El PP esperará informe del Senado para denunciar ante la Fiscalía las "mentiras" de Armengol en la comisión del caso Koldo
La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, apunta a un posible delito de falso testimonio por parte de Armengol, Ábalos, Cerdán y otros comparecientes
El Partido Popular ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y a otros comparecientes en la comisión de investigación del conocido como caso Koldo, por un presunto delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal, una vez que los servicios jurídicos del Senado emitan su informe.
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, confirmó este viernes en rueda de prensa que la denuncia se presentará en cuanto se disponga del informe jurídico pertinente. “Quien miente en sede parlamentaria, y más aún en una comisión de investigación, debe responder ante la justicia”, sentenció la senadora.
El delito de falso testimonio en comisión de investigación conlleva una posible pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. El PP sostiene que los testimonios ofrecidos por Armengol, así como los de los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, podrían haber incurrido en dicho ilícito penal, junto al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.
Armengol admite una reunión que negó en 2024
El desencadenante de este movimiento judicial ha sido la reciente admisión por parte de Francina Armengol de que mantuvo una reunión con el empresario Víctor de Aldama —implicado en el caso Koldo y otras investigaciones vinculadas a tramas de adjudicaciones públicas durante la pandemia— cuando presidía el Govern balear. Una semana antes, la socialista aseguró públicamente que no había mantenido ningún encuentro con el citado empresario, al menos no fuera del marco institucional.
Esa contradicción, según el PP, podría constituir una declaración falsa ante la comisión del Senado, que investiga la adjudicación de contratos públicos durante la gestión de la COVID-19, vinculados a comisiones irregulares y tráfico de influencias.
Armengol: "Estoy hipertranquila"
En respuesta a las acusaciones, Armengol ha declarado este viernes que tiene la “conciencia hipertranquila” y que en su etapa al frente del Ejecutivo balear “no hubo corrupción ni nada de eso”. Lo hizo tras un acto institucional celebrado en Palma de Mallorca, donde también rechazó temer por los resultados de la auditoría iniciada por el actual Govern balear, presidido por Marga Prohens (PP).
“No temo nada. Yo siempre he trabajado por el interés público, con transparencia, y no hay ninguna irregularidad en mi gestión”, aseguró Armengol ante los medios.
El foco también sobre Ábalos y Cerdán
El Partido Popular también apunta directamente a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por su supuesta implicación en una red de adjudicaciones irregulares. Ambos comparecerán próximamente ante el Tribunal Supremo en calidad de investigados y han sido señalados por el PP como posibles líderes de una presunta organización criminal operativa durante la emergencia sanitaria.
Alicia García señaló que su partido está recopilando todas las declaraciones prestadas en comisión, contrastándolas con la documentación oficial, con el objetivo de poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier indicio de manipulación deliberada de la verdad en sede parlamentaria.
La ofensiva judicial del PP
Este paso anunciado por el PP marca un nuevo escalón en la ofensiva política y judicial del principal partido de la oposición contra la dirección del PSOE y, en particular, contra algunos de sus antiguos altos cargos. La estrategia pasa ahora por judicializar las posibles falsedades en sede parlamentaria en un intento por forzar responsabilidades penales derivadas del caso Koldo, cuyo alcance político ha ido escalando en los últimos meses.
En paralelo, el grupo popular en el Senado continúa impulsando la ampliación del número de comparecientes en la comisión, con el propósito de profundizar en las conexiones entre las empresas adjudicatarias y antiguos cargos del Ejecutivo.
Con esta acción, el Partido Popular insiste en su mensaje de que “nadie puede estar por encima de la ley” y en su exigencia de que el Gobierno dé explicaciones claras y asuma responsabilidades políticas por los escándalos que, según su criterio, “salpican a todo el entorno del presidente Sánchez”.