Una treintena de asociaciones denuncian que la UE planea un "recorte masivo" en los derechos de los pasajeros aéreos
Una treintena de asociaciones de consumidores de toda Europa, entre ellas CECU y Asufin, denuncian el "recorte masivo" de derechos que planea la Comisión Europea para los pasajeros aéreos. Advierten de que se reducirán drásticamente las indemnizaciones por retraso y cancelación de vuelos.
Un total de 34 organizaciones sociales y de defensa de los consumidores de todo el continente, entre las que figuran las entidades españolas CECU (Federación de Consumidores y Usuarios) y Asufin (Asociación de Usuarios de Financieros), se han sumado a una ofensiva jurídica y política coordinada por la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC). La coalición ha remitido una carta conjunta a los ministerios de transportes de los Estados miembro y a los eurodiputados de las comisiones de Mercado Interior y de Transportes del Parlamento Europeo para exigir la paralización de la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos que tramita la Comisión Europea.
Las organizaciones firmantes sostienen que, bajo el redactado actual de la propuesta de Bruselas, viajar en avión dentro de la Unión Europea implicará de forma directa "menos protección y más costes económicos para las personas consumidoras". A juicio de las asociaciones, las modificaciones planteadas desequilibran el mercado turístico y alteran las reglas del juego para blindar los balances financieros de las aerolíneas comerciales frente a sus propios fallos de planificación operativa.
Adiós al 60% de las indemnizaciones actuales por retraso
El documento de denuncia desglosa los puntos más lesivos de la reforma legislativa, concentrando las alarmas en el nuevo baremo para las compensaciones económicas. En la actualidad, cualquier retraso superior a las tres horas genera un derecho automático de indemnización para el usuario. Con la reforma presupuestada por la Comisión Europea, este umbral mínimo de espera se elevaría a las cuatro o incluso a las seis horas. Según los cálculos de las asociaciones de consumidores, este cambio normativo dejaría sin ningún tipo de compensación económica a más del 60% de los pasajeros que hoy en día sí tienen derecho legal a percibirla.
La plataforma de protección recuerda que el marco regulatorio vigente ha demostrado ser una herramienta de disuasión eficaz, que ha logrado reducir los grandes retrasos en un 70% y las demoras prolongadas en vuelos de corta distancia en un 66% al incentivar la puntualidad de las compañías. Sin embargo, la reforma no solo amplía las horas de espera, sino que recorta la cuantía de los pagos: la indemnización mínima por contingencia caería de los 250 euros actuales a apenas 83 euros, lo que supone un hachazo del 67% en el bolsillo del consumidor afectado.
Cancelaciones con 48 horas de aviso y cobro por equipaje de mano
Otro de los pilares de la queja sectorial reside en la desprotección ante los cambios de planes de las aerolíneas. La normativa vigente obliga a avisar con 14 días de antelación para eludir el pago de compensaciones por la cancelación de una ruta. De salir adelante el texto de la reforma, las empresas podrán cancelar un vuelo con solo 48 horas de antelación sin abonar indemnización alguna, obligando al usuario a reorganizar sus vacaciones o viajes de negocios a contrarreloj, adquiriendo billetes alternativos a precios mucho más elevados.
A esto se suma una ampliación del concepto jurídico de "circunstancias extraordinarias" para que las compañías eludan pagos en situaciones que dependen de su organización interna, y la consolidación de tarifas abusivas. El texto propuesto mantiene el cobro de suplementos económicos por servicios que las organizaciones consideran básicos, tales como viajar con equipaje de mano en la cabina, imprimir la tarjeta de embarque física en el mostrador del aeropuerto o reservar asientos contiguos para acompañar a menores de edad o a personas dependientes.
Los directivos de CECU y Asufin cargan contra el "retroceso normativo"
El director de CECU, David Sánchez, se ha mostrado tajante ante los planes de Bruselas: "Lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados. Se reduce lo que cobran los pasajeros, se amplían las excepciones para que las aerolíneas no paguen y se dificulta reclamar". El portavoz ha insistido en que el sistema actual ya arrastra un déficit de ejecución, dado que solo el 38% de las personas que sufren un percance con derecho a cobro llega a percibir su dinero debido a la burocracia, por lo que las instituciones europeas "deberían estar trabajando para avanzar en la mejora de los derechos, no para evitar su retroceso".
Por su parte, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha advertido de que la aprobación de este texto sentaría un "precedente peligrosísimo" en el derecho comunitario de los consumidores al consolidar un desequilibrio contractual insostenible. "La agenda legislativa no debería centrarse en cómo blindar a las compañías aéreas frente a sus propios fallos operativos, sino en avanzar decididamente hacia la automatización de las indemnizaciones a los afectados, la transparencia en la fijación de tarifas adicionales y el endurecimiento de las sanciones por prácticas comerciales abusivas", ha expresado Suárez.