La FMM reclama al Gobierno 1.500 agentes estatales para Madrid ante el repunte de los índices de criminalidad

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, ha exigido al Gobierno de España el despliegue inmediato de un contingente mínimo de 1.500 nuevos efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región. La reclamación formal se fundamenta en el último balance del Ministerio del Interior correspondiente al primer trimestre de 2026, cuyos indicadores estadísticos reflejan una evolución al alza de la delincuencia en el territorio autonómico.

Durante su comparecencia, Piquet ha arremetido contra la gestión de la Delegación del Gobierno, reclamando "menos propaganda y más efectivos en las calles". La líder de la federación ha defendido que las corporaciones locales están asumiendo competencias al límite de sus capacidades mediante la inversión en sistemas de videovigilancia y el refuerzo de las plantillas de las policías locales, pero ha advertido de que los ayuntamientos no pueden asumir en solitario la contención de la delincuencia organizada y los delitos violentos.

Evolución de la criminalidad en la Comunidad de Madrid (Primer Trimestre 2026):

El balance de la delincuencia en la región arroja un incremento de la criminalidad total cifrado en el 2,3%. Este repunte general viene impulsado de manera drástica por una subida del 60% en los homicidios consumados y un incremento del 50% en el número de secuestros. De igual modo, las estadísticas reflejan un tensionamiento en los delitos de carácter delictivo y organizado al registrarse una subida del 33,2% en las operaciones por tráfico de drogas, a lo que se suma un aumento del 20,6% en las riñas tumultuarias y un incremento del 10,2% en las sustracciones de vehículos dentro de la comunidad autónoma.

Impacto en los municipios de la periferia

Desde la FMM se subraya de manera explícita que la erosión de los índices de seguridad no se circunscribe únicamente al término municipal de Madrid capital. El organismo ha puesto el foco en medianas y grandes ciudades de la periferia y del corredor del Henares, citando textualmente a Alcalá de Henares, Alcorcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Coslada y Collado Villalba como los enclaves donde se han detectado los incrementos delictivos más significativos de la región.

Para revertir esta tendencia, la propuesta que la Federación remitirá formalmente al Ministerio del Interior contempla un plan de cinco ejes estratégicos: la incorporación de los 1.500 agentes, un protocolo específico de intervención contra bandas juveniles y narcotráfico, el incremento de la presencia de la Benemérita en el entorno rural, una mayor coordinación operativa entre cuerpos y la creación de un fondo estatal de apoyo.

Vías de financiación y el coste del despliegue

La dirección de la FMM ha querido salir al paso de posibles críticas sobre la viabilidad de la medida aportando una memoria económica detallada. Según sus estimaciones, el coste de personal de los 1.500 nuevos agentes se situaría en el entorno de los 60 millones de euros anuales, una cifra que equivale a menos del 1% del programa general de Seguridad Ciudadana del Estado.

La propuesta de Piquet pasa por financiar este montante íntegramente con cargo a los presupuestos estatales, sugiriendo la reordenación del programa presupuestario 132A, el recorte en partidas de publicidad institucional y la optimización del gasto corriente administrativo.

Asimismo, ha sugerido la vía finalista utilizando fondos recuperados de operaciones judiciales. En este sentido, ha puesto como ejemplo el 'caso hidrocarburos' investigado por la UCO, cuyo presunto fraude cifrado en 182 millones de euros permitiría, bajo su criterio, sufragar tres o cuatro años completos del refuerzo policial exigido.

Presión migratoria y servicios locales

El segundo gran bloque de la reclamación municipalista se dirige al impacto económico de las políticas de extranjería. La FMM solicita la creación de un fondo extraordinario de 15 millones de euros dotado con recursos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y fondos europeos para auxiliar a las localidades que soportan una mayor densidad en los procesos de regularización de inmigrantes.

Este fondo autonómico se baremaría en función de la población atendida y los costes extraordinarios asumidos de forma directa por los ayuntamientos en áreas sensibles como los servicios sociales, la mediación comunitaria, la limpieza, la escolarización y la atención administrativa básica. "Lo que no puede hacer el Gobierno de España es tomar decisiones desde un despacho y trasladar después toda la presión económica y social a los ayuntamientos", ha zanjado la presidenta, insistiendo en que las competencias exclusivas en materia migratoria y fronteriza conllevan aparejada la total responsabilidad financiera del Estado.