Wilson Ruiz, exministro colombiano de Justicia y columnista de El Diario de Madrid, objetivo del narcotráfico
Durante dos años, Wilson Ruiz Orejuela ocupó uno de los despachos más sensibles del Gobierno colombiano. Como ministro de Justicia de la Administración de Iván Duque, estampó su firma en 432 órdenes de extradición que permitieron trasladar a Estados Unidos a algunos de los principales integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Aquellas decisiones marcaron una de las etapas de mayor intensidad en la cooperación judicial entre Colombia y las autoridades estadounidenses. Pero, según denuncia hoy el propio exministro, también lo convirtieron en un objetivo permanente.
Cuatro años después de abandonar el cargo, un informe de inteligencia de carácter reservado, elaborado por especialistas en análisis criminal y remitido a la Fiscalía General de la Nación, alerta de la existencia de un presunto plan para atentar contra su vida y la de varios funcionarios que participaron en investigaciones contra estructuras narcotraficantes. La documentación, a la que ha tenido acceso El Diario de Madrid, considera urgente reforzar las medidas de protección de los afectados mientras avanzan las investigaciones.
La amenaza, que ya había sido adelantada por distintos medios colombianos, adquiere ahora una nueva dimensión tras conocerse el contenido del informe y las declaraciones realizadas por el propio Wilson Ruiz en una entrevista concedida al diario Semana. En ella, el exministro sostiene que el riesgo nunca desapareció tras dejar el Gobierno y lanza una advertencia que trasciende su caso personal.
"Las organizaciones criminales no distinguen entre un ministro en ejercicio y un exministro. Para ellos, quien firmó una extradición sigue siendo el mismo enemigo."
Sus palabras reabren un debate de enorme trascendencia institucional en Colombia: ¿qué ocurre con quienes, desde el Estado, han combatido directamente a las principales organizaciones criminales una vez abandonan el cargo?
Una amenaza que trasciende a una persona
El documento reservado no presenta la situación como una amenaza aislada. Por el contrario, plantea la hipótesis de una actuación coordinada contra varios servidores públicos que, desde distintas instituciones, intervinieron en procesos relacionados con extradiciones, investigaciones financieras y extinción de dominio.
Su objetivo declarado es "aportar información de inteligencia especializada y de carácter urgente para neutralizar un plan terrorista/atentado sicarial" contra el exministro Wilson Ruiz, el fiscal Alejandro Sotomonte y el investigador William de Jesús Núñez Echavarría, además de consolidar información sobre la estructura logística y financiera que, presuntamente, estaría detrás de la amenaza.
El informe identifica como principal agente generador de la amenaza a una mujer conocida con el alias de "La Boyacá", a quien atribuye presuntos vínculos con redes de producción de cocaína, lavado de activos y coordinación logística de organizaciones criminales.
No obstante, el propio documento deja claro que se trata de una evaluación de inteligencia elaborada para orientar las actuaciones de las autoridades y no de una resolución judicial que determine responsabilidades penales. La investigación continúa abierta y corresponde ahora a la Fiscalía verificar los hechos, identificar a los posibles responsables y establecer el alcance real de la amenaza.
El precio de combatir al narcotráfico
Para comprender el alcance del caso es necesario retroceder a los años en que Wilson Ruiz dirigió el Ministerio de Justicia.
Entre 2020 y 2022, el Gobierno colombiano intensificó la política de extradiciones hacia Estados Unidos. Ruiz recuerda que durante ese periodo se autorizaron 432 extradiciones, una cifra que, según afirma, no tenía precedentes recientes y que afectó a integrantes de organizaciones como el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras del narcotráfico.
"Un ministro de Justicia no firma simplemente un documento administrativo. Cada extradición afecta directamente a organizaciones criminales, narcotraficantes y estructuras terroristas muy poderosas", explicó durante la entrevista.
En su opinión, la sociedad suele contemplar estos procedimientos como simples trámites jurídicos, sin reparar en las consecuencias personales que pueden tener para quienes asumen la responsabilidad política de autorizarlos.
"Cuando termina el cargo, el Estado parece asumir que el riesgo desaparece. Pero las organizaciones criminales no olvidan."
