Acuerdo Marco 2026

CCOO alerta de retrocesos en el nuevo Acuerdo Marco 2026 para la gestión de residencias en Madrid

La consejera Ana Dávila destaca la labor de la AMAPAD durante su visita a las residencias de Torremocha de Jarama y Torrelaguna

El sindicato denuncia que, pese a ciertos avances, el nuevo contrato pone en riesgo la calidad asistencial y precariza aún más al personal del sector

Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha manifestado su preocupación ante la nueva licitación del Acuerdo Marco 2026, impulsado por la Consejería de Familia, Asuntos Sociales y Juventud, para la gestión de plazas en residencias de mayores y personas dependientes de la Comunidad de Madrid. El sindicato reconoce que el nuevo texto incluye algunas mejoras, pero advierte de importantes retrocesos que comprometen tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales del personal.

Tras un análisis exhaustivo del documento, CCOO subraya que, aunque se contempla un aumento económico en el precio por plaza/día —que pasa de 74,88 a 89,71 euros IVA incluido—, esta subida no garantiza una mejora efectiva en la atención a los residentes.

Mejoras que no compensan los recortes

El sindicato valora positivamente ciertas incorporaciones al modelo asistencial, como la introducción de una quinta comida diaria (recena), el refuerzo del enfoque de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP) —que promueve una participación más activa de usuarios y familias— y la mayor especificidad de los servicios exigidos, con énfasis en el cuidado emocional, la higiene y las actividades de estimulación.

Sin embargo, CCOO denuncia que estos avances no van acompañados de los recursos humanos necesarios para su aplicación real, lo que convierte estas medidas en meras declaraciones de intenciones sin impacto práctico en la vida diaria de los residentes.

Deficiencias graves en personal y control

Uno de los puntos más preocupantes señalados por CCOO es el mantenimiento de ratios de personal “absolutamente insuficientes”, que no cumplen ni siquiera con los mínimos establecidos en el Acuerdo Territorial del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) de 2022. En el caso del personal gerocultor, las ratios son incluso inferiores a lo que exige dicho acuerdo, lo que puede redundar en una atención deficiente y sobrecarga de trabajo para las plantillas.

Además, el nuevo acuerdo elimina las ratios mínimas para personal de limpieza, cocina y mantenimiento, lo que, según CCOO, derivará en una degradación del servicio general y en condiciones laborales aún más precarias para estos trabajadores.

Otra de las medidas criticadas es la ampliación de la subcontratación de perfiles esenciales, como médicos, enfermeros, fisioterapeutas o psicólogos, que, en opinión del sindicato, contribuirá a la fragmentación de los equipos, la pérdida de calidad en la atención y el aumento de la inestabilidad laboral.

También se permite el uso de la telemedicina sin una regulación clara, lo cual, advierte CCOO, podría reducir la atención médica presencial a residentes en situación de gran vulnerabilidad, aumentando los riesgos para su salud.

Falta de control y compromisos incumplidos

Pese a los compromisos adquiridos previamente por la Administración regional, el sindicato denuncia que no se ha incluido una comisión de seguimiento que garantice el cumplimiento de los compromisos, ni mecanismos de control efectivos sobre los servicios prestados. Además, se mantiene la permisividad con el incumplimiento en materia de ratios, lo que deja sin herramientas a los centros y profesionales para mejorar la atención.

CCOO exige medidas urgentes

Desde CCOO se exige a la Comunidad de Madrid un compromiso real con el bienestar de las personas mayores, que pase por reforzar las plantillas, mejorar las condiciones laborales, aumentar los controles y asegurar la estabilidad del sistema. “Las reformas normativas sin dotación ni fiscalización efectiva no mejoran los servicios, solo maquillan las carencias estructurales”, afirman desde el sindicato.

El nuevo Acuerdo Marco, advierten, puede suponer una oportunidad perdida para transformar el sistema de atención residencial, que sigue arrastrando las secuelas de la pandemia y necesita una reforma profunda basada en la dignidad, profesionalidad y humanidad en el trato a las personas dependientes.