Feijóo pide transparencia tras la imputación de Montoro mientras el Gobierno exige explicaciones al PP
El líder del PP afirma que debe investigarse todo lo necesario sin distinciones, mientras el Ejecutivo reclama que el partido dé la cara por el exministro de Hacienda
La imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntas actuaciones para favorecer a empresas gasísticas ha reavivado el enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que “lo que haya que investigar, que se investigue”, y ha reiterado su compromiso con la transparencia, asegurando que su posición contra la corrupción es firme y no cambia según la persona afectada.
La reacción de Feijóo llega después de que un juez de Tarragona imputara a Montoro por presuntamente haber modificado leyes para beneficiar a empresas del sector energético, vinculadas al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de su etapa en el Ejecutivo. Esta decisión judicial también ha afectado al subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo Galán, quien ha sido cesado por el Ministerio de Hacienda tras conocerse su implicación en el caso.
Desde el Gobierno, las reacciones no se han hecho esperar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado a Feijóo de “eludir responsabilidades” y le ha exigido que “dé la cara y pida perdón” por lo que considera un “gravísimo caso de corrupción”. Montero ha ironizado con la aparente desvinculación del líder popular respecto a Montoro: “El señor Feijóo ahora no conoce al señor Montoro. Verlo para creerlo”.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido la actitud de su partido, afirmando que el PP “está dando la cara y ofreciendo explicaciones”, a diferencia del Gobierno, que –según dijo– ha tardado más de un mes en responder a sus propias crisis internas. Bravo ha remarcado que Feijóo “no ha tenido personas imputadas en su equipo” y ha criticado el doble rasero que, a su juicio, aplica el PSOE.
El caso Montoro irrumpe en plena resaca del llamado ‘caso Koldo’, que ha sacudido al PSOE tras la imputación y encarcelamiento del exsecretario de Organización Santos Cerdán. La comparación entre ambos escándalos ha polarizado el discurso político, con acusaciones cruzadas sobre la gestión de los casos de corrupción y la exigencia de responsabilidades.
Según la investigación judicial, Montoro habría utilizado su posición al frente del Ministerio de Hacienda para aprobar reformas legislativas que beneficiaban directamente a empresas clientes del despacho Equipo Económico, vulnerando presuntamente los principios de imparcialidad y legalidad en la función pública. Entre las medidas investigadas se encuentran modificaciones en normativas fiscales y tributarias con impacto favorable sobre compañías del sector del gas y la energía.
Mientras tanto, el caso continúa su instrucción judicial y pone nuevamente en el centro del debate político la necesidad de reforzar los mecanismos de control y ética institucional, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana frente a las prácticas irregulares de figuras clave de la administración pública.
La imputación de Montoro no solo impacta la imagen del PP, sino que también obliga a todas las fuerzas políticas a revisar sus discursos frente a la corrupción. En una legislatura marcada por múltiples escándalos, la exigencia de coherencia y responsabilidad se vuelve más urgente que nunca.