Jueces y juezas denuncian la sobrecarga laboral y el abandono institucional en el Día Internacional de la Salud Laboral

Con motivo del Día Internacional de la Salud Laboral, numerosos jueces y juezas de toda España, pertenecientes a diversas asociaciones judiciales o sin afiliación alguna, han alzado su voz en redes sociales para denunciar la creciente precariedad de sus condiciones profesionales, la sobrecarga estructural de trabajo y la ausencia de medidas efectivas por parte de las instituciones responsables, en particular el Ministerio de Justicia (MJU) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bajo el mensaje común de que “un juez enfermo no es un buen juez”, se advierte que la salud laboral de la carrera judicial está en riesgo, y con ello también la capacidad del Estado para garantizar un servicio público de calidad y el propio Estado de Derecho.

Un sistema judicial desbordado

Los datos no dejan lugar a dudas. El número de pleitos no deja de crecer, mientras que el número de plazas judiciales se mantiene estancado. El MJU, denuncian los jueces, incumple los compromisos alcanzados en mayo de 2023 para crear nuevas plazas, refuerzos y mejoras retributivas, lo que ha obligado a cientos de jueces a soportar cargas de trabajo inasumibles.

Además, el CGPJ, en lugar de establecer límites saludables de carga judicial, sigue sin fijar los estándares a los que le obliga una sentencia firme y permite sustituciones prolongadas sin garantías ni relevo. Se dan casos frecuentes en los que un solo juez gestiona dos o más órganos judiciales, lo que desborda los límites físicos y mentales del desempeño profesional.

Una salud laboral ignorada por las instituciones

La situación descrita genera estrés, ansiedad, burnout y desgaste emocional generalizado. El uso de tratamientos farmacológicos y las bajas por enfermedad mental son cada vez más comunes entre los miembros de la judicatura. También aumenta el número de quienes optan por la jubilación anticipada ante el agotamiento acumulado.

“El CGPJ no protege nuestra salud ni previene el daño. Al contrario, refuerza una lógica de productividad sin límites. Y el Ministerio se desentiende de las consecuencias humanas de su inacción”, denuncian desde diferentes colectivos judiciales.

Los jueces también advierten que la nueva Ley de eficiencia organizativa, en tramitación, supondrá un deterioro aún mayor, al facilitar sustituciones automáticas entre compañeros sin cubrir plazas ni reforzar plantillas.

Un llamado a la responsabilidad institucional y personal

Frente a este panorama, la carrera judicial apela también a una autorreflexión colectiva: “En nombre de un malentendido sentido de la responsabilidad, muchos seguimos trabajando en condiciones inasumibles. Pero cuidarse es también una obligación ética con el servicio público que prestamos”, recuerdan los magistrados que participan en esta jornada de denuncia.

Los jueces concluyen con un mensaje claro:

“Si no se protege la salud de los jueces, no se protege el Estado de Derecho. Porque solo una judicatura sana, motivada y con recursos puede garantizar los derechos de la ciudadanía y el control legal de los poderes públicos”.

Reivindicaciones clave del colectivo judicial:

1. Creación urgente de plazas judiciales, conforme al acuerdo alcanzado con el MJU.

2. Fijación legal y técnica de cargas máximas de trabajo saludables, por parte del CGPJ.

3. Mejora en los medios materiales y espacios de trabajo.

4. Reconocimiento del desgaste psicológico del ejercicio judicial como riesgo laboral.

5. Una carrera profesional real y protegida, con incentivos claros y vocación sostenible.

6. Un nuevo acuerdo para regular condiciones dignas de acceso, conciliación y permanencia.