La afirmación no responde únicamente a una reflexión teórica. Ruiz sostiene que las amenazas comenzaron incluso antes de abandonar el Ministerio y que, desde entonces, él y su familia han convivido con una sucesión de episodios que, a su juicio, evidencian que la retaliación nunca cesó.
Un patrón que se repite en la historia de Colombia
Durante la conversación con Semana, el exministro recordó que no sería el primer responsable de Justicia colombiano en convertirse en objetivo de las organizaciones criminales.
Citó expresamente los casos de Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 tras enfrentarse al cartel de Medellín, y del exministro Enrique Parejo González, víctima de un atentado en Budapest cuando ejercía como embajador de Colombia en Hungría después de impulsar la política de extradiciones.
Para Ruiz, esos antecedentes demuestran que el riesgo asociado a determinadas responsabilidades institucionales no desaparece con el relevo político.
"Si el Estado no protege de manera permanente a quienes enfrentamos a estas organizaciones, llegará un momento en que muy pocos estarán dispuestos a asumir esa responsabilidad."
No plantea la cuestión como una reivindicación personal, insiste, sino como un problema de Estado.
"No se trata de privilegios. Se trata de garantizar que quienes cumplen con su deber no terminen pagando con su vida o con la tranquilidad de sus familias."
Las primeras señales: "Comprendí que el riesgo no terminaría cuando dejara el Gobierno"
Wilson Ruiz sostiene que las actuales amenazas no constituyen un episodio aislado, sino el último eslabón de una secuencia que comenzó cuando aún ocupaba el Ministerio de Justicia.
En su conversación con Semana reconstruye una cronología que, según explica, fue trasladando de forma reiterada a las autoridades colombianas mediante denuncias y solicitudes de protección.
El primer punto de inflexión, relata, llegó tras la extradición de alias "Motorola", considerado uno de los principales responsables financieros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según Ruiz, funcionarios del sistema penitenciario le alertaron entonces de que distintas estructuras criminales estaban ofreciendo importantes cantidades de dinero para asesinarle como represalia por aquella decisión.
"Comprendí que el riesgo no terminaría con mi salida del Gobierno, porque estas organizaciones criminales no olvidan a quienes enfrentan sus estructuras."
Aquellas primeras advertencias, asegura, fueron el inicio de una situación que, lejos de remitir con el paso del tiempo, se habría ido intensificando.
Vigilancias, seguimientos y la sensación de vivir permanentemente observado
El exministro relata varios episodios que, en su opinión, evidencian que alguien estaba recopilando información sobre sus movimientos cotidianos.
Cuenta que personas desconocidas fueron vistas merodeando por una finca de su propiedad mientras preguntaban por sus horarios habituales, las horas de llegada y salida o la frecuencia de sus desplazamientos.
Pero uno de los episodios que más le marcó afectó directamente a su familia.
Según explicó, la dirección del colegio donde estudiaba entonces una de sus hijas alertó a la Policía tras detectar durante varios días la presencia de individuos en motocicletas y bicicletas que permanecían en las inmediaciones del centro tomando fotografías de la menor.
"Mi hija ni siquiera podía salir al recreo."
Ruiz afirma que nunca recibió una explicación oficial sobre aquellos hechos, aunque sostiene que todo quedó recogido en las denuncias y valoraciones de riesgo que fue presentando ante el Estado colombiano.
El enfrentamiento en Cali
Uno de los episodios más delicados que recuerda ocurrió después de abandonar el Ministerio.
Mientras compartía una reunión familiar en el tradicional barrio de San Antonio, en Cali, varios individuos llegaron en motocicleta hasta el lugar donde se encontraba.
Según el relato del exministro, la rápida actuación de los integrantes de su esquema de protección evitó que el incidente fuera a mayores.
Ruiz sostiene que aquel día comprendió que las amenazas habían dejado de ser simples advertencias.
"Ese día entendí que ya no eran amenazas. Eran acciones dirigidas a acabar con mi vida."
Aunque afirma que los hechos fueron puestos inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, asegura desconocer cuál fue finalmente el resultado de aquella investigación.
El atentado contra su hijo
Uno de los momentos más personales de la entrevista llega cuando recuerda el ataque sufrido por uno de sus hijos.
Según explicó, varios hombres armados intentaron interceptar el vehículo en el que viajaba junto a su escolta en la ciudad de Cali.
