PAU Madrid 2026: así se regulará la Prueba de Acceso a la Universidad en la región
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la apertura del trámite de información pública del proyecto normativo que regulará la estructura y organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).
La publicación permanecerá 15 días en el Portal de Transparencia, con el objetivo de recoger aportaciones de la sociedad y enriquecer el contenido del decreto.
Objetivo del nuevo decreto
La medida busca adaptar la PAU a la realidad del sistema universitario madrileño, incorporando los cambios introducidos por la normativa estatal. Para su elaboración, la Comunidad de Madrid ha contado con la colaboración de las seis universidades públicas de la región, garantizando que el decreto ordene y clarifique las fases de la prueba y su funcionamiento dentro del distrito único de admisión.
El proyecto normativo ha sido revisado por el Consejo Escolar y el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, asegurando un amplio consenso entre los órganos académicos y educativos de la región.
Fases de la PAU
El decreto define dos fases principales de la PAU:
- Fase de acceso (obligatoria): incluye ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de Filosofía, Lengua Extranjera II y la materia específica de la modalidad cursada en segundo de Bachillerato.
- Fase de admisión (voluntaria): permite a los estudiantes mejorar su nota examinándose en hasta tres asignaturas adicionales e incluso en una segunda lengua extranjera.
En ambas fases, los ejercicios podrán estructurarse en apartados con respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas, garantizando que las preguntas semiconstruidas y abiertas representen al menos el 70% del total de la prueba.
Organización y garantías del proceso
El decreto regula también la estructura organizativa de la PAU, atribuyendo funciones y competencias a la Comisión Coordinadora y la Comisión Organizadora, así como la composición y funcionamiento de comisiones de materia y tribunales calificadores.
Asimismo, establece el procedimiento de revisión de calificaciones y contempla adaptaciones específicas para estudiantes con necesidades educativas especiales, garantizando igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación.