Pedro Sánchez se enfrenta a una querella por injurias tras no acudir a la conciliación con González Amador
El novio de Ayuso llevará al Supremo al presidente del Gobierno por llamarle "delincuente confeso"
Pedro Sánchez no ha comparecido este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid, donde estaba citado a un acto de conciliación con Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Su ausencia allana el camino para que los abogados de González Amador presenten una querella por injurias y calumnias ante el Tribunal Supremo (TS), según han confirmado fuentes jurídicas.
La acción judicial responde a las declaraciones realizadas por Sánchez el 17 de octubre de 2024, cuando, tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, el presidente afirmó:
"El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo."
Querella en marcha: 100.000 euros de indemnización y una batalla en el Supremo
González Amador considera que estas declaraciones vulneran sus derechos fundamentales y su derecho al honor, por lo que exige una indemnización de 100.000 euros. Al no haberse alcanzado acuerdo en la conciliación, ahora llevará el caso al Tribunal Supremo, la única instancia competente para juzgar al presidente del Gobierno.
Cabe destacar que Sánchez no tenía la obligación de comparecer personalmente, pero su ausencia ha sido interpretada como una negativa a rectificar. Este mismo procedimiento se siguió con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien tampoco acudió a su acto de conciliación y ahora enfrenta una demanda por vulneración del derecho al honor, admitida a trámite por el Supremo.
Un nuevo frente judicial para Moncloa
Este nuevo episodio suma presión al Gobierno en un contexto de creciente tensión política y judicial. Con el caso ya en manos del Supremo, Pedro Sánchez se enfrenta a un proceso que podría derivar en responsabilidades legales, reavivando el choque institucional entre Moncloa y la Comunidad de Madrid.
La querella de González Amador podría convertirse en un nuevo foco de conflicto en el tablero político nacional.