José Ramón Riera cuestiona el coste del Ingreso Mínimo Vital y plantea su impacto político tras superar los 21.300 millones de euros
El economista José Ramón Riera ha vuelto a situar el foco sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tras conocerse los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de junio de 2026.
Según esas cifras, la prestación alcanza ya a 600.076 hogares y beneficia a 2.627.344 personas, mientras que el gasto acumulado desde su creación en junio de 2020 asciende a 21.296,8 millones de euros.
Los datos reflejan además un incremento interanual del 11,8 % en el número de hogares beneficiarios, del 12,7 % en las personas que perciben la ayuda y del 14,4 % en el importe destinado a esta prestación.
Riera plantea un debate sobre el coste y el efecto político de la prestación
En un artículo publicado en El Debate y en un vídeo de análisis, Riera sostiene que el crecimiento continuado del Ingreso Mínimo Vital merece una reflexión tanto desde el punto de vista económico como político.
El economista resume su tesis con una de las frases centrales de su análisis: "Con el Ingreso Mínimo Vital se compran 1,2 millones de votos".
Según explica, se trata de una reflexión basada en la evolución de los datos oficiales y en el aumento constante del número de hogares beneficiarios desde la puesta en marcha de la prestación.
Del contexto de la pandemia al mantenimiento del IMV
Durante su exposición, Riera recuerda que el Ingreso Mínimo Vital nació en junio de 2020 con el objetivo de ayudar a las familias que atravesaban dificultades económicas durante la pandemia.
En su opinión, la implantación inicial presentó numerosos problemas administrativos y organizativos, afirmando que "no funcionó ni por casualidad" debido, entre otros factores, a la falta de procesos preparados y a las dificultades para tramitar las solicitudes.
Asimismo, sostiene que el sistema comenzó a funcionar con mayor normalidad a partir de julio de 2021, cuando, según explica, la situación derivada de la pandemia ya había cambiado y la economía había iniciado su recuperación.
El aumento de beneficiarios centra su análisis
Riera destaca que actualmente existen 600.076 hogares beneficiarios del IMV, que agrupan a 2.627.344 personas.
A partir de esas cifras, plantea que una parte importante de esos hogares está formada por adultos con derecho a voto y afirma que ello puede tener consecuencias en el comportamiento electoral.
En este contexto, sostiene que "quien lo recibe sabe quién se lo paga y quien se lo paga sabe a quién se lo da", una afirmación con la que fundamenta su tesis sobre el posible efecto político de la prestación.
Un gasto que podría acercarse a los 6.000 millones de euros
Durante su intervención, el economista también pone el foco en la evolución del gasto anual destinado al Ingreso Mínimo Vital.
Según expone, el ejercicio anterior supuso un desembolso cercano a 5.000 millones de euros y considera que la tendencia actual podría situar esa cifra cerca de los 6.000 millones.
Para Riera, este incremento del gasto constituye uno de los principales elementos del debate sobre la sostenibilidad de la prestación y sus efectos sobre las cuentas públicas.
Una reflexión basada en datos oficiales
El economista insiste en que su análisis parte de las cifras difundidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que su objetivo es abrir un debate sobre la evolución del Ingreso Mínimo Vital.
Como concluye en su intervención, "el objetivo es que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones a partir de los datos", una idea con la que enmarca su análisis sobre una prestación que, seis años después de su creación, continúa aumentando tanto en beneficiarios como en recursos públicos destinados a su financiación.