Quién paga los incendios en España: el gasto supera los 3.000 millones
La sucesión de grandes incendios forestales ha vuelto a situar en el centro del debate la capacidad de España para prevenir y combatir el fuego. Las acusaciones políticas se multiplican mientras miles de profesionales trabajan sobre el terreno, pero detrás de la confrontación permanece una pregunta esencial: ¿quién sostiene económicamente la protección contra incendios y con qué medios cuenta realmente el país?
Los datos oficiales dibujan un sistema mucho más descentralizado de lo que suele trasladar la discusión pública. La información de la Intervención General de la Administración del Estado —IGAE— muestra que el conjunto de las administraciones públicas contabilizó en 2024 un gasto de 3.014 millones de euros en servicios de protección contra incendios, un 35,3% más que en 2020, cuando la cifra se situaba en 2.227 millones.
La estadística confirma un incremento considerable de los recursos destinados a esta función, aunque no resuelve por sí sola la discusión sobre el esfuerzo de cada nivel administrativo. Las competencias ordinarias de prevención y extinción corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas, mientras los servicios municipales de bomberos explican el elevado peso de las corporaciones locales.
El Estado desempeña, por su parte, una función de coordinación y apoyo mediante medios de alcance nacional, entre ellos las brigadas especializadas, aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias cuando la gravedad de la situación lo requiere.
Una cifra que necesita contexto
El economista José Ramón Riera ha llamado la atención sobre el reducido gasto atribuido a la Administración Central dentro de la subfunción estadística 03.2, denominada Servicios de protección contra incendios. Según el desglose que expone a partir de los datos COFOG, la aportación central habría sido de apenas 10 millones de euros en 2024.
La cifra resulta llamativa, pero no permite concluir que el Estado gastara únicamente esa cantidad en el conjunto de la lucha contra los incendios.
La clasificación COFOG organiza el gasto público según la función a la que se asigna contablemente. Por ello, medios estatales relacionados con la respuesta ante el fuego pueden aparecer incluidos en otras rúbricas, como Defensa, protección civil, seguridad, gestión forestal o protección medioambiental. La propia metodología distingue entre Administración Central, regional y local y clasifica cada operación conforme a su finalidad principal.
La conclusión rigurosa es, por tanto, doble: el gasto ordinario registrado específicamente como protección contra incendios está muy territorializado, pero la cifra asignada a la Administración Central en esa subfunción no equivale a todo el esfuerzo estatal contra los incendios forestales.
Las autonomías dirigen la prevención y la extinción
El reparto económico responde a la organización competencial española. Las comunidades autónomas diseñan y mantienen sus dispositivos de prevención y extinción, contratan bomberos forestales, gestionan retenes, bases y torres de vigilancia y movilizan sus propios medios terrestres y aéreos.
Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y otras entidades locales sostienen, además, buena parte de los cuerpos de bomberos que actúan tanto en incendios urbanos como rurales.
El Estado no sustituye de manera ordinaria esos dispositivos. Su papel consiste en reforzarlos cuando se solicitan medios adicionales, facilitar la coordinación entre territorios y aportar capacidades que, por su coste o especialización, tienen carácter nacional.
Esa distribución explica que una comparación aislada entre administraciones pueda ofrecer una imagen incompleta. No todas tienen las mismas competencias ni contabilizan sus recursos de idéntica manera.
Un contrato urgente para rejuvenecer una flota envejecida
El debate sobre el presupuesto coincide con las dudas sobre la disponibilidad y la antigüedad de los hidroaviones estatales.
En mayo de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica licitó por procedimiento abierto acelerado el diseño, la certificación y el suministro de 11 kits de modernización para los aviones anfibios CL-215T serie 5: diez destinados a aeronaves y uno adicional de reserva. El valor estimado alcanzaba los 24,5 millones de euros y el plazo previsto era de 26 meses.
El propio expediente justificó la urgencia por la necesidad de mantener o aumentar la operatividad, eficacia y seguridad de la flota. La documentación reconocía que su estado había provocado en ocasiones periodos prolongados de inoperatividad y un aumento de los costes de mantenimiento.
El contrato fue adjudicado el 30 de junio de 2022 a Gestair Maintenance por 22,84 millones de euros, con financiación vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Su objetivo no era comprar nuevos hidroaviones, sino sustituir parte de la instrumentación analógica por sistemas digitales y prolongar la capacidad operativa de los CL-215T hasta la llegada de su relevo.
La modernización habría acabado cancelada
El desenlace conocido durante los últimos días ha reabierto la controversia.
Según la información publicada por El País, que cita a su vez una investigación previa de El Mundo y fuentes gubernamentales, el contrato habría sido cancelado el pasado 10 de julio. El bloqueo se habría producido después de que la adjudicataria planteara un incremento de alrededor de dos millones para obtener la documentación técnica necesaria y de que una empresa competidora recurriera la modificación.
