Inquilinos

El sueño húmedo de todo inquilino es regresar al régimen de Franco. Lo sepan o lo ignoren, su sueño son las prórrogas forzosas, la congelación de rentas y la herencia del contrato a favor de los hijos... Lo más parecido a una expropiación sin justiprecio. En esa política subyacía el mismo aliento que en las propuestas de Podemos, Sumar y toda la coalición que nos gobierna. Y que viene a ser, en corto y por derecho, “que se joda el casero”.  

Solo que Franco lo hizo de verdad, a fondo, como se hacen las cosas en las dictaduras. Franco decidió sacrificar a todos los propietarios de viviendas alquiladas, y lo hizo. En aquellos tiempos de guerra y posguerra, los propietarios de viviendas en alquiler eran gente acomodada, corderos listos al matadero de la revolución leninista que iba a implantarse si triunfaba la República (o donde triunfó la República, que hubo mataderos en abundancia) Así que Franco debió pensar: “Os he salvado la pelleja y a cambio os limito las rentas, que es mal menor; hasta que veamos cómo evoluciona el tema de la vivienda”.  

Un conocido urbanista sueco dejó escrito que “sólo una guerra  termonuclear es más dañina para la ciudad que una ley de arrendamientos urbanos”. El parque de viviendas que soportó la política franquista quedó literalmente destrozado.  

Pero Franco supo compensar esa inmovilidad destructiva para lo ya edificado con una política intensiva de construcción de nueva vivienda, que no cesó durante todo su mandato. Las clases medias del franquismo, que no podían alquilar (porque ya no existía vivienda de alquiler) se cimentaron en la propiedad de una (o más) viviendas, muchas de protección oficial, adquiridas a precios asequibles y con créditos del Banco Hipotecario, de Crédito a la Construcción y otras entidades y Cajas, a plazos larguísimos y mensualidades al alcance de casi todos.  

Los inquilinos del franquismo y primeros años de la democracia vivían felices como alquilados. Les costaba una perra gorda, les dejaba el sueldo, poco o mucho, prácticamente íntegro y tenían un futuro de total despreocupación por delante. Muchos de ellos hubiesen podido comprar un piso, desde luego, pero ¿para qué, si ya lo tenían casi gratis y lo heredarían sus hijos? Así, quienes compraban tenían que esforzarse pero quienes estaban alquilados, no. En muchos casos, los caseros, desesperados por la ruina que les suponía mantener unos inmuebles en constantes pérdidas, los  ofertaban a sus inquilinos para que los comprasen. A precios de saldo, casi ridículos. Pero ni aún así conseguían la aceptación de los inquilinos, definitivamente aposentados en el confort de lo gratis total. Eso sí, como nadie ponía un duro, los inmuebles se deterioraban de forma espantosa. No  se arreglaba, no se revocaba, no se saneaba, todo se dejaba pudrir y el parque de viviendas alquiladas experimentó una ruina a la que muchas de ellas nunca sobrevivieron.  

Cuando Franco murió, la cultura de la vivienda en propiedad se había afianzado en España. Todos querían ser dueños. Incluso aquellos alquilados en viviendas de protección oficial, a precios tasados y muy bajos, querían que la propiedad revirtiese en ellos y protestaban amargamente si se les recordaba que sus contratos tenían un final.  

La Ley Boyer supuso el principio del fin del franquismo inmobiliario. Pero la Ley Boyer es de 1985 y antes nadie había osado atacar los sacrosantos pilares del arrendamiento: prórroga forzosa, rentas congeladas y sucesión del contrato. Entre 1939 y 1985 pasaron 46 años. Ningún casero sobrevivió.  

Como en toda situación extrema, el péndulo oscila desde ese lado hacia el contrario. Cuando se liberalizaron las rentas del alquiler comenzó una subida de precios a la que el inquilino no estaba acostumbrado. Los inquilinos “de toda la vida” siguieron muy protegidos pero los que accedían desde la nada al alquiler se enfrentaron a precios muy diferentes.  

En el tema de los arrendamientos, la época democrática no empieza en el 78 sino tras la ley Boyer, del 85, lo que nos lleva casi a finales del siglo XX. Y esta nueva etapa viene presidida por varios principios y realidades, casi todos condicionados por el desinterés del sector público hacia el tema de la vivienda.  

El primero: construir vivienda social para alquiler es franquista.  Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos se olvidan por completo de la vivienda social. Solo se construye para el mercado libre y las pocas experiencias de cooperativismo social (como las casas de PSV/ UGT) terminan en fiascos o estafas.  

