Madrid Contra la LIDER denuncia que el Gobierno y la Comunidad coinciden en limitar el control ciudadano del urbanismo
La coordinadora Madrid Contra la LIDER, en la que participa la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha denunciado la coincidencia entre las reformas de la legislación del suelo promovidas por el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, al considerar que ambas anteponen la continuidad de los grandes desarrollos urbanísticos al cumplimiento de la legalidad, la vivienda asequible y el control ciudadano.
La organización también sostiene que los dos textos reducen las posibilidades de frenar la ilegalidad urbanística y trasladan a la ciudadanía más litigios, costes y años de espera.
La seguridad jurídica, eje común de ambos textos
Según la coordinadora, el borrador del Real Decreto-Ley en materia de suelo y vivienda, cuya aprobación ha sido aplazada hasta septiembre, y el Proyecto de Ley LIDER remitido a la Asamblea de Madrid comparten una misma concepción de la denominada seguridad jurídica.
En su valoración, ambos instrumentos persiguen asegurar la continuidad de los planes urbanísticos y de las inversiones incluso cuando estos hayan sido aprobados vulnerando la legalidad.
Mientras el texto estatal modifica el Real Decreto Legislativo 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley de Impulso y Desarrollo Sostenible de la Región, conocida como LIDER, aplicaría en la Comunidad de Madrid buena parte de esas soluciones.
Menos supuestos para anular un plan urbanístico
Madrid Contra la LIDER señala como primera coincidencia que ambas iniciativas reducen las causas capaces de provocar la anulación de un plan urbanístico.
Según explica, el borrador estatal reserva la nulidad para supuestos muy extremos, como la omisión total y absoluta del trámite de participación pública, mientras que la LIDER busca un resultado similar mediante la fragmentación de los instrumentos urbanísticos para facilitar la conservación de las partes consideradas independientes.
La coordinadora sostiene que esta situación podría permitir considerar como defectos corregibles cuestiones como una información pública celebrada fuera de plazo, documentación esencial incompleta, modificaciones importantes no sometidas a consulta, evaluaciones ambientales insuficientes o informes relacionados con la protección del agua, el patrimonio, las dotaciones o la vivienda protegida.
Mantener los planes pese a su anulación
La organización considera que otra coincidencia entre ambas reformas consiste en evitar que la anulación de un plan afecte automáticamente a los instrumentos y actuaciones posteriores.
Según expone, el Proyecto LIDER permite conservar determinados planes derivados, actos y trámites, mientras que el texto estatal establece una estructura similar para limitar los efectos de la nulidad.
A juicio de la coordinadora, ello obligaría a quienes lograran una sentencia favorable a presentar nuevos recursos contra cada uno de los instrumentos posteriores, incrementando los costes, las gestiones y los tiempos judiciales.
Posibilidad de corregir el plan sin paralizar su ejecución
Madrid Contra la LIDER también afirma que ambas iniciativas permiten subsanar los defectos detectados sin detener completamente el desarrollo urbanístico.
Explica que el borrador estatal contempla retrotraer el procedimiento para corregir las deficiencias e incluso mantener temporalmente la eficacia del plan anulado, mientras que la LIDER facilita conservar trámites y volver a aprobar la misma ordenación o una muy similar.
Según la organización, esta situación podría permitir que un plan anulado continuara produciendo efectos mientras se corrige el expediente.
La coordinadora alerta de un menor control ciudadano
Otro de los aspectos señalados por la plataforma es la reducción de la capacidad de defensa ciudadana.
Según expone, el texto estatal limita a cuatro años la posibilidad de cuestionar indirectamente un plan mediante el recurso contra un acto que lo aplica, mientras que la LIDER mantiene una orientación similar al reducir el alcance práctico de las impugnaciones y reforzar la protección de los instrumentos posteriores.
La coordinadora recuerda que la participación ciudadana, la evaluación ambiental, los informes sectoriales y el control judicial constituyen garantías para detectar riesgos, proteger espacios naturales y patrimonio cultural y exigir vivienda protegida, zonas verdes, colegios, centros de salud y otras dotaciones antes de que el daño resulte irreversible.
La plataforma vincula ambas reformas con la crisis de vivienda
Madrid Contra la LIDER sostiene que estas coincidencias favorecen un modelo urbanístico que, en su opinión, ha contribuido a la actual crisis de vivienda.
La organización afirma que producir más suelo y facilitar grandes operaciones urbanísticas no garantiza vivienda asequible y considera que, cuando el suelo se trata principalmente como un activo financiero, aumentan las expectativas de revalorización y la especulación, mientras que los costes ambientales, las infraestructuras y los servicios recaen sobre el conjunto de la sociedad.
Petición al Gobierno y a la Asamblea de Madrid
La coordinadora reclama al Gobierno de España que retire del borrador del Real Decreto-Ley de Vivienda las medidas que, a su juicio, reducen el alcance del control judicial.
Asimismo, solicita a la Asamblea de Madrid que rechace esas mismas soluciones en la tramitación de la Ley LIDER.
Madrid Contra la LIDER concluye defendiendo que la legislación del suelo debe orientarse al derecho a la vivienda, el equilibrio territorial y el interés general, y no a la continuidad de operaciones que califica de especulativas.