No hay UCO suficiente para tanto PSOE
Hay imágenes que terminan definiendo una época política. La UCO entrando en Ferraz. Registros en despachos vinculados al PSOE. Consultoras próximas al poder socialista bajo investigación. Viviendas de antiguos dirigentes registradas. Discos duros, documentación y cajas fuertes intervenidas. Y, en medio de todo ello, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareciendo nuevamente en el foco político y judicial tras el registro de su oficina.
Pero quizá lo más grave no sea ya el escándalo en sí. Lo verdaderamente preocupante es que España empieza a acostumbrarse.
La corrupción ha dejado de provocar la indignación social que provocaba hace años. El ciudadano contempla cada nuevo caso con agotamiento y resignación, como si todo formara parte inevitable del paisaje político nacional. Y eso supone un enorme fracaso democrático.
Porque hace tiempo que desapareció algo esencial en España: la responsabilidad política.
Hoy nadie dimite. Nadie asume errores. Todo se reduce a resistir mediáticamente, atacar a jueces, desacreditar investigaciones o refugiarse tras el relato partidista. La política española ha sustituido la ejemplaridad por la supervivencia.
El caso de los ERE en Andalucía marcó además un precedente devastador. Uno de los mayores casos de corrupción de nuestra democracia terminó con condenados posteriormente indultados y reivindicados desde tribunas políticas. El mensaje para millones de ciudadanos fue demoledor: incluso después de una condena, el poder puede terminar rehabilitando a los suyos.
Y ahora, tras lo encontrado en registros vinculados al entorno socialista, muchos ciudadanos se hacen preguntas incómodas. Si las investigaciones consideraban determinadas oficinas como centros relevantes de decisión política, ¿por qué algunas líneas de investigación parecen detenerse siempre antes de llegar demasiado lejos? La duda, aunque incómoda, existe en la calle. Y cuando la ciudadanía empieza a desconfiar de la igualdad real ante la ley, el deterioro institucional se acelera.
Mientras tanto, el ciudadano sigue pagando.
Pagando más impuestos. Pagando una vivienda imposible. Pagando una cesta de la compra disparada. Pagando servicios públicos cada vez más saturados. La sanidad acumula listas de espera insoportables, muchas infraestructuras muestran síntomas evidentes de deterioro y las clases medias pierden capacidad económica año tras año.
Pero el dinero sí parece aparecer siempre alrededor de estructuras políticas hipertrofiadas, consultoras afines, asesores, redes clientelares y organismos que crecen mientras el país se empobrece.
La misma lógica aparece cuando un ministro responde a las víctimas de una tragedia ferroviaria diciendo que él “no soldó el raíl”, como si la responsabilidad política consistiera únicamente en ejecutar personalmente el error y no en dirigir las estructuras que debían evitarlo. Nadie parece responsable de nada. Nunca.
Y quizá ahí aparezca la pregunta más incómoda de todas: ¿dónde está el límite?
¿Dónde lo tienen quienes han convertido las instituciones en herramientas de partido? ¿Dónde lo tienen quienes apelan constantemente a la ética mientras su entorno acumula registros, sospechas e investigaciones? Pero también: ¿dónde lo tiene una sociedad que termina justificándolo todo dependiendo del color político de quien gobierna?
Porque cuando la corrupción deja de tener consecuencias reales, el mensaje que recibe el país es devastador: el poder puede permitírselo todo.
Y entonces ya no hay UCO suficiente para tanto PSOE.