“Alto riesgo de corrupción” en España por la contratación pública y la financiación de partidos
La Comisión Europea cita el 'caso Koldo' e insta a reforzar el control sobre altos cargos, mejorar la independencia judicial y evitar ataques políticos a los jueces
Bruselas advierte de “alto riesgo de corrupción” en España por la contratación pública y la financiación de partidos
La Comisión Europea cita el 'caso Koldo' e insta a reforzar el control sobre altos cargos, mejorar la independencia judicial y evitar ataques políticos a los jueces.
La Comisión Europea ha señalado este martes un “alto riesgo de corrupción” en España, centrado especialmente en la contratación pública y la financiación de los partidos políticos. Así se recoge en su informe anual sobre el Estado de Derecho en los Estados miembro, en el que Bruselas menciona expresamente el ‘caso Koldo’ y la imputación del exministro José Luis Ábalos, reflejando su preocupación por la falta de avances en materia de integridad institucional.
En un documento de 20 páginas dedicado a España, el Ejecutivo comunitario reconoce algunos avances en legislación preventiva, pero alerta de que persisten deficiencias estructurales. Entre las más destacadas, subraya la ausencia de reformas en la legislación electoral, a pesar de las reiteradas recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Críticas al poder judicial y “lagunas” en el marco anticorrupción
Uno de los puntos más delicados del informe se refiere al riesgo que suponen las críticas de representantes políticos al poder judicial, incluidos miembros del Gobierno. Bruselas advierte de que este tipo de declaraciones pueden socavar la confianza ciudadana en la independencia judicial, por lo que insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a evitar ese tipo de retórica.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, el texto lamenta la falta de avances en la mejora de la regulación sobre conflictos de intereses y señala que la legislación vigente presenta lagunas importantes, especialmente en el ámbito de los sobornos internacionales, donde apenas se han resuelto dos casos con éxito desde 2016.
Financiación de partidos y contratos públicos, en el punto de mira
Bruselas considera que la financiación de los partidos sigue siendo un área de alto riesgo, sin mejoras significativas. También critica la falta de transparencia y control en la contratación pública, subrayando que la estrategia nacional de lucha contra la corrupción aún no ha sido presentada, a pesar de que la ley de protección del denunciante de 2023 obliga a su aprobación antes de septiembre de 2024.
Además, la Comisión urge al Gobierno español a fortalecer la Oficina de Conflictos de Intereses, dotándola de mayor independencia y poder sancionador, y a mejorar las declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos.
Reforma judicial pendiente y caso del fiscal general
El informe también pone el foco en la necesaria reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una demanda constante de Bruselas, que reclama un sistema de elección que garantice la independencia real del órgano de gobierno de los jueces.
Respecto al Ministerio Fiscal, se menciona que existe preocupación por la reforma que amplía los poderes del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien además se encuentra procesado por el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos en el marco de un caso de fraude fiscal vinculado al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Sin postura sobre la Ley de Amnistía, pero con reservas
En cuanto a la controvertida Ley de Amnistía, Bruselas evita tomar una posición directa al estar el asunto bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, recuerda que sus servicios jurídicos han trasladado sus observaciones al TJUE, en las que expresan dudas sobre el interés general de la norma, al considerar que podría constituir una autoamnistía nacida de un acuerdo político entre el PSOE y Junts.
A pesar de ello, el informe señala que el Tribunal Constitucional español ha avalado su compatibilidad con la Constitución, aunque reconoce la fuerte controversia generada por esta ley en el plano político y social.
Reacciones: satisfacción del Gobierno y críticas del PP
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se ha valorado el informe de forma positiva, al considerar que respalda las reformas judiciales impulsadas en los últimos años y representa un reconocimiento a los avances en independencia judicial y modernización institucional.
Por el contrario, el Partido Popular ha interpretado el documento como un “varapalo histórico” al Gobierno, al denunciar la falta de avances reales en la lucha contra la corrupción y el descrédito institucional generado por los últimos escándalos.
La Comisión Europea lanza así una llamada de atención a España para que afronte con mayor determinación los problemas estructurales de su sistema institucional, especialmente en transparencia, contratación pública, control político y judicial. Con el caso Koldo como telón de fondo y una opinión pública cada vez más crítica, Bruselas insiste en que el Estado de Derecho requiere no solo leyes, sino garantías eficaces y una cultura política de respeto a las instituciones.