La presión fiscal sobre la vivienda en España puede alcanzar el 62% del precio de compra, según un estudio de FEDEA
La presión fiscal que soporta una vivienda en España desde su compra hasta su transmisión puede superar el 62% del precio de adquisición, según el estudio Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España. Diagnóstico y propuestas de reforma fiscal en clave de eficiencia, equidad y sostenibilidad, presentado por FEDEA junto a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas. Los expertos advierten de que la elevada carga tributaria, unida a la burocracia y a las restricciones urbanísticas, está dificultando el acceso a la vivienda y frenando la construcción de nuevos inmuebles.
La vivienda soporta una elevada carga tributaria durante todo su ciclo
El estudio, elaborado por el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Jaume Menéndez, sostiene que la vivienda está sometida a una elevada presión fiscal durante todas las fases de su ciclo económico, desde la adquisición hasta la tenencia y la posterior transmisión.
Según el análisis, la suma de todos los impuestos que recaen sobre un inmueble puede superar el 62% del precio de compra, una situación que, a juicio del autor, penaliza tanto a compradores como a propietarios e inversores.
Entre las medidas propuestas para corregir esta situación destaca la aplicación de un IVA del 0% para la promoción destinada al alquiler asequible, un tipo reducido del 4% o del 5% para la adquisición de la primera vivienda por parte de los jóvenes y un tipo cero temporal para las obras de rehabilitación energética y estructural del parque residencial.
Menéndez también puso como ejemplo las recientes medidas aprobadas en Portugal, donde el IVA de la construcción se ha reducido del 23% al 6% para viviendas con un precio inferior a 660.000 euros y se ha rebajado la tributación de los alquileres de larga duración.
La burocracia y la regulación limitan la oferta de vivienda
Durante la jornada, el director ejecutivo de FEDEA, Ángel de la Fuente, señaló que uno de los principales problemas del mercado residencial español es la escasez de oferta provocada por la normativa urbanística y la planificación del suelo.
En su opinión, la complejidad administrativa genera inseguridad jurídica y prolonga innecesariamente los plazos de construcción, dificultando el desarrollo de nuevas promociones residenciales.
Los participantes coincidieron en que la burocracia y los retrasos en la concesión de licencias representan uno de los principales obstáculos para incrementar el parque de viviendas y responder a la demanda existente.
Grandes diferencias fiscales entre comunidades autónomas
El presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, destacó la fuerte disparidad impositiva existente entre comunidades autónomas, especialmente en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Según explicó, mientras territorios como Madrid o Navarra aplican un tipo del 6%, otras comunidades como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana alcanzan gravámenes del 10% e incluso superiores en determinados supuestos.
A su juicio, esta heterogeneidad normativa dificulta la movilidad laboral y encarece artificialmente el acceso a la vivienda de segunda mano.
Propuestas para reformar el impuesto de sucesiones
El economista Valentí Pich defendió la necesidad de revisar el actual Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, proponiendo una tarifa progresiva única con tipos comprendidos entre el 5% y el 15%, acompañada de un mínimo exento.
Asimismo, planteó eliminar los actuales grupos de parentesco como elemento central del impuesto al considerar que ya no reflejan la realidad de los modelos familiares actuales y generan desigualdades difíciles de justificar.
Reclaman una reforma fiscal que incentive la inversión
El presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, concluyó que España figura entre los países de la OCDE con mayor presión fiscal sobre la vivienda.
Ràfols defendió la necesidad de revisar la tributación de la promoción destinada al alquiler asequible, reducir el IVA soportado por este tipo de proyectos y favorecer fiscalmente la inversión inmobiliaria a largo plazo, siguiendo el modelo de otros países europeos.
Además, alertó de que la continua fragmentación normativa y los constantes cambios legislativos generan inseguridad entre los propietarios y reducen la inversión.
En su opinión, la política fiscal vigente "no incentiva la inversión ni la salida de vivienda al mercado" y termina actuando como "un castigo regulatorio que frena la creación de un parque residencial asequible".