Prevención de incendios

Bomberos e ingenieros forestales reclaman planes preventivos más ambiciosos y continuados

Incendio en Guadalajara - Foto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla La Mancha (INFOCAM)
Expertos y entidades forestales reclaman más inversión en prevención y alertan de que actuar antes reduce el impacto económico y ambiental

El aumento de la superficie afectada por los incendios forestales en España ha reabierto el debate sobre la necesidad de incrementar la inversión en prevención, una estrategia que, según coinciden expertos, organizaciones ecologistas, investigadores y profesionales del sector forestal, resulta más eficaz y menos costosa que centrar los esfuerzos únicamente en la extinción.

Diversas voces consultadas sostienen que la prevención debe desarrollarse durante todo el año mediante una gestión continuada del territorio, con actuaciones que reduzcan la intensidad de los incendios y limiten su capacidad de propagación.

La inversión preventiva, clave para reducir el coste de los incendios

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales sostiene que por cada euro invertido en prevención pueden ahorrarse hasta 100 euros en labores de extinción.

Por su parte, Greenpeace, citando datos de la Agenda Forestal de Navarra, sitúa el coste de un incendio en torno a 10.000 euros por hectárea cuando intervienen medios aéreos, mientras que la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha estima un coste medio de 20.000 euros por hectárea.

La organización ecologista calcula una horquilla de entre 10.000 y 19.000 euros por hectárea, dependiendo de factores como el uso de medios aéreos, maquinaria o brigadas de extinción.

Las hectáreas quemadas elevan el impacto económico

Según los datos citados por los expertos, durante 2026 se han quemado alrededor de entre 108.000 y 130.000 hectáreas, dependiendo de la fuente y de la fecha de actualización de los balances, lo que sitúa a España como el país de la Unión Europea con mayor superficie afectada por incendios forestales en este periodo, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las estimaciones económicas incluidas en la información sitúan el coste derivado de la superficie quemada entre 1.300 y 2.470 millones de euros, una cifra que, según los especialistas, supera ampliamente lo que supondría reforzar las políticas preventivas.

Los investigadores defienden una gestión permanente del territorio

El informe publicado en Mediterráneo Económico, coordinado por especialistas en gestión forestal y economía forestal, defiende que unos bosques más gestionados y con mayor actividad humana reducen la probabilidad de incendios de alta intensidad.

Los autores consideran que una bioeconomía basada en el aprovechamiento sostenible del monte permite crear paisajes en mosaico, disminuir la continuidad de la vegetación y reducir tanto los daños ambientales como los costes asociados a la extinción y a la restauración posterior.

No obstante, los expertos advierten de que una mayor inversión en prevención no eliminará completamente los incendios, ya que el fuego forma parte de determinados ecosistemas, especialmente los mediterráneos.

Cambio climático y abandono rural, entre los factores señalados

Los especialistas coinciden en señalar que el cambio climático, las olas de calor, las sequías prolongadas y la acumulación de vegetación favorecida por el abandono del medio rural están aumentando la gravedad de los incendios.

También apuntan que la pérdida de actividades tradicionales ligadas al sector primario ha favorecido la acumulación de combustible vegetal, incrementando el riesgo de grandes incendios forestales.

Reforzar la prevención sin descuidar la extinción

Los autores del informe publicado en Mediterráneo Económico consideran que sería un error reducir de forma brusca los recursos destinados a la extinción, pero defienden trasladar progresivamente parte del esfuerzo económico hacia la prevención.

En la misma línea, el profesor Víctor Resco de Dios estima que sería necesaria una inversión aproximada de 3.000 millones de euros en prevención, mientras que Greenpeace plantea un presupuesto anual de 1.000 millones de euros, cantidad que, según la organización, permitiría gestionar 9,9 millones de hectáreas.

Los presupuestos actuales siguen lejos de las cifras reclamadas

La información recopilada indica que la inversión pública en prevención continúa por debajo de las cantidades planteadas por los especialistas.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica, correspondientes a 2024 y con información parcial de las comunidades autónomas, el presupuesto comunicado ascendió a 143,8 millones de euros, mientras que la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) cifró la inversión de 2022 en 175,8 millones.

La tecnología y la innovación ganan protagonismo

Los expertos también destacan el papel creciente de la ingeniería y la innovación tecnológica en la prevención.

Entre las soluciones mencionadas figuran sistemas capaces de anticipar escenarios de riesgo, redes de aspersores para crear cortafuegos verdes, herramientas basadas en satélites, sensores y cámaras que permiten monitorizar el territorio y detectar incendios de forma temprana, así como productos retardantes que reducen temporalmente la capacidad de combustión de la vegetación.

Según los especialistas, estas tecnologías permiten mejorar la planificación preventiva y reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia.

La gestión forestal y la implicación social, entre las prioridades

Los investigadores consultados coinciden en que la prevención debe combinar gestión forestal, quemas prescritas, desbroces, mantenimiento de cortafuegos, actuaciones sobre la continuidad de la vegetación y una mayor atención a las zonas donde confluyen espacios urbanos y forestales.

Además, subrayan la necesidad de implicar a la población, fomentar la autoprotección y desarrollar una cultura de prevención que complemente el trabajo de las administraciones y de los servicios de emergencias.

Para los expertos, el reto no pasa únicamente por mejorar la capacidad de extinción, sino por construir un modelo de gestión del territorio que reduzca la severidad de los incendios y haga más resilientes tanto a los ecosistemas como a las comunidades que viven en ellos.