El Movimiento #J2 marca "líneas rojas" al Gobierno con el Reglamento de la pasarela de mutualistas al RETA
El Movimiento #J2 exige al Gobierno un desarrollo reglamentario fiel a la Ley de la Pasarela al RETA tras su aprobación en el Congreso. Reclama evitar recortes por motivos económicos para garantizar una integración real a los mutualistas.
Apenas unos días después de la aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados de la Ley que crea la Pasarela de integración de los mutualistas alternativos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el Movimiento #J2 ha hecho público un informe jurídico para fijar los principios constitucionales que deben guiar su redacción ejecutiva posterior.
Desde la plataforma advierten de que la batalla parlamentaria ha concluido y que la verdadera eficacia de la norma dependerá del contenido del Reglamento que el Ejecutivo apruebe en los próximos meses, ya que será este el que determine las condiciones reales de acceso, integración y reconocimiento de derechos para miles de profesionales afectados.
El portavoz del Movimiento #J2, Ángel López, considera que el escenario político ha cambiado de forma sustancial tras el pronunciamiento de la cámara baja. "Durante años nuestra reivindicación fue convencer al Parlamento de que existía un problema que requería una respuesta legislativa. Esa etapa ha concluido. Las Cortes Generales ya han hablado. Ahora comienza una nueva fase: garantizar que el Reglamento respete fielmente la voluntad expresada por el legislador", declara López, enfatizando que la potestad reglamentaria del Ejecutivo es una atribución subordinada a la Ley y que el Reglamento no puede convertirse en un espacio para abrir una segunda negociación política que reinterprete el consenso ya alcanzado.
La primacía de la finalidad reparadora sobre el criterio económico
El análisis del colectivo subraya que la creación de la Pasarela no responde únicamente a un trámite técnico de reorganización administrativa, sino que nace para reparar la desprotección de profesionales que ejercieron su carrera en un modelo alternativo que contó durante décadas con el aval, la regulación y la supervisión del propio Estado.
Por este motivo, la plataforma apela a la protección de la confianza legítima y señala que el Gobierno dispone de un margen técnico amplio para desarrollar la Ley, pero no puede utilizar ese margen para restringir su alcance, alterar su finalidad o convertir la norma en un mecanismo meramente formal.
En relación con el impacto presupuestario del proceso de integración, el Movimiento #J2 recalca que la sostenibilidad financiera debe gestionarse de forma adecuada, pero nunca erigirse en el criterio rector del Reglamento ni servir de justificación para vaciar de contenido la decisión del Congreso. Sobre este punto, el portavoz del movimiento explica que "el Reglamento no puede diseñarse preguntándose únicamente cuánto cuesta la Pasarela. Debe preguntarse primero cómo cumplir la finalidad para la que las Cortes decidieron crearla y, a partir de ahí, buscar la mejor solución técnica posible. Invertir ese orden supondría alterar la voluntad del legislador".
Marco constitucional e iniciativas ante la Administración
Para fundamentar sus exigencias, el informe jurídico se apoya en el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, el mandato de cobertura suficiente del sistema público previsto en el artículo 41 y la garantía de pensiones adecuadas durante la tercera edad establecida en el artículo 50. La organización recalca que la iniciativa responde al reconocimiento parlamentario de una situación de desprotección y adelanta que "la Pasarela no nace para crear un procedimiento administrativo más. Nace porque el Parlamento ha reconocido que existe una situación de desprotección que merece una respuesta normativa. El Reglamento deberá ser coherente con esa finalidad".
Ante los próximos meses de elaboración del texto normativo, el Movimiento #J2 iniciará una agenda de trabajo institucional mediante la cual trasladará su dictamen jurídico al Gobierno, a los distintos grupos parlamentarios y a las organizaciones profesionales del sector.
Ángel López concluye recordando que la aprobación de la Ley no representa el final de sus reivindicaciones, sino el inicio de la etapa más decisiva para velar por el cumplimiento del mandato democrático: "Ahora corresponde demostrar que el Estado es capaz de convertir la voluntad del Parlamento en una regulación que ofrezca una integración real, útil y suficiente para miles de mutualistas. La Pasarela no es una concesión del Gobierno; es el cumplimiento de un mandato aprobado por las Cortes Generales. Y ese mandato debe respetarse".