“Queremos recuperar la democracia y el Estado de derecho en España”

El próximo 10 de mayo, la Plaza de Colón de Madrid volverá a acoger una movilización ciudadana convocada por la Plataforma por la España Constitucional. La cita quiere ser un altavoz de la indignación social frente al actual Gobierno, al que acusan de socavar la legalidad constitucional. Hablamos con uno de los participantes de la convocatoria, el coronel retirado Carlos de Palma, coordinador de la Iniciativa 2028, que nos expone su visión sobre la situación política del país, el papel de la sociedad civil y el futuro de la democracia en España.

Crítico con el rumbo institucional, económico y judicial del actual Ejecutivo, Carlos de Palma defiende el derecho de la ciudadanía a movilizarse “por la dignidad de España” y reivindica la regeneración democrática como tarea prioritaria. Su apuesta: unidad constitucional, reforma legal y presión desde la calle.

¿Puedes presentarte brevemente y contarnos por qué decidiste implicarte en la vida pública desde la sociedad civil?

Soy uno más de tantos españoles que queremos recuperar la democracia y el Estado de derecho en España. En mi caso, cuando pasé a retirado, decidí proseguir la defensa contra los enemigos de España, porque ahora los tenemos dentro de nuestras fronteras en forma de partidos separatistas y un Presidente de gobierno autócrata. Opté por la vía plural de la Sociedad Civil Organizada y coordinar la Iniciativa 2028 de la Sociedad Civil.

¿Tienes alguna preferencia política concreta o te defines de otra manera?

Como militar he sido siempre apartidista, y ahora como civil lo sigo siendo. He estado a las órdenes de todos nuestros jefes de estado y de gobierno, desde Franco a Felipe VI, y pasando por todos los Presidentes de gobierno que hemos tenido en España. A nivel particular, y desde las primeras elecciones, siempre he votado al partido que en cada momento he considerado más útil para España.

¿Cómo ves el momento político actual en España? ¿Qué crees que ha fallado en el sistema?

Pienso que partimos de una buena Constitución, aunque hubo que redactarla con negociaciones interesadas, pactos de buena fe y alguna presión extranjera. Nos ha resultado muy útil por su Monarquía Parlamentaria y separación de poderes, pero un bipartidismo voraz que se ha aliado con partidos “bisagra” separatistas nos ha llevado a una situación ruinosa a la que hay que poner fin, por medios democráticos y en base a la legalidad vigente. Hay que revisar la Constitución para no repetir los errores actuales, pero no con los enemigos que quieren romperla ni con procedimientos ajenos a la Ley. Tampoco podemos fiarlo todo a Europa, dado el bipartidismo de bloques también existente a ese nivel. El bipartidismo no es malo, pero compite por imponer un relato que no escucha las necesidades reales de la sociedad civil. Una mala política conlleva una ruinosa economía.

Hay que neutralizar al tahúr que nos gobierna, porque no da un paso sin que sus socios separatistas y comunistas le cobren peaje, siempre en contra de la unidad de España y del interés general. Hablan de una Federación de Repúblicas y venden falsas identidades en sus respectivas comunidades autónomas, para convertirse en nuevos señores feudales con derecho de pernada incluido. La tergiversación de la historia, cancelación de disidentes, prohibición de la lengua española, adoctrinamiento educativo, filias islamistas, fobias al debate y clientelismo de medios y cargos, son sus herramientas favoritas. A los niños y jóvenes de colegios separatistas los están destrozando y arruinando su futuro, y no me explico cómo lo consienten sus padres. Los españoles no estamos enfrentados entre nosotros como pretenden algunos de sus líderes. Si un ciudadano, empresa o entidad, nacional o extranjera, entra en un edificio oficial donde no ondee la Bandera de España, puede echarse a temblar, aparte de llevar intérprete que hable la lengua cooficial de ese feudo. Y esto ocurre en País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Baleares y Galicia.

¿Vas a participar en la concentración del 10 de mayo en Madrid? ¿Qué se reclama desde la sociedad civil?

Por supuesto, y aunque llueva. Como indica el lema de esta ocasión y siguiendo a las precedentes, se hace por la dignidad de España, la dimisión de Pedro Sánchez y exigir Elecciones Generales.

Lo haremos por la dignidad de las familias, niños y mayores; de los jóvenes que tienen que emigrar; de los maestros y profesores coartados; de los militares, policías y guardias civiles que nos defienden; de los agricultores, ganaderos y pescadores que nos dan sustento; de los jueces que son atacados en su independencia; de las pequeñas y medianas empresas que están siendo asfixiadas; de nuestra historia y papel de la hispanidad en el mundo; de nuestra independencia energética; de nuestras instituciones públicas; de nuestros compatriotas canarios y de Ceuta y Melilla; por nuestra tradición occidental de origen cristiano; por el prestigio diplomático e internacional de España.

Estarán representadas, dentro de la Plataforma por la España Constitucional, más de un centenar de fundaciones y asociaciones de diferentes sensibilidades políticas de las llamadas derechas, centros e izquierdas, pero unidas contra el estado de corrupción y ruina imperante creado por nuestro actual enemigo número uno, el Presidente Pedro Sánchez. Tenemos un déficit disparado, nula gestión de servicios públicos, mala fe ante emergencias y demasiada ideología. Un factor común de este Gobierno progresista es la incompetencia y falta de reacción adecuada ante riesgos y emergencias, lo cual causa muchos muertos. Los militares cuidamos mucho los planes de contingencia, simulamos y entrenamos las situaciones de emergencia y perfeccionamos sus procedimientos de reacción, porque sabemos muy bien que cuestan vidas humanas.