De acuerdo con esa versión, la resolución administrativa habría impedido continuar el proyecto en las nuevas condiciones sin asumir riesgos legales. Las fuentes citadas por el diario consideran además probable que la modernización termine abandonándose, tanto por la pérdida de los plazos asociados a los fondos europeos como por la futura retirada de los aparatos.
La documentación oficial consultada acredita la licitación, adjudicación, importe y finalidad del contrato. Sin embargo, mientras no se publique o se haga accesible la resolución completa de extinción, conviene atribuir a las informaciones periodísticas el detalle de la cancelación, sus causas y su fecha exacta.
Lo que sí resulta evidente es que el proyecto concebido en 2022 como una actuación urgente no ha proporcionado hasta ahora la modernización integral prevista para los diez CL-215T.
Siete aparatos en vuelo de los diez comprometidos
La flota operada por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio está integrada por diez CL-215T y cuatro CL-415. Defensa explicó en 2025 que estos aviones se encontraban cada vez más condicionados por la obsolescencia, particularmente en el terreno de la aviónica, pese a las mejoras parciales introducidas durante los últimos años.
Aunque existen 14 aeronaves, no todas están disponibles simultáneamente. El mantenimiento programado, las averías y las incidencias propias de una flota veterana reducen el número operativo en cada momento.
A finales de julio, el dispositivo tenía en vuelo siete hidroaviones de los diez comprometidos para la campaña estival, según fuentes militares citadas por El País. Entre las causas figuraban las revisiones y percances como el impacto de un buitre. Esas mismas fuentes consideraban aceptable el nivel de operatividad, aunque admitían que una flota más moderna permitiría mejorar el porcentaje de disponibilidad.
El dato debe interpretarse correctamente: España no dispone únicamente de siete hidroaviones, sino que ese era el número operativo durante el periodo analizado. La disponibilidad puede variar de un día a otro.
Además, los grandes anfibios no constituyen todo el dispositivo estatal. El MITECO cuenta también con otros aviones, helicópteros, brigadas de refuerzo y unidades de análisis que complementan los recursos autonómicos.
Siete nuevos DHC-515 por 375 millones
El Gobierno autorizó en julio de 2024 la adquisición de siete hidroaviones DHC-515, junto con los equipos, infraestructuras, sistemas y apoyo logístico necesarios para su entrada en servicio. El valor estimado del contrato asciende a 375,56 millones de euros y su duración prevista es de ocho años.
Cinco de los aparatos serán financiados por España y otros dos se integran en el mecanismo europeo RescEU. El proyecto forma parte de una compra conjunta con Francia, Italia, Grecia, Portugal y Croacia que permitió reunir el volumen necesario para reactivar la producción del modelo.
Pero la renovación no será inmediata. Defensa situó en 2028 el comienzo de la llegada de los nuevos aviones, mientras las informaciones publicadas apuntan a que el calendario de entregas se prolongará hasta 2031.
España deberá afrontar, por tanto, al menos las próximas campañas apoyándose en los aparatos existentes, con una parte importante de la flota próxima a las cuatro décadas de servicio y sin que haya culminado el programa integral de modernización planteado en 2022.
El problema no se reduce a contar aviones
La antigüedad de los hidroaviones constituye un riesgo operativo, pero no explica por sí sola la gravedad de los incendios.
La capacidad de respuesta depende también del mantenimiento forestal, la planificación territorial, las condiciones meteorológicas, la continuidad de los dispositivos durante todo el año, la profesionalización de las plantillas y la coordinación entre administraciones.
Los medios aéreos resultan decisivos para contener frentes y proteger poblaciones, pero no sustituyen las labores preventivas ni el trabajo terrestre. Un hidroavión puede ralentizar el avance de las llamas; la extinción efectiva depende finalmente de la intervención coordinada sobre el terreno.
Por eso, la discusión sobre quién tiene la culpa corre el riesgo de ocultar el verdadero problema: España dispone de un sistema fragmentado entre administraciones que necesita coordinación estable, inversión sostenida y una rendición de cuentas capaz de diferenciar entre los anuncios, los contratos adjudicados y los medios que finalmente entran en servicio.
Del presupuesto anunciado a la capacidad disponible
Las cifras de la IGAE muestran que el gasto contabilizado en protección contra incendios ha aumentado con fuerza desde 2020. Los expedientes oficiales acreditan, además, que el Estado ha impulsado inversiones relevantes para renovar su capacidad aérea.
Pero el caso de los CL-215T revela la distancia que puede existir entre aprobar una actuación y convertirla en una mejora efectiva. El contrato se declaró urgente porque la Administración reconocía los problemas de disponibilidad y mantenimiento de la flota. Cuatro años después, las informaciones publicadas apuntan a su cancelación sin que se haya completado la actualización prevista.
Mientras tanto, el relevo comenzará a llegar, en el mejor de los casos, a partir de 2028.
La cuestión de fondo ya no es únicamente cuánto gasta cada administración. También es necesario conocer qué parte del dinero se ejecuta, qué proyectos culminan, cuántos medios están realmente disponibles y si el reparto actual de responsabilidades permite responder con suficiente rapidez ante incendios cada vez más difíciles de contener.