La reacción del conductor y del equipo de protección permitió abandonar el lugar antes de que el ataque tuviera consecuencias irreversibles. La camioneta recibió seis impactos de bala. Uno de ellos atravesó el parabrisas delantero. Otros alcanzaron la puerta del conductor y distintas zonas del vehículo.
Ruiz considera que aquel atentado confirmó definitivamente que las amenazas no iban dirigidas únicamente contra él. También afectaban a su entorno familiar.
El informe: una hipótesis de retaliación
La documentación reservada conocida por El Diario de Madrid coincide parcialmente con esa interpretación.
Los analistas de inteligencia consideran que el supuesto plan criminal respondería a una retaliación derivada tanto de las extradiciones autorizadas durante el mandato de Wilson Ruiz como de las investigaciones patrimoniales impulsadas por distintas unidades especializadas de la Fiscalía.
El informe sostiene que los principales vínculos de la presunta responsable de la amenaza se mantienen con personas cercanas a Edilson Ordóñez Campo, alias "Chiroso", extraditado a Estados Unidos en 2021 mediante una resolución firmada durante la etapa de Ruiz al frente del Ministerio de Justicia.
Los analistas apuntan expresamente que el objetivo sería vengar tanto aquella extradición como las posteriores actuaciones dirigidas contra el patrimonio de la organización criminal.
Ese elemento resulta especialmente relevante porque conecta el supuesto plan descrito por los investigadores con una actuación institucional concreta y no con un conflicto personal.
Mucho más que una firma
Durante la entrevista, Wilson Ruiz insiste varias veces en una idea que considera fundamental. Una extradición no depende exclusivamente del ministro de Justicia. En el procedimiento intervienen la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, las autoridades judiciales estadounidenses y, finalmente, el presidente de la República.
Sin embargo, explica, la opinión pública suele identificar únicamente a quien estampa la firma definitiva.
Y, según sostiene, ocurre exactamente lo mismo dentro de las organizaciones criminales.
"Finalmente quienes asumimos el riesgo somos el presidente y el ministro de Justicia."
Una amenaza que también alcanza a fiscales e investigadores
Uno de los aspectos más delicados del documento reservado es que la amenaza no se limitaría al exministro.
Los analistas consideran que también existiría riesgo para varios funcionarios que participaron en investigaciones relacionadas con lavado de activos y extinción de dominio.
Entre ellos aparecen citados el fiscal Alejandro Sotomonte y el investigador William de Jesús Núñez Echavarría, respecto de quienes el informe recomienda reforzar de manera inmediata las medidas de protección.
La hipótesis de trabajo de los investigadores es que las organizaciones criminales intentarían frenar o vengar los procedimientos judiciales dirigidos contra su estructura financiera y patrimonial, ampliando el foco de las amenazas a quienes participaron en esas actuaciones.
Un debate que trasciende el caso Wilson Ruiz
Más allá de la investigación concreta, el caso vuelve a abrir un debate de fondo sobre la protección de quienes ocupan determinados cargos públicos en la lucha contra el crimen organizado.
Para Wilson Ruiz, el error consiste en considerar que el riesgo desaparece cuando termina el mandato político.
Las organizaciones criminales, sostiene, funcionan con otros tiempos. Esperan. Observan. Y, cuando creen que la protección institucional disminuye, actúan.
Por eso insiste en que Colombia necesita revisar el sistema de protección de quienes, desde el Estado, han asumido decisiones capaces de afectar a las principales organizaciones del narcotráfico.
"No estoy pidiendo un privilegio. Estoy pidiendo que quienes cumplen con su deber no queden abandonados cuando dejan el cargo."
La respuesta de las instituciones
Tras conocerse el contenido del informe de inteligencia, Wilson Ruiz asegura que las autoridades colombianas han comenzado a adoptar algunas medidas preventivas mientras la investigación continúa su curso.
Durante la entrevista concedida a Semana, el exministro quiso agradecer expresamente el trabajo desarrollado por distintos responsables de la Policía Nacional, especialmente por los mandos encargados de su protección, a quienes atribuye haber reaccionado con rapidez tras conocerse la nueva alerta.
