La gran mentira
Es el español un pueblo flaco de memoria, por no decir desmemoriado. Pronto olvidó la debacle que aconteció cuando, en 2012, el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, suspendió la paga de Navidad a los funcionarios. Por una animadversión de algunos ―en muchas ocasiones motivadas por no haber obtenido plaza o por el esfuerzo económico, intelectual y moral ímprobo que supone aprobar una oposición―, se alegraron al enterarse del mal ajeno, celebrando que en aquellas Pascuas los trabajadores públicos se quedarían sin aguinaldo. Pero la moraleja evidenció que, a falta de aquella paga, la actividad comercial local en multitud de ciudades se resintió al incidir en un componente clave de la economía circular.
Aunque haya quien aún lo recuerde, también hay quien ya lo ha olvidado, y merece la pena refrescar la memoria por el impacto social que el cuerpo de funcionarios representa en el capital humano de la economía nacional. Así llegamos a la actual situación en la que MUFACE hace aguas. Mientras algunos del sector privado se frotan las manos pensando que es un privilegio del funcionariado, lo cierto es que la Seguridad Social también tiene convenios con otras mutualidades para soportar el coste de las bajas laborales de los trabajadores autónomos y por cuenta ajena.
Pero para ubicarnos, cabe recordar que cuando alguien sufre un incendio llama a los bomberos, se siente seguro gracias a la policía, se forma merced a los docentes e incluso despide a sus difuntos gracias a un enterrador. Todos ellos son funcionarios, igual que los que construyen y mantienen la red viaria, la atención sanitaria, administran justicia, la gestión de recursos públicos, etc., en una interacción entre los sectores privado y público que permite vivir dentro de un entorno civilizado. De ahí la importancia del cuerpo de funcionarios y las consecuencias catastróficas de desmantelar MUFACE.
No hay peor mentira que una verdad a medias, y esa es la que cuenta el Gobierno, utilizando como siempre a los funcionarios como chivos expiatorios. El primer gran engaño de Sanidad está en llamar usuarios a un millón y medio de titulares, que sumados a sus familiares a cargo suman casi 5 millones. La segunda mentira es que, si con 21 millones de afiliados la Seguridad Social tiene una lista de espera que ronda la media de 180 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para acceso a primeras consultas externas y 30 para pruebas diagnósticas o terapéuticas, es imposible que esté preparada para volcar en el sistema público 5 millones más sin que la calidad de servicio y atención al paciente se resienta, incrementándose aún más la lista de espera, lo que repercutiría en un mayor gasto farmacéutico, más bajas laborales y periodos más dilatados de convalecencia, es decir, menor productividad y, por lo tanto, menos recaudación impositiva.
El segundo monumental embuste de la ministra de Sanidad, consiste en omitir muchos otros datos, a saber, que los funcionarios reciben de la mutua un abono de entre 5 y 10 euros por unas gafas, mientras la Seguridad Social tendría que abonar el coste íntegro. Lo mismo sucedería con todo tipo de prótesis, medicamentos y más material sanitario que los funcionarios llevan pagando desde siempre, con lo que el gasto del Ministerio se dispararía, de manera que con cada vez menos dinero y recursos habría que atender a cada vez más pacientes.
La tercera gran falacia de Mónica García Gómez es que, dado que igual que el resto de trabajadores, los empleados públicos cotizan, siendo MUFACE quien copaga las pensiones de los funcionarios jubilados, de manera que, en caso de desmantelarse, recaería todo en la Seguridad Social, lo que detractaría los recursos destinados ahora exclusivamente al régimen general, lo que viene a significar que la mayoría de los ciudadanos saldríamos perdiendo.
Pero, entonces, ¿por qué MUFACE pende de un hilo? Pues, como siempre, por una mala gestión de los políticos que cada vez nos cuestan más, y es que la desgracia de los funcionarios es compartir la nómina con ellos. El drama del país, en cambio, es otro: que los políticos crean problemas donde nunca los hubo para acabar vendiendo soluciones deficientes dejando todo mal.