Las constructoras piden al Gobierno evitar el abandono de las obras de carreteras este verano por el precio del asfalto

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha remitido una carta de urgencia a la Presidencia del Gobierno ante la inminente caducidad, fijada para el próximo 30 de junio de 2026, del actual paquete de medidas paliativas estatales. En la misiva, la organización empresarial traslada su "máxima preocupación" por el recrudecimiento de los costes de producción y las materias primas, un escenario tensionado tras la última revisión al alza de los índices de inflación publicados por el Banco de España y el encarecimiento de la energía derivado de los conflictos geopolíticos en Oriente Próximo.

Ante la inminencia del Consejo de Ministros que diseñará la nueva prórroga normativa, la CNC reclama de forma explícita al Ministerio de Hacienda una reforma estructural de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación. La patronal exige que los contratos públicos queden fuera de estas restricciones y se restauren de forma permanente los mecanismos automáticos de revisión de precios.

Desde el sector se argumenta que indexar los presupuestos a las fluctuaciones reales del mercado es la única vía legal para proteger el equilibrio económico de las adjudicaciones, evitando el freno de los proyectos de infraestructuras y subsanando las licitaciones desiertas que ya lastran tanto a la promoción pública como a la edificación privada.

Alerta de desempleo en un sector que sostiene el 10% del PIB

Los indicadores internos manejados por la confederación reflejan un impacto sistémico sobre el tejido productivo. Según los datos de la patronal, la crisis energética global afecta de manera directa al 90% de las constructoras operativas en suelo español. El deterioro de los márgenes comerciales ha obligado ya al 56% de las corporaciones a ralentizar el ritmo de ejecución de sus obras, mientras que un 22% de los empresarios del sector advierte ya de repercusiones directas y destrucción de puestos de trabajo si el encarecimiento de los suministros se prolonga durante el segundo semestre del año. La organización recuerda el peso macroeconómico de la construcción, una actividad que representa cerca del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que sostiene el empleo de casi 1,3 millones de trabajadores.

Alto riesgo de parálisis en las campañas asfálticas de verano

El informe técnico de la CNC pone el foco de vulnerabilidad en los contratos destinados a la conservación vial, donde los sobrecostes medios se sitúan ya en el 15% en lo que va de año y escalan hasta un alarmante 30% en los proyectos específicos de rehabilitación de firmes y pavimentos. La patronal califica la situación de "especialmente delicada" de cara a las operaciones asfálticas programadas para los meses de verano. Al tratarse de actuaciones de corta duración, estos contratos carecen por ley de cláusulas de revisión de precios, obligando a las empresas a asumir en solitario unos costes energéticos que ya representan el 30% de sus gastos totales totales y rompiendo la viabilidad de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026.

La cúpula de la construcción confía en que el Ministerio de Hacienda flexibilice su postura y no repita los esquemas del último Consejo de Ministros extraordinario por la crisis de Oriente Próximo, donde el sector quedó completamente excluido de las líneas de ayuda directa. La CNC insiste en que las tensiones inflacionistas y el encarecimiento de la mano de obra no deben repercutir exclusivamente en la parte privada del contrato, requiriendo una respuesta institucional unificada que proteja las inversiones en vivienda e infraestructuras estratégicas que el país necesita para consolidar su competitividad económica.