil, o si se limitará a subordinar la innovación a una agenda militarista. El hecho de que estas reuniones hayan sido convocadas directamente por Moncloa y Defensa, y no por Industria o Ciencia, no es un detalle menor.

Mientras tanto, el sector espera que este diálogo público-privado no solo se traduzca en contratos millonarios, sino también en una política industrial que impulse la ciberseguridad como derecho de ciudadanía y motor de desarrollo económico.