El panorama pinta mal
El panorama político actual en España parece estar marcado por un cúmulo de controversias judiciales que rodean a Pedro Sánchez y su gobierno.
En este contexto, el ejecutivo parece cerrar filas y consolidarse frente a los escándalos, promoviendo y defendiendo una serie de medidas y decisiones controvertidas. Estas incluyen cargas sociales adicionales, cambios estructurales de carácter intervencionista, cesiones políticas a Cataluña y el País Vasco, permisividad con la inmigración ilegal, y una actitud hostil hacia la oposición, el poder judicial y el actual gobierno de EE.UU, del que se temen acciones contra el ejecutivo de Pedro Sánchez, razón añadida por lo cuál, se ha incrementado la tensión acelerando el cumplimiento de la hoja de ruta encaminada a una Confederación de repúblicas.
Estas acciones, lejos de ser incidentales, parecen obedecer a una estrategia deliberada que, según algunos analistas, tendría como objetivo final la instauración de la Tercera República de forma acelerada.
Dentro del entramado de alianzas internacionales; Pedro Sánchez ha construido una red de acuerdos con países ajenos a la órbita occidental, tales como los que encabezan el "Grupo de Puebla y los BRICS" lo que ha suscitado inquietudes sobre sus verdaderas intenciones. Estas alianzas podrían estar diseñadas como una red de seguridad ante posibles escenarios críticos, como la salida voluntaria de España de la Unión Europea.
La entrega del Sáhara Occidental a Marruecos, por ejemplo, no sería sólo una cuestión diplomática, sino un movimiento estratégico que podría estar relacionado con la obtención de apoyo militar extranjero. El precio de este respaldo, según se especula, podría implicar concesiones territoriales como Ceuta, Melilla e incluso las Islas Canarias.
Añadido a este supuesto, estaría contemplada la ayuda de países fuera de la órbita occidental con los que se habrían acordado alianzas y precios en caso de tener que intervenir
La inmigración y su supuesto papel en un escenario de crisis, constituye un elemento recurrente en las políticas del gobierno, como es la gestión de la inmigración ilegal.
Cada día, cientos de jóvenes subsaharianos, en su mayoría varones de entre 17 y 26 años, llegan al territorio español. Aunque la narrativa oficial habla de un enfoque humanitario, algunos críticos señalan que detrás de esta dinámica podría haber un plan más sombrío.
Estas personas son alojadas en hoteles y centros habilitados, con acceso a recursos económicos y cierta estabilidad, lo que algunos consideran una preparación para un uso más estratégico. En un hipotético contexto de crisis, estos jóvenes, desarraigados y con pocas oportunidades, podrían ser movilizados como fuerza paramilitar al servicio del gobierno.
El escenario descrito apunta a un riesgo latente de polarización extrema que podría desembocar en un conflicto civil. Según esta perspectiva, Pedro Sánchez estaría dispuesto a llevar al país al borde de una guerra interna antes que enfrentarse a posibles procesos judiciales que lo involucren a él y a personas de su círculo cercano, como su esposa, su hermano y otros altos funcionarios del gobierno. Figuras como María Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde-Pumpido entre otros, son señaladas como piezas clave en esta supuesta estrategia de consolidación de poder, que podría derivar en una forma de gobierno autoritaria.
Los pasos dados hasta ahora parecen indicar un objetivo más ambicioso: una transformación estructural del sistema político que desemboque en la instauración de una Tercera República. Este proyecto, según los críticos, no solo implica el debilitamiento de las instituciones democráticas actuales, sino también una serie de concesiones y pactos que ponen en entredicho la soberanía del Estado, la economía y la estabilidad social.
Como reflexión final, es innegable que España atraviesa un momento político delicado, en el que las tensiones sociales y las decisiones gubernamentales están marcando un antes y un después en la historia reciente del país.
Los ciudadanos deben estar atentos y comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones democráticas para evitar que los intereses particulares o ideológicos conduzcan a un deterioro irreversible de la convivencia y el orden constitucional.
La solución no pasa por el enfrentamiento, sino por la búsqueda de consensos que permitan superar esta encrucijada sin poner en riesgo la estabilidad del país.
Evidentemente, aún no estamos en la premisa decisiva, pero sí, en el umbral desde el que se vislumbra la intención de la imposición de una república de corte bolivarino amparado por el separatismo anticonstitucional y la antipatía por la monarquía de los socios del gobierno, que sirven de aval mayoritario en el Congreso de los diputados para emprender el asalto final.