La Justicia frena el plan de matanza de lobos en Asturias al considerar que carece de base legal
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el plan de control del lobo para 2025-2026 tras el recurso de WWF. La sentencia dictamina que el Principado no tiene base legal para autorizar la eliminación de ejemplares, invalidando los planes obsoletos tras la reforma de 2025.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dado un vuelco a la gestión de la fauna en la región al estimar el recurso presentado por WWF España. La sentencia anula de forma íntegra el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026, dejando al Ejecutivo autonómico sin margen legal para ejecutar los cupos de eliminación previstos para los próximos dos años.
Un vacío jurídico que bloquea los controles letales
El conflicto legal surge de una contradicción normativa. El tribunal sostiene que el programa asturiano pretendía ejecutarse bajo un Plan de Gestión de 2015 que perdió su vigencia cuando el Estado blindó al lobo en el LESPRE en 2021. A pesar de la reforma legal de 2025, que rebajó la protección al norte del Duero, la sala aclara que esta modificación no "resucita" automáticamente los planes antiguos que ya habían sido derogados.
En la práctica, esto significa que el Principado de Asturias se encuentra en un vacío jurídico absoluto para autorizar cacerías de control. "La Justicia ha sido tajante: no se pueden autorizar matanzas sin una planificación sólida y conforme al Derecho europeo", ha señalado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, quien califica la estrategia del Gobierno regional como una "huida hacia adelante".
El fin de los "atajos políticos" en la gestión del lobo
La resolución judicial no solo afecta a Asturias, sino que sienta un precedente para comunidades vecinas como Cantabria. La sentencia subraya que incluso en escenarios de menor protección, cualquier medida de control poblacional debe estar respaldada por criterios científicos rigurosos y una seguridad jurídica que ahora mismo no existe en el Principado.
Para WWF, este fallo debe marcar un punto de inflexión para pasar de la eliminación sistemática de ejemplares, que consideran ineficaz para reducir los daños al ganado, a un modelo basado en la prevención y el apoyo real a la ganadería extensiva.