El Gobierno declara 211 zonas catastróficas en 14 comunidades por incendios y temporales
El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para un total de 211 episodios catastróficos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 31 de marzo y el 27 de julio, abriendo la vía para que los damnificados accedan a ayudas económicas y beneficios fiscales.
La propuesta, elevada por el Ministerio del Interior, abarca a las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunitat Valenciana. Entre los episodios incluidos destacan por su gravedad los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional —una decisión adoptada por primera vez en España ante incendios forestales—, así como el foco que continúa activo en la Sierra de Espadán en Castellón.
El acuerdo recoge asimismo el incendio de Los Gallardos en Almería, calificado como uno de los siniestros más graves del año al saldarse con 13 víctimas mortales e importantes daños materiales. A lo largo de la primavera y el verano, la actividad incendiaria se extendió de forma continuada por el mapa nacional: en abril destacaron los fuegos de Ponteareas (Pontevedra) y varios focos en Asturias; en mayo los de Rugat y Benidorm (Valencia), Santa Eulària des Riu y Can Anfos (Ibiza) u Òrrius (Barcelona); mientras que en junio los fuegos se intensificaron en Carrascoy-El Valle (Murcia), Villanueva de los Castillejos (Huelva), Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense), la comarca leonesa de El Bierzo y diversos puntos de Navarra, Aragón y Cataluña donde fue necesario ordenar confinamientos preventivos.
Inundaciones, temporales y emergencias industriales
Junto a la lacra de los fuegos forestales, el marco aprobado por el Ejecutivo incorpora la respuesta a fenómenos meteorológicos adversos de gran impacto. Entre ellos se detallan los temporales costeros sufridos en Baleares, las fuertes lluvias y tormentas registradas en Cataluña, Mallorca y la Región de Murcia, y las intensas precipitaciones de finales de junio en La Rioja. Este último episodio obligó a activar el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones y golpeó con fuerza al municipio de Haro, donde se registraron decenas de intervenciones tras acumularse casi 55 litros por metro cuadrado.
Fuera de la horquilla temporal ordinaria del acuerdo, el Gobierno ha incluido de forma extraordinaria los efectos de los vientos fuertes de la borrasca Marta en Cataluña, comunicados al Centro Nacional de Emergencias el pasado 9 de febrero. Asimismo, la declaración da cobertura a emergencias de origen antrópico e industrial ocurridas en estos meses, como incendios en instalaciones químicas, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y fallos en infraestructuras industriales que requirieron la activación de planes específicos de protección a la población.
Un paquete integral de ayudas, beneficios fiscales y exenciones
La activación de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil abre la vía para que los afectados soliciten compensaciones por daños personales, desperfectos en viviendas habituales y enseres de primera necesidad, así como para cubrir los gastos extraordinarios asumidos por los ayuntamientos y las pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles o de servicios. También se prevén compensaciones para las personas físicas o jurídicas que prestaron bienes o servicios personales durante los operativos de extinción y rescate.
De forma complementaria, el acuerdo faculta a distintos ministerios a aplicar beneficios fiscales como exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos.
Por último, se financiarán las obras urgentes de reconstrucción de infraestructuras y servicios municipales dañados y se eximirá a los damnificados del pago de tasas en la expedición del DNI, duplicados del permiso de conducir o la tramitación de la baja de vehículos siniestrados.