Rebelión autonómica por la cesión del IRPF a Cataluña: barones del PSOE y el PP advierten de ruptura de la igualdad

El Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña se preparan para dar el paso más ambicioso hacia la financiación singular catalana: la cesión del 100 % de la recaudación del IRPF a la Hacienda autonómica. El anuncio ha desencadenado una fuerte reacción de rechazo por parte de varias comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, que acusan al Ejecutivo central de ceder a un "chantaje político" a cambio del apoyo de ERC.

El acuerdo será formalizado este lunes en una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en el Palau de la Generalitat. El encuentro, al que asistirán el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y representantes de Hacienda, sentará las bases de un nuevo modelo fiscal para Cataluña, que permitirá que su Agencia Tributaria (ATC) asuma progresivamente las funciones de recaudación y gestión del impuesto, funciones hasta ahora en manos de la Agencia Estatal.

Acuerdo bajo presión y sin consulta a otras CCAA

El movimiento llega apenas dos días después del pleno extraordinario sobre los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, en el que ERC cerró filas con Sánchez. La proximidad entre ambos hechos ha provocado duras acusaciones desde dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo califica de "barra libre" para los independentistas y "despropósito constitucional".

“El Gobierno ha asumido la idea de un trato privilegiado a Cataluña fuera del marco constitucional, algo que sólo amparan los regímenes forales vasco y navarro”, ha dicho Page. Su gobierno, al igual que el de Asturias, ha denunciado que se han enterado por la prensa de la medida, sin ser informados por Moncloa o Ferraz, lo que ha alimentado el malestar interno en el partido.

Reacciones del PP: amenaza de recurso al Constitucional

Desde el Partido Popular, las críticas son aún más contundentes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de "vivir de rodillas ante los independentistas" y de firmar un "atajo" que rompe la caja común y la igualdad entre españoles. Feijóo promete que, de llegar al Gobierno, revisará el acuerdo y apostará por una financiación autonómica acordada en una mesa con todas las comunidades.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que llevará el acuerdo al Tribunal Constitucional si finalmente se materializa. También Madrid, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana han mostrado su rechazo frontal y alertan del riesgo de “ruptura del modelo común de financiación”.

El "cupo catalán" y la ampliación a otros tributos

El modelo pactado con ERC y Salvador Illa incluiría no solo la recaudación del IRPF, sino también el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña para asumir nuevas competencias, y posiblemente el control del IVA generado por las pymes, una vieja demanda del nacionalismo catalán. Aunque en principio no cambiará el reparto estatal del IRPF (50 % para Estado y CCAA), se prevé que ERC presente en septiembre una proposición de ley para reformar la LOFCA y avanzar hacia una financiación "similar a la del País Vasco y Navarra".

Esta “singularidad” ha abierto también una grieta dentro del bloque independentista: mientras ERC defiende que el modelo podría extenderse al resto de autonomías, Junts exige que Cataluña decida unilateralmente su cuota de solidaridad con el Estado, algo que mantiene bloqueado su apoyo.

El Gobierno niega agravios y promete equidad

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que no habrá “agravio comparativo” y que otras comunidades “podrán acogerse a este modelo si lo desean”. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que se trata de un acuerdo que respeta las singularidades autonómicas sin romper el sistema común: “Trabajamos por una financiación justa, solidaria y adecuada para todos”.

Montero ha asegurado que no se trata de “privilegios”, sino de “profundización autonómica”, y ha recordado que siempre ha habido pactos bilaterales con Cataluña en materia fiscal.

País Vasco: el siguiente en la lista

Este mismo martes, el presidente Pedro Sánchez se reunirá con el lehendakari Imanol Pradales para avanzar en la transferencia de competencias sobre la Seguridad Social al Gobierno vasco. La medida ha sido duramente criticada por los sindicatos y cuerpos de inspectores de Hacienda, que alertan del deterioro de la caja única y de la fragmentación del sistema.

El PSOE, tensionado por dentro

Además de Page, barones socialistas como Adrián Barbón (Asturias) y agrupaciones como la del PSOE de Madrid, han reclamado igualdad de trato y equidad territorial en cualquier reforma del sistema de financiación. Algunos líderes del partido aseguran que se están "cruzando líneas rojas" históricas de la izquierda, como la solidaridad entre territorios.

El propio García-Page concluye: “La corrupción ha traído más cesiones, más negocio para los socios y más chantaje político. Lo indecente se ha vuelto normal”.

Una reforma fiscal bajo sospecha y tensión máxima entre autonomías, con Cataluña como epicentro de un nuevo modelo que podría redibujar el mapa de la financiación autonómica en España. El lunes será el primer paso oficial, pero el debate político y constitucional apenas comienza.