Según explicó, la prioridad inmediata pasa por esclarecer el alcance real de la amenaza y determinar si la información contenida en el informe responde a un plan operativo ya en marcha o a una fase de preparación por parte de las organizaciones investigadas.
El documento de inteligencia recomienda precisamente reforzar de forma inmediata los dispositivos de protección de los funcionarios señalados, intensificar la vigilancia sobre los movimientos de la presunta estructura criminal y acelerar distintas actuaciones de investigación destinadas a identificar a todos los posibles participantes en la planificación del atentado.
Ruiz sostiene que, pese a esas actuaciones, todavía espera una evaluación definitiva del nivel de riesgo que le permita recuperar una cierta normalidad en su vida cotidiana.
"Quiero saber exactamente qué está pasando para poder tomar decisiones sobre mi seguridad."
El nuevo Gobierno entra en escena
La amenaza ha coincidido además con un momento de transición política en Colombia.
Durante la entrevista, Wilson Ruiz explicó que, una vez el nuevo Ejecutivo tuvo conocimiento de la situación, mantuvo una conversación con quien asumirá el Ministerio del Interior, Rodrigo Lara, hijo del histórico ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984 tras enfrentarse al Cartel de Medellín.
Ruiz relata que Lara mostró una especial sensibilidad hacia el caso precisamente por la historia de su propia familia y trasladó inmediatamente la información a las autoridades competentes.
El exministro también expresó su confianza en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, impulse todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes, desde distintas responsabilidades institucionales, participaron en la lucha contra el narcotráfico.
Aunque evitó convertir la cuestión en un debate partidista, insistió en que la protección de quienes combaten al crimen organizado debe situarse por encima de cualquier alternancia política.
Más que una amenaza personal
A lo largo de toda la conversación, Wilson Ruiz insiste en una idea que trasciende su situación individual. No plantea el problema únicamente como una cuestión de seguridad personal. Lo presenta como un desafío para el propio funcionamiento del Estado. Su tesis es sencilla. Si quienes ocupan responsabilidades públicas comprueban que las consecuencias de enfrentarse a las grandes organizaciones criminales pueden perseguirles durante años sin una protección suficiente, el incentivo para asumir determinadas decisiones disminuye inevitablemente.
"Si el Estado no protege permanentemente a quienes enfrentan estas organizaciones, llegará un momento en que muy pocos estarán dispuestos a asumir esa responsabilidad."
No es una afirmación menor en un país cuya historia reciente está marcada por asesinatos de jueces, fiscales, policías, periodistas, dirigentes políticos y ministros que combatieron a los grandes carteles del narcotráfico.
La investigación continúa abierta
Conviene recordar que el contenido del documento conocido por El Diario de Madrid corresponde a un informe de inteligencia elaborado para orientar la actuación de las autoridades y no constituye una resolución judicial.
Las personas mencionadas en él no han sido condenadas en relación con los hechos investigados y corresponde a la Fiscalía General de la Nación determinar, mediante las diligencias oportunas, la existencia o no del presunto plan criminal descrito en la documentación.
Precisamente por ello, una parte esencial de las recomendaciones del informe se dirige a ampliar la investigación mediante labores de inteligencia, análisis financiero y seguimiento operativo antes de adoptar nuevas actuaciones judiciales.
Una historia que aún no ha terminado
Wilson Ruiz asegura que nunca imaginó que las decisiones adoptadas durante su etapa al frente del Ministerio de Justicia seguirían condicionando su vida varios años después de abandonar el Gobierno.
Sin embargo, sostiene que no se arrepiente de ninguna de ellas. Asegura que todas las extradiciones fueron tramitadas conforme a la legislación colombiana y dentro de un procedimiento en el que participaron múltiples instituciones del Estado.
Por eso insiste en que la discusión no debe centrarse únicamente en su caso. A su juicio, la verdadera cuestión es si un Estado puede permitirse que quienes ejecutan políticas contra el crimen organizado queden expuestos cuando termina su responsabilidad institucional.
La respuesta a esa pregunta, sostiene, no afectará únicamente a su futuro.
También condicionará la capacidad de las próximas generaciones de servidores públicos para afrontar con firmeza la lucha contra las organizaciones criminales.
Porque, como él mismo resume en una frase que atraviesa toda su historia política y personal:
"Las organizaciones criminales no olvidan".