Los tribunales comienzan a anular embargos a pymes por préstamos ICO: crece la presión sobre la banca
Varias sentencias anulan ejecuciones por falta de información clara sobre los avales del Estado. Empresarios afectados denuncian prácticas abusivas durante la pandemia.
La justicia ha empezado a dar un vuelco al conflicto generado por los préstamos ICO que miles de pequeñas y medianas empresas firmaron durante la pandemia. En una serie de fallos recientes, varios juzgados han estimado que los bancos no informaron adecuadamente a los empresarios sobre las condiciones reales de los avales del Estado, anulando así embargos de cuentas, bienes e incluso propiedades.
Durante los momentos más duros del confinamiento, el Gobierno puso en marcha una línea de financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de garantizar liquidez a autónomos y pymes. La medida fue presentada como un salvavidas económico, prometiendo un respaldo estatal de hasta el 80% del importe concedido. Sin embargo, muchos empresarios están descubriendo ahora que esa cobertura no era tan efectiva como parecía.
Embargos y sorpresas tras la letra pequeña
Numerosos beneficiarios han denunciado que, al llegar el momento de impago, las entidades financieras activaron procedimientos de embargo sin respetar —según los tribunales— los principios de transparencia. La mayoría de los contratos no especificaban con claridad que el aval del Estado no eximía al deudor de responsabilidad directa ante el banco. La confusión ha derivado en una ola de litigios en toda España.
En varias resoluciones conocidas recientemente, los jueces han señalado que la falta de información clara constituye una vulneración de la normativa de protección al consumidor, al no haberse explicado adecuadamente el alcance del aval público ni las consecuencias del impago.
¿Una nueva batalla judicial contra la banca?
Los expertos apuntan a que estas sentencias podrían abrir la puerta a una avalancha de reclamaciones por parte de las pymes afectadas, especialmente aquellas que ya están inmersas en procedimientos de ejecución. La Asociación de Afectados por los Préstamos ICO ha solicitado una revisión general de todos los contratos firmados entre 2020 y 2022 y reclama la paralización de los embargos hasta que se aclare el marco legal.
La polémica recuerda a otros escándalos financieros recientes, como las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa, donde también se detectaron irregularidades por falta de transparencia en la comercialización de productos financieros.
El papel del Estado y el ICO
Mientras tanto, el Instituto de Crédito Oficial ha evitado pronunciarse directamente sobre estas resoluciones judiciales, limitándose a recordar que las entidades financieras eran las encargadas de gestionar las solicitudes y formalizar los préstamos. El Ministerio de Economía, por su parte, ha anunciado que está recabando información y no descarta impulsar una auditoría independiente para valorar posibles responsabilidades.
Miles de pymes podrían beneficiarse de este nuevo giro legal, que pone en entredicho la gestión que hicieron los bancos de una de las herramientas clave para sostener el tejido empresarial durante la crisis del COVID-19.