Madrid destina más de 300 millones en cuatro años a ayudas por nacimiento y maternidad
La región ha concedido 14.500 euros por hijo a más de 26.000 madres jóvenes y cifra en 1.700 millones el ahorro fiscal para las familias madrileñas
La Comunidad de Madrid ha destinado más de 300 millones de euros en los últimos cuatro años a ayudas por gestación, nacimiento, adopción y partos múltiples, una de las medidas estrella de su Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026.
Desde que este plan entró en vigor el 1 de enero de 2022, 26.418 madres menores de 30 años han recibido subvenciones directas de 14.500 euros por hijo, mediante un sistema de pago mensual de 500 euros desde la semana 21 de embarazo hasta que el bebé cumple dos años. Se trata de una de las ayudas más elevadas a nivel nacional para apoyar a las familias en los primeros años de crianza.
La política de apoyo se refuerza en el caso de nacimientos o adopciones múltiples, donde la ayuda se amplía hasta 1.800 euros adicionales por hijo, de modo que cada familia percibe 3.600 euros en partos o adopciones de dos hijos, 5.400 euros en los de tres y cantidades superiores de forma progresiva en los casos de mayor número.
Ahorro fiscal de 1.700 millones
Además del impacto directo de las ayudas, el Gobierno regional cifra en más de 1.700 millones de euros el ahorro en impuestos que se han beneficiado las familias madrileñas por deducciones y beneficios fiscales ligados al nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos durante este periodo.
La Estrategia regional, que contempla una inversión global de 4.800 millones de euros, ha alcanzado ya un grado de ejecución del 88 % de las 80 medidas previstas, quedando el resto en fase de implantación cuando aún resta un año para la finalización del plan.
Tramitación sencilla en 2026
De cara a 2026, la Comunidad mantendrá el sistema de tramitación telemática de estas ayudas, que se podrá realizar a través de su página web. Las personas interesadas deberán presentar certificado de empadronamiento y declaración de la renta, en un procedimiento compatible con el desarrollo de actividad laboral.
Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que estas políticas persiguen frenar el descenso de la natalidad, facilitar la conciliación y reducir el impacto económico de la crianza, especialmente entre los jóvenes, en un contexto de encarecimiento del coste de la vida y dificultad de acceso a la vivienda.