La Audiencia Provincial reabre la causa por el linchamiento simbólico de un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz
El tribunal considera que las imágenes difundidas durante la protesta del 31 de diciembre de 2023 configuran un escenario intimidatorio y no amparado por la libertad de expresión
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa penal por un presunto delito de amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el simbólico linchamiento de un muñeco que lo representaba durante una manifestación frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz el 31 de diciembre de 2023.
Los hechos, ampliamente difundidos en redes sociales, mostraban a varios manifestantes golpeando con violencia un muñeco colgado de una cuerda y acompañado de proclamas como “colgadlo de los pies”, “hay que quemar Ferraz” o “a por Sánchez oé”. Para los magistrados, este conjunto de elementos constituye un “escenario intimidante de suficiente intensidad” como para continuar la investigación por amenazas, desechando el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción nº 26, que había considerado que los hechos no revestían relevancia penal.
El tribunal ha estimado así el recurso presentado por la Fiscalía y parcialmente los recursos del propio Sánchez y del PSOE, al considerar “precipitado” el sobreseimiento inicial. En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los jueces subrayan que el acto no puede justificarse como una forma de crítica política, ya que “no es admisible” que se ampare en la libertad de expresión un acto con capacidad para alterar la paz social y sembrar miedo entre los adversarios ideológicos o empleados del partido.
Aunque el muñeco no reproduce fielmente los rasgos físicos de Sánchez, la Audiencia concluye que “representaba con toda evidencia al presidente del Gobierno” por el contexto y los mensajes proferidos. En este sentido, descarta el criterio de la jueza instructora, que había considerado irrelevante el acto al tratarse de una efigie.
Sin embargo, el tribunal descarta tipificar los hechos como delitos de odio o de injurias graves. Aunque reconoce un claro componente de odio ideológico, aclara que no se dirige contra colectivos protegidos por el tipo penal, como la raza, la religión o la orientación sexual. Asimismo, las expresiones insultantes como “psicópata” o “delincuente” se consideran ofensivas, pero no alcanzan la gravedad jurídica suficiente para considerarlas injurias penales.
En cuanto a otras frases como “juicio sumarísimo al Gobierno” o “todo el Gobierno a prisión”, la Audiencia sostiene que no pueden interpretarse como una amenaza institucional, sino como “desahogos” sin capacidad real de intimidar al conjunto del Ejecutivo. Por ello, también rechaza la petición de derivar el caso a la Audiencia Nacional, como solicitaron el presidente y su partido.
Con esta resolución, la Audiencia Provincial devuelve el procedimiento al juzgado de instrucción, que deberá continuar la investigación centrada exclusivamente en el delito de amenazas personales contra Pedro Sánchez. Se descartan, por ahora, otros delitos como incitación al odio o injurias al Gobierno.
La decisión ha reavivado el debate político. Mientras desde el PSOE se insiste en la necesidad de defender las instituciones democráticas ante manifestaciones violentas, desde el Partido Popular de Madrid se ha acusado al presidente de “ejercicio de victimización”, en palabras de portavoces regionales, sin entrar en el fondo jurídico de la resolución.
La reapertura de esta causa se suma a la serie de tensiones judiciales y políticas que han marcado la relación entre el Ejecutivo y algunos sectores de la oposición y la sociedad civil, especialmente desde la aprobación de medidas polémicas como la amnistía.