Partir el niño por la mitad en Castilla y León
Para una administración pública, la inestabilidad estructural y el cambio constante de piezas son letales. Una reestructuración orgánica caótica destruye la gobernanza por tres motivos: la parálisis burocrática, la pérdida del relato institucional y la desmotivación del funcionariado.
Para conservar la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha accedido a partir el niño por la mitad, claudicando ante las exigencias de Vox. El Decreto 2/2026 de reestructuración representa el descabello de la administración autonómica. Se han descuartizado departamentos históricos para unirlos sin orden ni concierto en un mapa regional que responde únicamente al tacticismo de supervivencia tutelado en Madrid por Alberto Núñez Feijóo.
Universidades desubicadas y un campo instrumentalizado
Lo sucedido con las universidades es el ejemplo más burdo. El relato oficial pretendía blindar los campus de Vox, pero la realidad destapa la mentira. Educación sigue en manos del PP con María Pardo, mientras que Universidades pasa a la macroconsejería de Industria, Empleo y Comercio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. Esta voladura institucional por puros equilibrios de poder arrastra la investigación científica a un departamento tradicionalmente ligado a las carreteras y los montes. Mientras Cataluña o el País Vasco elevan las universidades a un estatus estratégico de I+D+i, en Castilla y León se usan como un vulgar cajón de sastre burocrático. No se busca conocimiento; se busca fontanería de partido.
Donde el tijeretazo competencial es más alarmante es en el sector primario. Para contentar al socio minoritario, el nuevo organigrama ha troceado el área medioambiental: el PP retiene las infraestructuras en Medio Ambiente y Energía, pero ha desgajado la prevención, la evaluación ambiental, la caza y la pesca para empaquetarlas en la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, otorgada a Vox.
Esta fusión diluye la fiscalización verde para favorecer intereses particulares. Poner las licencias ambientales en el mismo despacho que autoriza las explotaciones ganaderas es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Quien debe ponerse límites jamás se los impondrá. Los antecedentes asustan: en el anterior gobierno, Vox ya intentó flexibilizar los protocolos de la tuberculosis bovina con una resolución contraria a la normativa europea. Aquella medida fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia ante el riesgo real de cerrar mercados exteriores y hundir las exportaciones.
Surrealismo burocrático y la "manzana envenenada"
El reparto de las áreas sociales roza el surrealismo. La Consejería de Familia se fractura: una parte pasa al Vicepresidente Primero, Carlos Pollán (Vox), bajo el rimbombante membrete de Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales para usarlo como altavoz publicitario; la otra se incardina en Sanidad, que asume la Gerencia de Servicios Sociales. El socio minoritario ostenta una fachada llamativa pero carece de trabajadores públicos para ejecutar competencias reales.
Detrás de este desatino se esconde una maquiavélica estrategia: al otorgar la Política Ambiental a Vox, Mañueco les traslada una manzana envenenada que chocará frontalmente con la normativa de Bruselas y la propia Junta. Si Vox elimina las restricciones verdes, topará con la ley; si las mantiene, decepcionará a sus bases. Es el clásico abrazo del oso político: ceder poder formal para forzar el fracaso del socio.
La prueba definitiva de este trile es que Vox ha priorizado el escaparate de una Vicepresidencia vacía de poder real, renunciando a la Consejería de la Presidencia —un órgano infinitamente más estratégico o que, simplemente, no ha podido obtener—. Al carecer de este departamento clave, Vox pierde automáticamente el control de la Comisión de Secretarios Generales —donde el PP retiene la presidencia y se decide técnicamente todo lo que aprueba el Gobierno—. Esto evidencia la falta de rodaje de Vox en las tripas del poder: anteponer la relevancia mediática de un cargo vacío a las palancas reales de control institucional. ¿Inexperiencia técnica o estrategia consciente? Sea como fuere, la maquinaria de la Junta queda inutilizada por el tacticismo de supervivencia. Frenar la inercia de este portaaviones de 96.000 empleados públicos para cuadrar puros intereses partidistas deja a los ciudadanos de Castilla y León indefensos ante un gobierno de espaldas al bien común.