Polémica por adjudicaciones sin concurso público: denuncian 15.800 millones otorgados "a dedo" por el Gobierno
Un informe desvela que en cinco años se habrían adjudicado contratos por valor de 15.800 millones sin concurrencia ni transparencia, generando acusaciones de clientelismo
Una investigación periodística ha sacado a la luz una controvertida práctica de adjudicación directa de contratos públicos por parte del Gobierno, valorada en 15.800 millones de euros en apenas cinco años. El dato, que ha generado una fuerte reacción política y social, hace referencia a contratos otorgados sin publicidad, sin solicitud de ofertas alternativas y sin proceso de licitación competitivo, lo que ha sido calificado por varios sectores como una “vía abierta al clientelismo”.
Según los datos recopilados por medios como Vozpópuli, estos contratos fueron asignados directamente por diferentes ministerios, prescindiendo de los mecanismos habituales de concurrencia y sin aportar explicaciones claras sobre los criterios empleados para seleccionar a las empresas beneficiarias. En muchos casos, no se hizo pública la adjudicación ni se permitió competir a otras entidades, lo que ha disparado las críticas sobre la opacidad y el uso partidista de recursos públicos.
Desde la oposición, el Partido Popular ha relacionado estas cifras con casos recientes de corrupción que afectan al entorno del PSOE, como el del exsecretario de organización Santos Cerdán, ya en prisión preventiva, o el caso del asesor Koldo García, implicado en supuestas comisiones ilícitas durante la pandemia. Además, se han señalado nombres como José Luis Ábalos o Víctor de Aldama, vinculados a tramas de contratación irregular.
Los críticos sostienen que este tipo de adjudicación directa abre la puerta al sobrecoste y a prácticas corruptas, ya que al no haber competencia, los precios y condiciones quedan al arbitrio exclusivo del adjudicador, sin supervisión real ni control ciudadano. Se estima que si se aplicara un margen hipotético del 3 % en comisiones, como ha ocurrido en otros casos investigados judicialmente, el volumen desviado podría ascender a 480 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas aún no se ha pronunciado públicamente sobre esta suma, pero diversas voces ya exigen una auditoría integral que determine cuánto de ese dinero se adjudicó a precios por encima del mercado y con qué justificación. También se ha cuestionado el papel de los medios públicos, que, según denuncian los críticos, han evitado cubrir este tema en profundidad.
El Gobierno, por su parte, no ha ofrecido declaraciones oficiales tras la publicación de estos datos. Sin embargo, desde Moncloa se ha defendido en ocasiones anteriores la legalidad de las adjudicaciones directas en casos excepcionales, como los relacionados con emergencias sanitarias o necesidades logísticas inmediatas.
No obstante, la acumulación de casos, el volumen económico implicado y la falta de explicaciones transparentes están alimentando una creciente preocupación por la integridad de los procedimientos de contratación pública en España. Mientras tanto, organizaciones cívicas y medios independientes han iniciado nuevas investigaciones para determinar si existe una red estructural de favoritismos dentro de la Administración.
La exigencia de responsabilidades políticas y judiciales gana fuerza conforme se amplifica el escándalo, que amenaza con convertirse en uno de los mayores de la legislatura en términos de gestión económica y confianza institucional.