El Banco de España acelera la venta de deuda pública por orden del BCE, en plena vigilancia sobre la economía española
El organismo ha liquidado casi 18.400 millones en bonos del Estado en solo cuatro meses, en cumplimiento del ajuste de balance del BCE y bajo el paraguas de la llamada "cláusula de escape"
El Banco de España ha intensificado la venta de deuda pública nacional, siguiendo las directrices del Banco Central Europeo (BCE) en su estrategia de retirada de estímulos y normalización monetaria. Según los datos publicados, entre enero y abril de 2025 el organismo español se ha desprendido de casi 18.400 millones de euros en bonos del Estado, una cifra que se suma a los 25.415 millones vendidos en 2024 y los 11.371 millones de 2023.
En conjunto, España ha pasado de tener 413.574 millones de deuda en cartera del Banco de España en 2022 a 358.395 millones en abril de 2025, lo que representa un recorte acumulado superior a los 55.000 millones de euros en apenas año y medio.
Esta desinversión se enmarca en el final de los programas de compra de deuda lanzados por el BCE durante la pandemia, especialmente el PEPP (Programa de Compras de Emergencia Pandémica). La institución presidida por Christine Lagarde ha decidido reducir de forma acelerada su balance para controlar la inflación, trasladando esa presión a los bancos centrales nacionales.
Vigilancia sobre España y activación de la “cláusula de escape”
Más allá de la política general del BCE, la venta de deuda española podría estar influenciada por la activación de la llamada “cláusula de escape”, una herramienta que permite a la entidad europea ajustar su estrategia con países que no cumplan los compromisos fiscales ni las garantías del Estado de derecho.
Según fuentes del entorno financiero, esta cláusula se habría aplicado de forma preventiva en el caso de España, debido a la preocupación creciente del BCE y de la Comisión Europea sobre el déficit estructural, el aumento de la deuda pública y las tensiones institucionales.
Esta situación coloca a España y Francia como los países actualmente más vigilados por el BCE, aunque con diferencias sustanciales: mientras que Francia mantiene la confianza institucional, España afronta dudas sobre la calidad de sus reformas y el respeto a la independencia judicial, lo que incrementa el riesgo país.
Implicaciones económicas: prima de riesgo y costes financieros al alza
El impacto directo de esta retirada de apoyo por parte del BCE es claro: el Tesoro español deberá acudir con mayor frecuencia a los mercados para financiarse, y lo hará en condiciones previsiblemente más caras, ya que la disminución del respaldo institucional suele traducirse en un aumento de la prima de riesgo y en mayores exigencias de rentabilidad por parte de los inversores privados.
De continuar esta tendencia, los analistas advierten de que España podría enfrentarse a un escenario de tensión financiera similar al de la última década, cuando la dependencia del BCE resultó clave para contener los intereses de la deuda.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, estarían recibiendo advertencias claras de Fráncfort sobre el cumplimiento fiscal y la contención del gasto público. En este contexto, el exministro José Luis Escrivá, ahora en tareas técnicas en el Ejecutivo, es señalado como figura clave en la interlocución con Bruselas y el BCE, ante una situación que exige máxima coordinación.
Un mensaje político y financiero
La estrategia del BCE no solo responde a objetivos macroeconómicos, sino que también lanza un mensaje inequívoco al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad de regresar al marco de estabilidad presupuestaria y garantizar la calidad institucional.
El uso de la “cláusula de escape” refuerza ese aviso, recordando que el BCE puede retirar el apoyo en los mercados secundarios a cualquier país que desvíe su rumbo fiscal o institucional, sin necesidad de sanciones directas.
En definitiva, la salida acelerada del BCE del mercado de deuda española pone a prueba la fortaleza de las cuentas públicas, la credibilidad del Ejecutivo ante los inversores y la resistencia del modelo de financiación del Estado. Los próximos meses serán cruciales para comprobar si España logra mantener su solvencia sin el paraguas del BCE o si, por el contrario, se precipita hacia un nuevo ciclo de inestabilidad.