Desde tu experiencia como militar retirado, ¿cómo interpretas la situación institucional y el papel actual de las Fuerzas Armadas?

Estamos siendo engañados y vivimos una carrera contra reloj por salvar España de la autocracia. Sánchez domina como a mercenarios los altos cargos públicos y muchos de los privados. El frente Judicial, junto al Rey y las Fuerzas Armadas son nuestras últimas barreras de contención, además de la sociedad civil que se rebela este 10 de mayo. Las sentencias judiciales, ya sean condenatorias o exculpatorias a personas de su entorno deben llegar antes de que Sánchez absorba a todo el poder judicial, pues ya lo ha hecho con órganos extrajudiciales como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional. Los corruptos y delincuentes afines al Sanchismo no se ven disuadidos porque esperan amnistías e indultos. Están importando el nauseabundo y criminal modelo político venezolano.

El Artículo 18 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas nos dice: “Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”. Y claro, con este atinado sentido de la justicia militar, se entiende que a Sánchez no le agraden nuestras Fuerzas Armadas, le sobre el Ministerio de Defensa, o huya como un cobarde de Paiporta. Su interpretación de donde y como invertir mayores gastos en defensa, fruto de los acuerdos europeos, me preocupa enormemente. Por otro lado, nuestros Reyes y la Princesa Leonor demuestran el mejor comportamiento personal e institucional posible, lo cual me llena de esperanza.

¿Qué opinas de las críticas que ha recibido la convocatoria del 10 de mayo desde distintos sectores?

Unas provienen del bloque del Gobierno, junto a los que considero sus mercenarios y algunos grupos de votantes que se comportan como sectas. No merece la pena describirlas porque se despachan con enorme simpleza, diciendo que el 10 M es una concentración de fachas, o del PP, o de Vox, o de Alvise. En realidad es una masiva concentración ciudadana de hartazgo total contra este Gobierno mentiroso, la cual está siendo apoyada, no instigada, por partidos constitucionalistas.

Otras críticas provienen de partidos de la oposición, porque no la consideran oportuna o bien no comparten las reivindicaciones que planteamos desde la sociedad civil, y que representamos al interés general del pueblo soberano por encima de intereses partidistas.

Finalmente hay otros grupos que son muy personalistas, o piensan en crear un nuevo partido político, o incluso opinan que la Constitución debe rehacerse completamente o iniciar un nuevo proceso constituyente desde cero, también salirnos de la Unión Europea o de la OTAN.

Todas las opciones son respetables e intento hablar con ellos, pero no todos quieren debatir y pienso que algunas no son realistas. Yo formo parte de la Plataforma por la España Constitucional porque creo que hay que buscar un mínimo común denominador entre las distintas entidades de la Sociedad Civil Organizada y partidos políticos decentes. Para mí, ser constitucionalista no supone grabar sus artículos en mármol para la eternidad, pero sí reformarla siguiendo los métodos de reforma establecidos y sin diputados que lo que pretenden, como declaran Otegui, Puigdemont o Junqueras, sea romper España. En el mundo global y competitivo en que vivimos, hay que reunir, y no dividir. El espíritu de concordia entre compatriotas del 78, no podemos cambiarlo por la discordia que algunos pretenden crear para su beneficio personal.

¿Te preocupan las próximas elecciones generales y autonómicas? ¿Qué garantías exigirías para confiar en su transparencia?

Si, porque los resultados están muy igualados. Exigimos Elecciones generales inmediatas, porque Sánchez mintió con su programa electoral y perdió las elecciones. El pueblo, no le ha elegido a él, y menos aún a sus incompetentes ministros. Me parece lamentable la situación en la que ha sumido a su partido, el PSOE, y arrastrado a nuestras instituciones, que se deben al pueblo y no a sus intereses particulares. No me explico cómo no reaccionan sus diputados y votantes, que se han convertido en sus cómplices.

Por ello, y ante las irregularidades demostradas en procesos electorales anteriores y la falta de confianza y credibilidad que se han ganado Pedro Sánchez y sus ministros, hay que trabajar para que las próximas Elecciones Generales sean legales, transparentes y auditadas en sus resultados. Sólo así podremos confiar en nuestra democracia. Para ello destaco tres puntos:

La oposición y los ciudadanos han de exigir la publicación de todas las actas electorales de mesa, en el Portal de Transparencia y en una web oficial del Estado, por estar así recogido en la Ley. Y aplicar las debidas garantías informáticas de integridad e imposibilidad de manipulaciones.

De igual forma, hay que seguir los protocolos legales establecidos para los Escrutinios Generales. Los resultados ofrecidos por la actual empresa adjudicataria del recuento electoral no son los establecidos por la Ley, sino que actúan salidos de una caja negra y opaca, por lo que sus resultados y escrutinio no es fiable hasta permitir la comprobación estipulada por Ley.

Finalmente, las elecciones deben poder ser auditadas por organismos independientes internacionales, en caso necesario.