La Comunidad asegura que los contratos con Quirón son legales y anteriores a Ayuso

La Comunidad de Madrid ha defendido este viernes la legalidad y la transparencia de los contratos suscritos con el grupo Quirón después de conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Alberto González Amador. 

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha rechazado cualquier irregularidad en la relación contractual entre la Administración autonómica y el grupo sanitario y ha insistido en que los acuerdos vigentes fueron formalizados años antes de que Isabel Díaz Ayuso mantuviera cualquier vínculo con González Amador.

La Comunidad de Madrid insiste en que los contratos son anteriores al Gobierno de Ayuso

Durante una visita al nuevo centro de salud de Fuencarral, Matute ha asegurado que la Administración regional "no tiene nada que ocultar" y ha defendido que las cuentas vinculadas a estos contratos son "transparentes y limpias".

La consejera ha señalado que se trata de acuerdos que se remontan a 2006 y 2010, por lo que ha subrayado que son anteriores a la etapa de Ayuso al frente del Ejecutivo madrileño.

Asimismo, ha desvinculado a la Comunidad de Madrid de las relaciones comerciales existentes entre empresas privadas. "No tenemos nada que ver como administración de la Comunidad de Madrid con la relación de terceros y entre proveedores", ha afirmado.

En esta misma línea, ha insistido en que desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia regional no se ha producido "ningún tipo de cambio" en dichos contratos. "Ni modificaciones, ni nuevos contratos", ha remarcado.

La oposición reclama explicaciones en la Asamblea de Madrid

Las explicaciones del Gobierno regional no han convencido a los grupos de la oposición. El PSOE-M ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para analizar las contrataciones del Ejecutivo autonómico con el grupo Quirón.

El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha sostenido que el informe conocido esta semana evidencia que el grupo sanitario ha mantenido una posición privilegiada durante los años de mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Según ha afirmado, "el grupo Quirón ha cobrado lo que ha querido desde que la señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid". Además, ha señalado que la pareja de la presidenta "ha cobrado 4,4 millones de euros del grupo Quirón" y ha asegurado que "todo empieza y acaba en el ático de la señora Ayuso".

López ha acusado además a la presidenta madrileña de "pegarse la vida padre" con el dinero que, según sus palabras, la Comunidad de Madrid deriva a Quirón.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha manifestado que las conclusiones de la UCO plantean interrogantes sobre la actividad de las sociedades investigadas.

Bergerot ha señalado que, si una empresa "cobra por un trabajo sin tener medios para hacer ese trabajo", podría estar produciéndose una irregularidad tributaria o una contraprestación encubierta. Asimismo, ha asegurado que "los ingresos de Quirón a González Amador se han multiplicado por siete desde que es pareja de la presidenta" y ha reclamado que se esclarezcan las relaciones económicas entre el entorno de Ayuso y una compañía que recibe más de mil millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid.

La investigación sobre González Amador y las sociedades analizadas

El debate político coincide con los avances de la investigación judicial sobre Alberto González Amador. En el marco de una pieza separada abierta por un presunto delito de corrupción en los negocios, la UCO ha remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un informe en el que cuestiona la actividad desarrollada por una de sus sociedades.

Según el atestado, la empresa Masterman & Whitaker, anteriormente denominada Círculobelleza, habría facturado en 2021 determinados servicios de consultoría a Quirón Prevención pese a que, de acuerdo con la información analizada por la Agencia Tributaria, "carecía de medios personales y materiales suficientes" para prestar dichos trabajos.

A raíz de este informe, el juez Antonio Viejo ha autorizado recientemente el acceso a información bancaria, fiscal y de la Seguridad Social de varios investigados y de sociedades relacionadas con la operación.

La compraventa de Círculobelleza, bajo análisis de la UCO

La investigación también analiza la compra de Círculobelleza S.L. por parte de Maxwell Cremona S.L. en diciembre de 2020 por un importe de 499.836,92 euros.

La Guardia Civil considera llamativa esta operación debido a la reducida actividad de la sociedad en los años previos. El informe recoge que la empresa registró entre 2018 y 2020 una facturación anual de entre 30.000 y 59.000 euros y que apenas disponía de empleados o estructura material relevante.

Además, los investigadores destacan que en la documentación notarial revisada no figura ninguna explicación sobre el criterio utilizado para fijar el precio de venta, ni tampoco los motivos por los que se estableció un importe cercano a los 500.000 euros.

La UCO también considera relevante que, mientras en septiembre de 2020 el 40 % de las participaciones de la sociedad fue adquirido por 8.000 euros, apenas tres meses después el 100 % de la compañía se vendió por cerca de medio millón de euros.

Posteriormente, en diciembre de 2021, Alberto González Amador adquirió la totalidad de las participaciones de la empresa por 3.300 euros.

El informe examina igualmente la actividad de Maxwell Cremona, cuya facturación superó los 2,3 millones de euros en 2020, y diversas conexiones empresariales y personales entre los implicados, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los fondos desde 2014 hasta la actualidad.