Ola de demandas contra el Estado por los avales ICO: los empresarios apuntan al Gobierno por embargos y cláusulas ocultas

Una tormenta judicial sin precedentes se cierne sobre el Estado español. La gestión de los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia ha desatado una oleada de demandas colectivas promovidas por autónomos y pequeños empresarios que se sienten estafados y traicionados por el propio sistema que debía protegerlos. A medida que se conocen los detalles de los contratos y las consecuencias de los impagos, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un alud de críticas y procesos legales que podrían tener un importante coste económico y político para el país.

Durante la crisis provocada por la COVID-19, el Ejecutivo impulsó líneas de crédito avaladas por el ICO para sostener la liquidez de las empresas. Lo que inicialmente fue presentado como una medida de salvación, se ha transformado en una trampa legal para miles de empresarios, muchos de los cuales están ahora siendo embargados por impagos sin haber comprendido los riesgos reales a los que se enfrentaban.

La clave del conflicto reside en las cláusulas de los contratos firmados, que, según múltiples denuncias, no fueron explicadas adecuadamente ni por las entidades financieras ni por el propio ICO. Aunque el Estado avalaba hasta el 80% del préstamo en caso de impago, en la letra pequeña se establecía que, si la empresa no podía afrontar la deuda, la Agencia Tributaria podría reclamar el 100% de lo adeudado directamente a los empresarios, afectando a su patrimonio personal.

Según el economista José Rosado, autor de un artículo en el diario El Debate, esta situación ha desembocado en múltiples embargos de propiedades, cuentas y bienes personales de pequeños empresarios que, atrapados por la urgencia y la falta de información, accedieron a estos préstamos sin entender completamente sus consecuencias. Algunos aseguran incluso haber sido inducidos al error por los propios bancos, que ofrecían estos préstamos como sustitución de otras pólizas, ocultando los verdaderos términos de los acuerdos.

Empresarios de comunidades como Valencia, Madrid y Andalucía se están organizando en plataformas legales para interponer demandas colectivas contra el Estado, argumentando que no fueron informados con claridad y que se encuentran ahora en situación de ruina por confiar en una ayuda pública. Las reclamaciones apuntan tanto al Gobierno central como a las entidades financieras que actuaron como intermediarias en la gestión de los créditos ICO.

El Tribunal Supremo ya ha comenzado a emitir resoluciones en relación a algunos de estos casos, lo que podría marcar una senda jurisprudencial que dé la razón a los empresarios y obligue al Estado a asumir responsabilidades económicas millonarias. Por su parte, los abogados del Estado han emitido informes advirtiendo del riesgo jurídico que se cierne sobre la Administración si no se atienden adecuadamente estas reclamaciones.

El debate público se intensifica: ¿deben los políticos responder judicialmente por las consecuencias económicas de sus decisiones? ¿Es legítimo que el Estado traslade la carga de los impagos a quienes recurrieron a sus ayudas en momentos de desesperación?

Más allá de las responsabilidades individuales, la situación abre una crisis de confianza en la relación entre las administraciones públicas y el tejido empresarial. Si no se toman medidas para compensar o negociar con los afectados, la ola judicial no solo podría afectar al erario público, sino también erosionar el ya frágil clima económico y empresarial en España.

Mientras tanto, crece la indignación y la organización de los damnificados. Lo que comenzó como una herramienta de auxilio frente a la pandemia podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros y jurídicos de la legislatura.