La Policía Municipal desaloja a uno de los últimos mayores que permanecían en los apartamentos San Francisco
La Policía Municipal de Madrid ha comunicado este viernes el desalojo de uno de los últimos residentes que permanecían en los apartamentos municipales para mayores San Francisco, ubicados en el barrio de La Latina, después de que el Ayuntamiento obtuviera autorización judicial para acceder a la vivienda.
Con esta actuación, ya son tres las personas que han abandonado el inmueble dentro del proceso impulsado por el Consistorio para vaciar el edificio y ejecutar una rehabilitación integral destinada a corregir diferentes deficiencias estructurales y de seguridad.
Actualmente permanecen en el edificio cuatro residentes pendientes de resolución judicial, aunque el Ayuntamiento ha precisado que, por el momento, únicamente dispone de autorización para intervenir en uno de los casos.
La reforma integral, principal argumento del Consistorio
Desde el Ayuntamiento de Madrid defienden que la actuación responde exclusivamente a criterios de seguridad. Según explican fuentes municipales, el inmueble presenta problemas de conservación que podrían comprometer la integridad física de sus ocupantes.
Por este motivo, el Consistorio asegura que la persona desalojada contará con una plaza en una residencia municipal mientras se desarrollan las obras de rehabilitación.
Además, desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad insisten en que la reforma solo puede ejecutarse sin residentes en el interior del edificio y lamentan que la negativa de algunos inquilinos haya retrasado unos trabajos que consideran imprescindibles.
Los residentes denuncian incertidumbre e indefensión
La actuación ha sido criticada por la Asociación Vecinal La Chispera, que respalda a los inquilinos que se oponen al abandono del edificio. La entidad alertó de la intervención policial a través de sus redes sociales, donde denunció que se estaba produciendo el desalojo de uno de los mayores residentes.
Por su parte, algunos vecinos afectados aseguran vivir la situación con preocupación e incertidumbre. Uno de los residentes que todavía permanece en el inmueble ha manifestado sentirse "triste" e "indefenso" ante la posibilidad de perder su vivienda.
El pensionista sostiene que el edificio se encuentra en buenas condiciones y considera que el desalojo constituye una injusticia. Asimismo, afirma residir en los apartamentos desde hace quince años y disponer de un contrato vitalicio.
También rechaza la urgencia de las obras defendida por el Ayuntamiento y asegura que durante los dos años en los que parte del inmueble ha permanecido vacío no se han realizado actuaciones significativas. Incluso plantea la sospecha de que el objetivo final sea destinar el edificio a otros usos.
Un conflicto que comenzó en 2024
La situación se remonta a 2024, cuando el Ayuntamiento notificó a los 61 usuarios de los apartamentos San Francisco la necesidad de abandonar temporalmente el inmueble para permitir una reforma integral presupuestada en 3,8 millones de euros.
La mayoría de los residentes aceptó el traslado a otros recursos municipales, pero cuatro usuarios decidieron permanecer en el edificio.
Tras finalizar el plazo establecido para el abandono voluntario, el Consistorio acudió a los tribunales en junio de 2025 con el objetivo de obtener autorización judicial para ejecutar los desalojos y desbloquear el inicio de las obras.
El Ayuntamiento garantiza el regreso de los usuarios
El Gobierno municipal sostiene que los residentes que todavía permanecen en el inmueble han recibido las mismas alternativas habitacionales ofrecidas al resto de usuarios. Entre ellas figuran plazas temporales en residencias municipales con servicios de manutención, lavandería, fisioterapia y atención sanitaria.
Asimismo, el Ayuntamiento asegura que todos los usuarios podrán regresar a los mismos apartamentos una vez concluyan las obras, manteniendo las mismas condiciones económicas de las que disponían antes del traslado.
La remodelación permitirá además habilitar siete nuevas plazas residenciales, que actualmente no pueden utilizarse debido al estado del edificio.
Mientras continúan los procedimientos judiciales pendientes, el conflicto sigue abierto entre el Consistorio y los últimos residentes que se resisten a abandonar unos apartamentos que consideran su hogar desde hace años.