IU ve “positivo” el decreto de financiación local, pero reclama una reforma estructural para los ayuntamientos
Izquierda Unida ha valorado de forma “positiva” el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que actualiza las entregas a cuenta destinadas a las entidades locales para 2026 hasta alcanzar los 29.247 millones de euros.
La formación considera que la medida supone un “avance importante para la financiación local”, al incrementar en un 8,8 % las cuantías respecto al ejercicio anterior y permitir nuevas posibilidades para el uso del superávit correspondiente a 2025 por parte de los ayuntamientos.
Según destaca IU, el texto aprobado garantiza más recursos para los consistorios y facilita una utilización más flexible de los remanentes en un momento en el que numerosos municipios reclaman una mayor capacidad de decisión sobre sus propios fondos.
Un avance que no resuelve el problema de fondo
Pese a la valoración favorable, Izquierda Unida subraya que el decreto no soluciona los problemas estructurales de la financiación municipal.
La organización considera que los avances recogidos en la norma son relevantes, pero insiste en que siguen siendo insuficientes para abordar de manera definitiva las necesidades económicas de las administraciones locales.
Desde el área de Municipalismo de IU señalan que el decreto demuestra que es posible flexibilizar el marco fiscal cuando existe voluntad política, aunque consideran imprescindible avanzar hacia un modelo que garantice una financiación estable y suficiente para los ayuntamientos.
La formación insiste en que continuará reclamando una mayor autonomía financiera para los municipios y una capacidad real para desarrollar políticas públicas sin depender de decisiones coyunturales.
Más flexibilidad para el uso de los remanentes
Entre los aspectos que IU considera más destacados del decreto figura la posibilidad de destinar el superávit de 2025 a gastos no financieros, inversiones financieramente sostenibles y, de manera excepcional, a políticas de vivienda con un plazo de ejecución de hasta cuatro años.
La formación entiende que esta medida ofrece a los ayuntamientos mayores herramientas para responder a las necesidades de la ciudadanía y reforzar servicios esenciales.
Asimismo, anima a aprovechar al máximo esta posibilidad en aquellos municipios donde forma parte del gobierno local y a exigir una utilización adecuada de estos recursos en el resto de consistorios.
Condiciones para acceder a las medidas de flexibilidad
El decreto establece varios requisitos para que las entidades locales puedan acogerse a estas medidas.
Entre ellos figura que la deuda viva a 31 de diciembre de 2024 no supere el 65 % de los ingresos corrientes liquidados en ese ejercicio, haber cumplido la regla de gasto durante 2024, disponer de superávit en contabilidad nacional y contar con un remanente de tesorería positivo para gastos generales.
Además, los ayuntamientos deberán mantener el periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales establecidos.
Valoración favorable de nuevas excepciones administrativas
Izquierda Unida también ha valorado positivamente que el decreto exima a las entidades locales de compensar y reintegrar las cuotas nacionales de servicios de telefonía móvil afectadas por sentencias judiciales firmes.
La formación considera que esta medida evita un perjuicio económico adicional para las arcas municipales.
Del mismo modo, destaca la excepción prevista para los ejercicios 2026 y 2027 que evita la obligación de aprobar planes económico-financieros en aquellos casos en los que el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto derive directamente del uso de los remanentes autorizados por la nueva normativa.
IU insiste en una financiación local estable y suficiente
La formación reitera su compromiso con una financiación local justa, suficiente y estable, que permita a los ayuntamientos reforzar servicios públicos, impulsar políticas de vivienda, educación, sanidad, igualdad o atención a las personas mayores y responder con mayor eficacia a las necesidades de los vecinos.
Para Izquierda Unida, el decreto aprobado representa un paso adelante, pero no sustituye la necesidad de una reforma integral que garantice a las administraciones locales los recursos necesarios para ejercer plenamente sus competencias y desarrollar políticas públicas con estabilidad y autonomía.