Gobierno de España e Instituto Cervantes

El Gobierno de España activa acciones legales para proteger la sede del Instituto Cervantes de Utrecht

Instituto Cervantes - Ayuntamiento de Madrid
El Instituto Cervantes ha asegurado que su sede en Utrecht continúa desarrollando con total normalidad tanto su actividad académica como cultural, tras las informaciones difundidas en las últimas horas sobre la supuesta situación del inmueble donde se ubica el centro.

La institución ha precisado que el fondo de inversión Blasket Renewable Investments no ha tomado posesión del edificio en ningún momento y que las clases, actividades y programación cultural se desarrollan sin alteraciones.

La Abogacía del Estado inicia actuaciones para defender la propiedad

Según ha trasladado el Gobierno de España al Instituto Cervantes, ya se han puesto en marcha actuaciones jurídicas para garantizar la protección del inmueble, que pertenece a Patrimonio del Estado.

Fuentes gubernamentales han señalado que las acciones se están desarrollando a través de la Abogacía del Estado y que se están aplicando mecanismos amparados por el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. El objetivo es impedir la ejecución del laudo que ha dado origen a la controversia judicial.

El edificio sigue operativo y no ha sido subastado

El Instituto Cervantes ha atribuido la preocupación generada a una información remitida de forma anónima a distintos medios de comunicación durante el fin de semana.

La entidad insiste en que el inmueble no ha sido embargado ni subastado y que la sede de Utrecht continúa operando con absoluta normalidad, sin que se haya producido ninguna incidencia que afecte a su funcionamiento habitual.

El Instituto Cervantes pide tranquilidad a alumnos y usuarios

Desde la institución se ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a estudiantes, profesores y usuarios del centro, subrayando que la actividad académica y cultural se mantiene sin cambios y que las autoridades españolas están actuando para salvaguardar los intereses patrimoniales del Estado.