Empresas

El Tribunal Supremo avala a CONPYMES y ratifica su derecho a una voz propia en los órganos del Estado

Dueñas de pequeño negocio de moda - Foto de svetikd de Getty Images Signature

El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos interpuestos por la CEOE y CEPYME contra el Real Decreto que regula el Consejo Estatal de la Pyme y el Observatorio de la Morosidad Privada. Con dos sentencias pioneras, el Alto Tribunal avala de forma definitiva la presencia de CONPYMES en estos órganos estatales y dictamina que la representación del tejido de las pequeñas y medianas empresas no puede quedar absorbida en exclusiva por las macroestructuras tradicionales.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado dos resoluciones clave (las sentencias núm. 661/2026 y 625/2026, fechadas los pasados 28 y 19 de mayo) con las que desestima por completo los recursos de la CEOE y CEPYME contra el Real Decreto 439/2024. De este modo, la justicia valida la legalidad de la norma que regula la composición del Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, confirmando la legitimidad de la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) para ocupar su espacio institucional en dichos foros públicos y condenando, además, al pago de las costas judiciales a las organizaciones recurrentes.

Con este pronunciamiento, el Alto Tribunal rechaza de forma categórica la pretensión de CEOE-CEPYME de monopolizar la interlocución con el Gobierno en estas materias. La doctrina del Supremo determina que fijar límites a la acumulación de puestos por parte de una misma organización o de sus estructuras vinculadas constituye una garantía democrática esencial. Según detalla el fallo, este blindaje de la pluralidad resulta indispensable para asegurar que la participación de las pymes en los debates sobre regulación económica, plazos de pago, financiación y políticas de apoyo al sector sea transparente, proporcional y, sobre todo, efectiva.

Un "antes y un después" frente a las macroestructuras

Para CONPYMES, organización que representa a más de 2,1 millones de pymes y autónomos en el territorio nacional, este éxito en los tribunales marca un punto de inflexión histórico. La confederación independiente sostiene que la defensa de las pequeñas empresas no puede continuar "subordinada a grandes plataformas donde coexisten, y a veces colisionan, intereses corporativos de muy diversa naturaleza". El tejido productivo menor requiere, a su juicio, una voz especializada y libre de dependencias ajenas para encarar problemas tan sensibles como la morosidad y las trabas a la competitividad.

Tras la ratificación de esta doctrina jurídica, la entidad que lidera José María Torres ha avanzado que redoblará sus esfuerzos de trabajo para exigir que este dictamen judicial se traslade de inmediato a una presencia real, ponderada y activa en la totalidad de los organismos y mesas institucionales que resulten determinantes para la supervivencia y el crecimiento de las pymes y los trabajadores autónomos en España.

José María Torres: "No se trata de excluir a nadie, sino de evitar que la voz de las pymes quede diluida"

El presidente de CONPYMES, José María Torres, ha valorado el escenario judicial de forma contundente, señalando que el veredicto desmantele los intentos de mantener posiciones de dominio en el diálogo social: "Esta sentencia no solo derrota la pretensión de CEOE-CEPYME de limitar la pluralidad de nuestro tejido empresarial, sino que también refuerza la necesidad de revisar urgentemente cualquier sistema de participación que permita posiciones de dominio, duplicidades o sobrerrepresentación".

Torres ha remarcado que el modelo de interlocución de las pymes debe articularse desde principios de autonomía organizativa y proporcionalidad económica real: "La representación de las pymes debe construirse desde la transparencia, la proporcionalidad y la autonomía de las organizaciones que verdaderamente defienden sus intereses específicos", ha apuntado, zanjando el debate al matizar que el objetivo final no es el aislamiento de otros actores, sino la protección de su identidad: "No se trata de excluir a nadie, sino de evitar que la voz de las pymes quede diluida o absorbida por organizaciones que representan intereses empresariales mucho más amplios. Las pymes tienen derecho a estar representadas por quienes defienden de forma directa sus problemas, sus prioridades y su realidad económica".