El Tribunal de Cuentas pide al ICO reforzar los controles sobre avales tras detectar incidencias en operaciones con impagos
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) reforzar sus mecanismos de control y seguimiento en la gestión de avales públicos, especialmente en aquellos casos en los que existan indicios de fraude.
La recomendación figura en el informe que analiza la situación y los resultados, a 31 de diciembre de 2024, de los avales del Estado concedidos a empresas y autónomos a través de las líneas habilitadas por el ICO para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de la covid-19.
Revisión de los sistemas de bloqueo y detección de fraude
El órgano fiscalizador considera necesario que el ICO revise los sistemas utilizados para el bloqueo de clientes y el control de operaciones sospechosas, con el objetivo de evitar incidencias y agilizar la resolución de posibles irregularidades.
Según recoge el informe, durante la pandemia se detectaron 33 operaciones correspondientes a trece clientes bloqueados en las que la primera comunicación de impago se produjo después del bloqueo de la operación.
De esas operaciones, 22 terminaron generando el abono de avales por un importe total de 2.325.400 euros.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas recomienda que, en futuras líneas de avales, los casos con posibles indicios de fraude puedan ser analizados dentro de plazos razonables y se eviten bloqueos sin resolver o situaciones similares.
Más supervisión en las modificaciones de operaciones
El informe también plantea la necesidad de implantar controles adicionales a las validaciones automáticas utilizadas para aprobar extensiones o modificaciones de operaciones avaladas.
El Tribunal considera que estos mecanismos deberían incluir una revisión más exhaustiva de la documentación presentada, ya que las validaciones automáticas aplicadas durante la pandemia no garantizaron completamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Según el análisis, estas herramientas no fueron suficientes para asegurar que todas las operaciones ampliadas o modificadas cumplieran las condiciones previstas en el Real Decreto-ley 34/2020.
Retrasos en la revisión de impagos
Otra de las recomendaciones destacadas afecta a la gestión de los procedimientos de revisión de operaciones con incidencias.
El informe señala que a partir de 2021 se produjo un incremento significativo del volumen de operaciones con impagos, lo que generó retrasos en los procesos de verificación.
Como consecuencia, se llegaron a abonar avales correspondientes a determinadas operaciones que posteriormente fueron invalidadas tras las comprobaciones realizadas.
Por ello, el Tribunal de Cuentas considera prioritario agilizar estos procedimientos para evitar acumulaciones y minimizar los efectos derivados de posibles retrasos administrativos.
La referencia al caso Plus Ultra
El informe se conoce en un contexto en el que ha trascendido que la aerolínea Plus Ultra intentó acceder a una de estas líneas de financiación avaladas por el ICO antes de recurrir al préstamo concedido posteriormente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según un informe de la UDEF citado en la investigación judicial relacionada con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el accionista de la compañía habría señalado que existían posibilidades de obtener apoyo para acceder a estos avales.
La documentación también recoge que el intento de obtener financiación a través de esta vía implicó contactos con altos ejecutivos de entidades financieras, aunque finalmente la operación no prosperó debido a la negativa de los bancos consultados.
Recomendaciones para futuras líneas de avales
El Tribunal de Cuentas concluye que las futuras líneas de financiación avaladas por el Estado deberán incorporar sistemas de control más eficaces que permitan detectar posibles irregularidades, agilizar la revisión de expedientes y reforzar las garantías en la gestión de los recursos públicos.
Las recomendaciones se centran en mejorar la supervisión, reducir incidencias y fortalecer los mecanismos de prevención frente a posibles situaciones de fraude o incumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a estos instrumentos financieros.