La alcaldesa de Alcorcón pide aplicar el artículo 155 para garantizar el acceso a la vivienda en Madrid

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha solicitado en el Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para garantizar el derecho de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid, en un contexto que ha calificado de “drama social urgente y crítico”.

Comparecencia en el Senado y crítica a la Comunidad de Madrid

Durante su intervención en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Testa denunció la falta de aplicación de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda en la región madrileña, señalando directamente al Ejecutivo autonómico.

La alcaldesa aseguró que existe una “indefensión de la ciudadanía” y atribuyó la situación al “sectarismo ideológico” del Gobierno regional, al que acusa de no implementar herramientas clave como la declaración de zonas de mercado tensionado, prevista en la normativa estatal.

Petición de medidas excepcionales

En este contexto, Testa invocó el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de una comunidad autónoma.

“Es necesario obligar a la Comunidad de Madrid a aplicar la ley y garantizar el derecho a la vivienda”, afirmó, defendiendo que esta intervención permitiría regular los precios del alquiler durante tres años y movilizar recursos públicos para ampliar la oferta residencial.

Datos y comparación con otras comunidades

La alcaldesa respaldó su intervención con datos que reflejan la evolución del mercado inmobiliario. Según expuso, mientras en ciudades como Barcelona el precio del alquiler ha descendido un 4,9 %, en Madrid ha aumentado un 9,7 %, alcanzando los 22,7 euros por metro cuadrado, frente a los 16,56 euros de la capital catalana.

También señaló que en comunidades donde sí se aplican medidas similares, como Galicia o Cataluña, se han registrado contenidos o descensos en los precios, mientras que en Madrid la tendencia sigue al alza.

Impacto social de la crisis de vivienda

Más allá de los datos, Testa puso el foco en las consecuencias sociales de la situación, mencionando casos de jóvenes, personas mayores, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o personas con bajos ingresos que no pueden acceder a una vivienda digna.

“La vivienda no puede ser un bien de mercado, hablamos de hogares”, subrayó, insistiendo en la necesidad de intervenir un mercado que considera “feroz”.

Iniciativas municipales y bloqueo político

La alcaldesa recordó que diez ayuntamientos madrileños, que suman más de 800.000 habitantes, impulsaron un Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para promover la aplicación de la ley estatal en la región. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada en la Asamblea de Madrid con los votos de PP y Vox.

Además, denunció haber recibido un silencio administrativo negativo tras solicitar formalmente la declaración de zonas tensionadas.

Compromiso y vías legales

Testa concluyó reafirmando su compromiso con el derecho a la vivienda y anunció que continuará defendiendo estas medidas en diferentes ámbitos institucionales, incluyendo el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

“Seguiremos hasta que Madrid sea un lugar donde se cumplan los derechos constitucionales y no un espacio dominado por la especulación”, afirmó.