A Volapié

Consecuencias de los controles de precios

Son varios los artículos publicados por El Diario De Madrid que han analizado las consecuencias negativas que la fijación de precios máximos al alquiler provoca, como la contracción de la oferta, y por lo tanto el agravamiento del problema. 

Lo malo no es equivocarse, lo realmente dañino son la arrogancia y los intereses de clase que impiden a los políticos y a los burócratas reconocer el fracaso y los perjuicios causados por una determinada medida. 

Poco antes de presentarse a la reelección, Nixon tuvo la mala idea de establecer controles de precios a ciertos alimentos, a la gasolina y a otros productos. El resultado fue la escasez de todos ellos, aunque esto no se materializó hasta después de las elecciones, que ganó con holgura. 

Cuando en 2007 el gobierno de Zimbabue estableció recortes de precios para combatir una inflación desmedida, el resultado fue un tremendo desabastecimiento y el surgimiento del mercado negro. El cálculo económico es una realidad inmutable que nunca jamás ningún político podrá eliminar o prohibir. Ningún empresario o comerciante va a vender nunca ningún producto o servicio a pérdida, ni siquiera aunque obtenga menguadas ganancias si estas no remuneran adecuadamente los riesgos que soporta y el capital empleado. 

Por desgracia la ciudadanía suele juzgar a los políticos por sus intenciones en vez de por sus resultados, lo cual es una notable rémora para el desarrollo de un sistema democrático de calidad y próspero. 

La fijación de precios mínimos también causa notables perjuicios como la generación de grandes excedentes de productos no vendibles. Es el caso de los precios mínimos agrícolas en la UE y en EE.UU. Estos programas producen enormes excedentes que nadie quiere comprar a precios fuera de mercado y que terminan siendo destruidos o pudriéndose en los almacenes. 

El sueldo mínimo es otra idea bienintencionada que provoca más mal que bien. Los sueldos dependen de la productividad del trabajador, de cuánto valor puede aportar a su empleador. Si subimos el sueldo por decreto el incentivo que tiene el empresario para contratar se debilita, y en algunos casos desaparece puesto que se ve obligado a pagar más sin obtener más valor a cambio. Así pues, el excedente que produce esta fallida medida se llama desempleo.

El coste de favorecer por ley a unos cientos de miles de empleados que están en la escala inferior de salarios es que muchas decenas de miles pierdan su empleo y que cientos de miles queden varados en el desempleo. Decenas de estudios realizados desde los años 60 concluyen que fijar un salario mínimo aumenta el desempleo muy significativamente.

La mayoría de los que están en la escala inferior salarial son jóvenes que ascienden de categoría y sueldo cuando adquieren experiencia y un saber-hacer, especialmente en los países donde hay bastante libertad económica. Pocos son los que se quedan con el sueldo mínimo para siempre. Negarle la posibilidad de trabajar a un gran número de jóvenes por culpa de una ley de salario mínimo tiene consecuencias muy negativas a corto y a largo plazo ya que sin experiencia no podrán salir del desempleo, y muchos quedarán condenados a la dependencia estatal. En vez de esto lo que conviene es gastar suficientes recursos públicos y privados en educación y FP de calidad para aumentar la empleabilidad de los jóvenes y su potencial productivo. Esto hará que los sueldos suban de forma natural e inevitable.

En los años 40 EE.UU era un país muy racista y sin embargo, la tasa de desempleo para los jóvenes de menos de 20 años era la misma tanto para los blancos como para los negros, cerca del 10%. Existía una ley de salario mínimo, pero era inefectiva por la alta inflación de la época. En los años 50 dicha ley se actualizó y se ligó a la inflación. El resultado fue que a partir de entonces el desempleo de los jóvenes de color nunca más bajo del 20%, y a veces alcanzó el 40%, y así hasta la actualidad. En cuanto a los jóvenes blancos, su tasa también aumentó, aunque se mantuvo siempre en la mitad de la tasa de los negros. 

El salario mínimo ha condenado a muchos jóvenes al desempleo, pero especialmente a los de color. Un empresario puede ser racista pero no es estúpido pues emprende para ganar dinero. Contrata a los más capacitados para desarrollar su negocio, sea cual sea su color. Pero si el gobierno encarece el factor trabajo por encima de su valor de mercado, es decir por encima de lo que corresponde pagar en función de la productividad del trabajador, entonces se puede permitir el lujo de ser racista y contratar solo a blancos. 

En base a estas y otras evidencias, Milton Friedman motejó a la ley del salario mínimo como “la ley más anti negra que existe”. Esta ley ha dejado a millones de jóvenes de color sin empleo y vagando por las calles. Muchos de ellos acaban en pandillas y metidos en negocios ilegales que les destruyen la vida. Esto no es la justicia social deseada y sin embargo no se cambia de política. 

Las evidencias demuestran que los controles de precios y salarios tienen efectos notablemente negativos para la sociedad, y especialmente para los más vulnerables y jóvenes. En los países en los que no hay una ley de salario mínimo el desempleo es inferior al 4%. En aquellos donde si la hay el paro es entre 2 y 3 veces mayor, como es el caso de España. Si hablamos de paro juvenil, entonces las diferencias son mucho más elevadas.

El error es creer que los ideales sociales se pueden conseguir a través del gobierno sin tener en cuenta los incentivos y limitaciones inherentes a dicha institución ni aquellos que afectan a los ciudadanos, trabajadores y empresarios. El incentivo principal que tiene el gobierno es el de perpetuarse en el poder, y el del burócrata el de seguir en su puesto, de manera que resolver problemas es secundario para ellos y además, ni saben ni pueden. 

Las políticas de justicia social que proponen soluciones simples a problemas complejos se traducen frecuentemente en victorias electorales, pero también en mayores problemas para la sociedad. Este es el caso de los controles de precios máximos o mínimos que producen escasez o excedentes, y generalmente un elevado coste social y económico. Nada cambiará mientras a los políticos les salga gratis equivocarse y empecinarse en el error.  

(*) Thomas Sowell aporta información y análisis muy relevantes acerca de esta materia en sus libros Economía Básica y Falacias de la Justicia Social