La quita de deuda a Cataluña: un giro político que aviva la polémica en España
María Jesús Montero impone ahora la quita de deuda que rechazó en 2018. Felipe González advierte: "No van a quitar nada, la pagaremos de una forma u otra"
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una condonación de 17.104 millones de euros a Cataluña como parte de su estrategia de pactos con los partidos independentistas. Esta decisión se enmarca dentro de una medida más amplia del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, para condonar hasta 83.250 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Sin embargo, la polémica ha estallado cuando se ha recordado que la propia Montero rechazó una medida similar en 2018 cuando era consejera de Hacienda en Andalucía.
De rechazar la quita a imponerla
Siete años atrás, cuando Montero formaba parte del Gobierno andaluz de Susana Díaz, criticó duramente al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por proponer una reestructuración de la deuda autonómica. En aquel momento, la actual vicepresidenta primera del Gobierno aseguró que la condonación de deuda no podía sustituir el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica.
"El señor Montoro no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate", afirmaba Montero en 2018.
Además, dejó claro que su gobierno no aceptaría una quita de deuda, aunque beneficiara a Andalucía. "No lo compartimos, por mucho que se beneficiara o no a Andalucía", sentenciaba entonces.
Sin embargo, en la actualidad, Montero ha cambiado su postura y defiende que la condonación de deuda es "la medida más trascendente, generosa y valiente" tomada en favor de las comunidades autónomas.
El rechazo de las comunidades del PP y la advertencia de Felipe González
La propuesta de Montero ha sido rechazada por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en protesta. Desde el Partido Popular denuncian que esta medida beneficia únicamente a Cataluña y que su objetivo real es cumplir los acuerdos de Sánchez con ERC y Junts, en lugar de abordar una reforma integral del modelo de financiación autonómica.
Uno de los críticos más destacados ha sido el expresidente del Gobierno, Felipe González, quien ha desmontado el discurso del Ejecutivo al afirmar que la quita de deuda "es un engaño" y que, en realidad, la pagarán todos los españoles.
"No van a quitar nada de deuda a nadie, es mentira, la vamos a pagar de una manera u otra", ha advertido González durante un acto en Valencia.
El expresidente también ha insistido en que esta operación no resuelve el problema de la infrafinanciación autonómica, especialmente en comunidades como la Valenciana o Andalucía.
"La Comunitat Valenciana lleva años infrafinanciada, y hasta que no se arregle de verdad la financiación autonómica, seguirá el problema", ha añadido González, subrayando que la deuda seguirá existiendo y que su condonación no elimina los intereses ni los compromisos financieros que las comunidades autónomas mantienen con el Estado.
Impacto en la sociedad y la igualdad territorial
Más allá del debate político, la condonación de deuda a Cataluña abre un escenario de desigualdad territorial que ha indignado a muchas comunidades. Mientras que algunas, como Andalucía, Madrid o Castilla y León, han hecho frente a sus obligaciones financieras con ajustes presupuestarios, Cataluña se beneficiará de una quita negociada con los partidos independentistas.
Además, se plantea un riesgo moral, ya que esta medida podría incentivar a otras comunidades a endeudarse más con la expectativa de futuras condonaciones.
Desde el PP denuncian que el PSOE está dinamitando el principio de igualdad entre los territorios, favoreciendo a Cataluña por intereses políticos. "Aquí la deuda sigue existiendo. Solo se le hace más fácil la vida a los peores gestores de España", han declarado desde Génova.
En definitiva, la condonación de deuda ha abierto un frente de confrontación política y territorial en España. Lo que en 2018 era impensable para Montero, hoy se ha convertido en un instrumento clave en las negociaciones del Gobierno con el independentismo. Entretanto, la factura de esta operación la terminarán pagando, de una forma u otra, todos los ciudadanos.