Muface o la hipocresía del estado
Es más frecuente de lo deseable que el Estado delegue en otros el cumplimiento de sus funciones asfixiándoles, desentendiéndose o exigiendo lo que por su parte no cumple. Casos sangrantes como la justicia gratuita a través del turno de oficio pagando a los abogados cantidades irrisorias, tarde y mal. O facilitar vacaciones a los jubilados abonando el IMSERSO a los hoteles poco más de 30 Euros por persona/día con alojamiento y pensión completa, cantidad también sin actualizar desde hace años. Que los caseros tengan que aguantar morosos u okupas expropiando de facto sus inmuebles por tiempo indeterminado sin que las administraciones se hagan responsables de cubrir las necesidades de quien sea vulnerable. O pedir que los proveedores de servicios de energía o telecomunicaciones respondan las reclamaciones en quince días mientras los servicios públicos pueden permitirse el lujo de ni contestar a las que se les presentan sin consecuencia alguna.
Muface es otro caso, se trata de la entidad que gestiona las prestaciones sanitarias y sociales de los funcionarios civiles del Estado. El 73,21% de los 1,5 mn de trabajadores adscritos a este sistema han elegido la sanidad privada con Adeslas (34%), Asisa (25%) y DKV (13,2%). El restante 26,79% opta por la sanidad pública. En principio chirría, sobre todo con un gobierno poco amigable con lo privado, que permita que sus funcionarios puedan elegir algo que está vedado al resto de contribuyentes. Como si los profesores de universidades públicas pudieran escoger a costa del contribuyente si sus hijos estudian en ellas o en la privada. Se trata de una situación en la que gana el empleado público sobre todo por las listas de espera saliéndole al Estado mucho más barato, ya que el convenio 2021-2024 que acaba ahora suponía un coste por persona de 1032 euros/año mientras que el Sistema Nacional de Salud eleva a 1736 Euros/año el gasto sanitario per cápita.
Todo ello a costa de las compañías de seguros y el resto de asegurados en un sistema infrafinanciado que ha hecho que Sanitas, Caser o Mapfre se hayan salido hace tiempo. En los 3 años del actual convenio, debido a la inusitada inflación de costes, han perdido 600 mn de Euros, haciendo inviable el sistema en esos términos. El Estado ha ofrecido para el convenio 2025-2026 una subida a 1208 Euros/año, pero añadiendo algún tratamiento que no cubre la Seguridad Social. La respuesta de las empresas ha sido dejar desierto el convenio, con lo cual al Estado le toca mover ficha, o mejora sus condiciones o los afectados tendrán que pasar a una saturada Seguridad Social colapsándola. La demostrada inteligencia, más bien su falta, de una de las varias Vicepresidentas del gobierno propone para añadir leña al fuego, que la medicina privada se grave con un tipo del 21% en el IVA, cuando ahora están exentas las pólizas existentes, que cubren a 14,5 mn de personas. Es decir, o se paga lo que toca o el caos.
¡Por fin alguien ha dicho basta! Ahora hace falta que otros, como los hoteles y los abogados hagan lo mismo. Los caseros ya lo hacen retirando inmuebles del alquiler o exigiendo mayores rentas para compensar los riesgos.