Análisis de FEDEA sobre el sistema de dependencia

FEDEA defiende que la diversidad autonómica fortalece el sistema de dependencia y pone a Cataluña como ejemplo de aprendizaje

Parlamento de Cataluña
Un análisis difundido por FEDEA sostiene que la descentralización del sistema de dependencia permite innovar y mejorar la atención, utilizando Cataluña como caso de estudio para el conjunto de España.

FEDEA ha difundido un nuevo análisis del grupo CETIS de envejecimiento y cuidados que defiende que la descentralización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) constituye una oportunidad para mejorar las políticas públicas. El estudio utiliza el caso de Cataluña para mostrar cómo la diversidad de modelos autonómicos puede convertirse en una fuente de aprendizaje para todo el sistema, especialmente en un contexto marcado por el refuerzo de la financiación estatal aprobado en 2026.

La descentralización como laboratorio de innovación

El informe parte de una premisa clara: la diversidad en la gestión autonómica de la dependencia no debe interpretarse como una debilidad, sino como una herramienta para experimentar con distintos modelos de atención.

Los autores recuerdan que el SAAD establece un marco común de derechos, grados de dependencia, valoración y cartera de prestaciones, mientras que las comunidades autónomas desarrollan sistemas adaptados a sus características demográficas, sociales y asistenciales.

Según el análisis, esta autonomía permite generar evidencia sobre qué políticas funcionan mejor y facilita trasladar posteriormente esas experiencias a otros territorios.

Cataluña, un ejemplo de fortalezas y desafíos

El documento toma como referencia el sistema catalán de atención a la dependencia. Entre 2015 y 2024 el SAAD en Cataluña recibió cerca de 532.000 solicitudes iniciales y elaboró alrededor de 800.000 Programas Individuales de Atención (PIA).

Al mismo tiempo, identifica importantes retos pendientes, como los tiempos de espera, que a mediados de 2025 alcanzaban aproximadamente 198 días para la valoración del grado de dependencia y unos 270 días hasta la resolución de la prestación, además de la persistente fragmentación entre los ámbitos sanitario y social.

Más financiación, pero con mecanismos de control

El análisis considera que el Real Decreto-ley 17/2026 representa el mayor impulso económico recibido por el sistema de dependencia desde su creación, al incorporar 6.200 millones de euros adicionales durante el periodo 2026-2027 y fijar el objetivo de que el Estado financie el 50% del gasto total en 2027.

No obstante, FEDEA advierte del riesgo de que parte de ese esfuerzo estatal sea compensado mediante una reducción de la financiación autonómica, un fenómeno conocido como crowding out.

Por ello, propone que las nuevas transferencias estén vinculadas al mantenimiento del esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas, incorporando mecanismos de condicionalidad, indicadores públicos de corresponsabilidad y un seguimiento del gasto consolidado.

Tres lecciones para el conjunto de España

El estudio identifica tres enseñanzas principales que pueden extrapolarse al resto del país.

La primera es que la adaptación territorial constituye una ventaja para responder a las diferentes necesidades demográficas y asistenciales de cada comunidad.

La segunda señala que las experiencias desarrolladas en un territorio pueden servir de referencia para otras regiones, siempre que se interpreten adecuadamente.

La tercera destaca la necesidad de implantar sistemas de información interoperables entre los ámbitos sanitario y social que permitan comparar resultados y facilitar la transferencia de conocimiento entre comunidades autónomas.

Reforzar la atención domiciliaria y evaluar resultados

Entre sus recomendaciones, el grupo CETIS plantea impulsar la atención domiciliaria y comunitaria, modernizar el modelo residencial, dignificar las condiciones laborales de los profesionales de los cuidados, avanzar en la integración sociosanitaria y garantizar una financiación estable.

El documento insiste, sin embargo, en que estos objetivos deben alcanzarse preservando la capacidad de cada comunidad autónoma para adaptar las políticas a las necesidades específicas de su población, reforzando al mismo tiempo los sistemas de evaluación y la comparación de resultados entre territorios.