Sánchez deja en manos de Zapatero la decisión de devolver las joyas incautadas y defiende la presunción de inocencia del expresidente
Pedro Sánchez remite a Zapatero la decisión sobre las joyas incautadas y reivindica su presunción de inocencia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado en manos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero la decisión sobre si debe devolver las joyas incautadas en el registro de su despacho, tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.
Durante una rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas, Sánchez fue preguntado por esta cuestión y respondió de manera tajante: "Esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo".
El jefe del Ejecutivo defendió además la trayectoria del expresidente y recordó que fue el impulsor del Código de Buen Gobierno que establece la entrega a Patrimonio Nacional de este tipo de obsequios recibidos por responsables políticos.
Sánchez reivindica la presunción de inocencia
El presidente del Gobierno subrayó igualmente su respaldo al expresidente, asegurando que, tanto como presidente del Ejecutivo como secretario general del PSOE, confía en su inocencia, respeta la actuación de la justicia y proclama la presunción de inocencia.
Preguntado sobre la coherencia de que un exmandatario que promovió ese registro pudiera conservar unas joyas como presente, Sánchez sostuvo que "cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid".
Asimismo, explicó que estos obsequios forman parte de los intercambios de presentes que se producen en visitas institucionales y que constituyen símbolos de respeto y hermandad hacia las instituciones que se visitan.
Las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros
La polémica se produce después de que las joyas intervenidas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero hayan sido tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.
En este contexto, también se recuerda que el artículo 420 del Código Penal establece penas de prisión, multa e inhabilitación para la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, reciba o solicite dádivas, favores o retribuciones de cualquier clase vinculadas al ejercicio de su cargo.