COAM: si la candidatura ganadora era inválida, la solución no es proclamar al perdedor
La crisis electoral del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid plantea una pregunta incómoda: si más de la mitad de los arquitectos respaldó una candidatura posteriormente cuestionada, ¿corresponde nombrar al segundo o devolver la palabra a los colegiados?
Las instituciones sólidas no se distinguen por la ausencia de conflictos. Se distinguen por su capacidad para resolverlos sin poner en cuestión la confianza de quienes las integran. Esa es precisamente la prueba a la que se enfrenta hoy el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), inmerso desde hace más de un año en una crisis electoral que amenaza con proyectar sobre una de las corporaciones profesionales más importantes de España una imagen de división permanente, incertidumbre jurídica y enfrentamiento interno.
Durante meses, buena parte del debate público se ha concentrado en una cuestión concreta: si la candidatura encabezada por Sigfrido Herráez podía o no concurrir a las elecciones celebradas en mayo de 2025 de acuerdo con la interpretación de los Estatutos del Colegio. La discusión jurídica es legítima. De hecho, ha sido el núcleo de la controversia desde el inicio. Sin embargo, a medida que los acontecimientos se suceden, surge una pregunta aún más importante para el futuro de la institución.
Si finalmente se concluyera que la candidatura vencedora no debía haber concurrido a las elecciones, ¿la respuesta adecuada consiste en proclamar automáticamente vencedora a la candidatura derrotada o en permitir que los colegiados vuelvan a pronunciarse en las urnas? La pregunta no es menor, su respuesta afecta directamente a la legitimidad democrática del futuro gobierno del COAM.
Los votantes no pueden ser los responsables de los errores del sistema
Existe un hecho objetivo que ninguna interpretación jurídica posterior puede borrar. La candidatura Todos COAM obtuvo el respaldo mayoritario de los arquitectos que participaron en las elecciones. Más de la mitad de los votantes optaron por esa candidatura. Lo hicieron porque figuraba oficialmente en las papeletas. Lo hicieron porque estaba presente en el proceso electoral. Lo hicieron porque se les permitió votar entre las opciones que les fueron ofrecidas.
Por ello resulta difícil sostener que los colegiados deban asumir las consecuencias de posibles errores, interpretaciones contradictorias o controversias jurídicas que se produjeron antes de depositar su voto.
La democracia representativa funciona sobre un principio elemental: los ciudadanos —o en este caso los colegiados— votan entre las opciones que las instituciones consideran válidas en el momento de la elección.
Si posteriormente se concluye que existió algún defecto en el procedimiento, la cuestión debe resolverse sin convertir a los votantes en los perjudicados de una situación que no provocaron. Porque los arquitectos acudieron a votar conforme a las reglas que se les presentaron.
La pregunta que nadie parece querer responder
Hay una cuestión especialmente incómoda en todo este proceso. Si la candidatura de Sigfrido Herráez era tan claramente incompatible con los Estatutos como sostienen quienes han impugnado su participación, ¿cómo llegó a celebrarse la elección?
La pregunta merece una reflexión profunda. La Mesa Electoral intervino, los órganos colegiales intervinieron, los servicios jurídicos participaron en el proceso, los tribunales adoptaron decisiones cautelares, y finalmente miles de arquitectos votaron.
Resulta difícil entender que una supuesta incompatibilidad tan evidente solo produzca consecuencias definitivas después de que los colegiados hayan emitido su voto.
La cuestión no consiste en buscar culpables retrospectivamente. La cuestión consiste en reconocer que cuando un sistema permite que una candidatura llegue a las urnas, participe en la campaña y obtenga el respaldo mayoritario de los electores, la solución posterior debe tener en cuenta también la voluntad expresada por esos electores.
Porque las instituciones no solo están obligadas a aplicar las normas. También están obligadas a proteger la confianza de quienes participan en ellas.
Nadie sabe qué habrían votado los arquitectos
La tesis de que la candidatura vencedora debía quedar excluida conduce a una consecuencia lógica que rara vez se menciona. Nadie puede saber cuál habría sido el resultado de unas elecciones celebradas sin ella, nadie puede afirmar cuántos arquitectos habrían apoyado a Nexo COAM.
Nadie puede asegurar cuántos habrían optado por otras alternativas, nadie puede determinar cuántos se habrían abstenido, simplemente no existe esa información. Y precisamente por ello surge una objeción difícil de ignorar.
Proclamar automáticamente vencedora a una candidatura que perdió las elecciones supone atribuir a los votantes una voluntad que nunca expresaron. Los arquitectos sí expresaron una voluntad concreta, votaron entre las opciones existentes.