El segundo: administrar la vivienda social heredada, que no era escasa, es otro peñazo, que las administraciones detestan. Lidiar con inquilinos exigentes, tener que arreglar las casas, terminar por dárselas… quita, quita.  En cuanto aparece la crisis del siglo XXI se las venden a los fondos de inversión y se quitan el tema de encima. El caso más paradigmático y jaleado fue el de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que vendió 1.800 viviendas a fondos llamados “buitre” por sus inquilinos, pues incrementaron sus rentas  por encima de lo deseado. O, lo que es lo mismo, porque no querían soportar las pérdidas que aquellos pisos ofrecían como vivienda pública sino obtener una rentabilidad por su inversión. Las administraciones, no solo en Madrid sino en todas partes, hicieron con su vivienda pública lo que su corazón les dictaba y les ha dictado siempre: desprenderse de ella. 

Y la tercera, que si el sector privado se regulaba solo y el mercado,  con su “mano invisible”, me arreglaba lo de la vivienda, mejor. Pero yo, Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos, no estoy para esto; estoy para  lucrarme con la privada, no para arrendar por 300 euros.  

Así que la vivienda pública desaparece. Los fondos tienen que acabar por vender a sus inquilinos los pisos, a la perrilla que los compraron, porque la justicia les da la razón cuando exigen el retracto de las compras, “ser propietarios”, que a la postre es el único deseo del inquilino. Ausente la vivienda social, la privada se convierte en la ubre de todas las leches. Ningún político quiere ser otra cosa que concejal de urbanismo. Tasas, suelos, licencias, corruptelas, chanchullos, un incremento fiero y recurrente de los  costes, que hacen de la vivienda un lujo cada vez más caro. Sobre ella se ceban los Ayuntamientos, con ese impuesto de plusvalía confiscatorio y bestial (tanto el ya constitucional, como el hace nada declarado inconstitucional); con los IBIS,s que te dejan la paga de Navidad temblando; las basuras…todo se ceba sobre la vivienda, es el becerro de oro de las Administraciones que, paradójicamente, no han levantado un ladrillo en treinta años. ¡Chollazo!  

Hasta que la realidad revienta. Llega la escasez, la juventud no se emancipa, los turistas irrumpen en nuestro suelo agravando el problema  porque pagan más, y entre unos y otros las cuadernas se desencajan. Se pretende que un piso que cuesta 400.000 euros en el mercado, se alquile por 400. Y eso no puede ser. Un rendimiento mínimo del capital no puede bajar del 2%, aún perdiendo dinero, y ya estamos en 800 de renta. Y como hay que pagar IBI, Comunidad, basuras, reparaciones… pues nos vamos a los 1.000 o a los 1.200. ¿Por qué un hotel puede cobrar 300 euros la noche, sin que nadie chiste, y yo por mi casa debo cobrar 20? Y como los sueldos de los  jóvenes son una porquería (lo que constituye la madre del cordero) pues no pueden comprar piso pero tampoco alquilarlo. Y surgen los sindicatos de inquilinos, las plataformas, las protestas desnortadas…  

¿Y cómo reacciona el Gobierno, que lo único que ha hecho es  encarecer la construcción, para ordeñarla primero, y prolongar los plazos hasta lo inverosímil, para chupar mejor en todas y cada una de las etapas? (he leído que entre que se planifica un edificio de pisos y se ve terminado pueden pasar 20 años) Pues a mí que no me miren, quien me tiene que solucionar el problema son ¡los propietarios! Se les sataniza, se les persigue, se les amenaza… ¡Ay, si hubiese cojones para volver a Franco! Pero estamos en Europa, lo de Franco es irrepetible y si funcionó, aún sacrificando a varias  generaciones de propietarios, fue porque construía a todo tren y al final la gente podía comprar piso y lo compraba. Pero ahora, que no han colocado un ladrillo en años, que todo lo que tienen es lo de la Sareb, bazofia en sitios inaccesibles, y además han reconocido que son unos pésimos caseros, que no quieren ver a los inquilinos ni en pintura ¿qué va a pasar?  

Si yo tuviese un piso alquilado lo vendería rápidamente. Nada bueno para ningún propietario puede salir de este gobierno populista, ni de estos medios demagógicos, ni de estas regulaciones que encarecen sin tasa la construcción de vivienda para luego querer regalarla como bagatela. Los mayores tienen pisos porque los adquirieron hace muchos años. Los jóvenes no tienen pisos porque no los pueden pagar. Mal asunto. Doblemente malo cuando el Gobierno ha demostrado su acreditada capacidad para encontrar a su chivo expiatorio (a decir de Rajoy, el animal preferido del político) un sujeto insolidario que lleva unas escrituras de propiedad bajo el brazo y que está a punto de recibir el castigo que merece. Lo que sea, lo que haga falta, para culpar de todo a los demás y de nada a sí mismo.