Lo que nunca hicieron fue votar para que gobernara una candidatura distinta en caso de que posteriormente surgieran controversias jurídicas sobre la elegibilidad de otra.
Por ello, incluso para quienes sostienen que la candidatura ganadora no debía haber concurrido, existe una alternativa institucionalmente más sólida: repetir las elecciones una vez aclaradas todas las dudas jurídicas.
Esa solución permitiría conjugar legalidad y legitimidad. Y evitaría que una parte significativa de los colegiados pudiera sentirse privada de la representación que eligió en las urnas.
La legitimidad importa tanto como la legalidad
Toda institución necesita seguridad jurídica, pero también necesita legitimidad. Son conceptos distintos.
Una decisión puede estar jurídicamente fundamentada y, sin embargo, generar una profunda fractura interna si una parte relevante de los afectados considera que su voluntad ha sido ignorada. Ese riesgo existe hoy en el COAM.
Porque el debate ya no gira únicamente en torno a la interpretación de un artículo estatutario. Gira también en torno a cómo debe reaccionar una institución cuando la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos es posteriormente cuestionada.
La respuesta a esa pregunta condicionará la estabilidad del Colegio durante los próximos años. Y condicionará igualmente la confianza de muchos arquitectos en los mecanismos internos de representación.
La apariencia de imparcialidad también protege a las instituciones
Otro de los elementos que ha contribuido a alimentar la controversia ha sido el debate surgido alrededor de la Mesa Electoral y de algunas de sus actuaciones.
Conviene ser especialmente prudentes en este terreno, las acusaciones personales deben diferenciarse siempre de los hechos acreditados. Sin embargo, existe una reflexión institucional que sí resulta pertinente. Las organizaciones modernas han aprendido que la imparcialidad no solo debe existir; también debe percibirse.
La confianza en los órganos encargados de supervisar procesos electorales depende tanto de la corrección de sus actuaciones como de la ausencia de cualquier circunstancia que pueda generar dudas entre los representados.
Precisamente por ello, cuando un conflicto adquiere una dimensión extraordinaria y se prolonga durante más de un año, toda decisión debería orientarse a reforzar la confianza colectiva y no a alimentar nuevas controversias.
La transparencia, la prudencia y la neutralidad institucional son especialmente necesarias cuando una organización atraviesa momentos de tensión.
El COAM necesita menos bandos y más institución
Otro de los errores que han acompañado esta crisis ha sido la tentación de trasladar al ámbito colegial las divisiones ideológicas propias de la política nacional. Sin embargo, quienes conocen la realidad interna del COAM saben que las distintas agrupaciones integran profesionales de perfiles, trayectorias y sensibilidades muy diversas.
La controversia actual tiene mucho más que ver con la interpretación de los Estatutos, el funcionamiento de los órganos electorales y la gobernanza institucional que con los tradicionales ejes ideológicos de la política partidista.
Reducir el conflicto a una batalla entre progresistas y conservadores no ayuda a resolverlo. Al contrario. Contribuye a aumentar la polarización y dificulta la búsqueda de soluciones compartidas.
El COAM no es una organización política. Es una corporación profesional cuya razón de ser consiste en representar y defender los intereses de miles de arquitectos. Y precisamente por ello debería aspirar a resolver sus discrepancias mediante mecanismos capaces de generar el mayor consenso posible.
La salida más fuerte es volver a preguntar
La historia reciente demuestra que las instituciones salen reforzadas cuando afrontan los conflictos con transparencia y confianza en sus propios mecanismos democráticos.
Por eso resulta legítimo plantear una última reflexión. Si quienes cuestionan la candidatura vencedora están convencidos de que su interpretación jurídica es correcta, ¿qué solución otorgaría mayor legitimidad al futuro gobierno del Colegio? ¿La proclamación de una candidatura que no ganó las elecciones? ¿O la convocatoria de unos nuevos comicios en los que los arquitectos puedan pronunciarse una vez despejadas todas las dudas?
La respuesta parece evidente. Porque si la candidatura vencedora no podía concurrir, lo razonable sería permitir que los colegiados vuelvan a elegir. Y si podía concurrir, el resultado ya fue expresado en las urnas.
En ambos escenarios existe un principio común que debería prevalecer sobre cualquier interés particular: la confianza en los arquitectos y en su capacidad para decidir libremente quién debe representarles.
El verdadero reto del COAM no consiste en determinar quién gana una batalla interna. Consiste en evitar que una institución centenaria salga debilitada de ella. Porque ninguna candidatura es más importante que el Colegio. Y ninguna victoria merece la pena si para alcanzarla se pone en riesgo la confianza de quienes sostienen la institución con su trabajo, su participación y su voto.