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La Comunidad de Madrid avanza en la construcción de la nueva sede judicial unificada de Collado Villalba

La Comunidad de Madrid avanza en la construcción de la nueva sede judicial unificada de Collado Villalba - Foto de la Comunidad de Madrid

El proyecto ha dispuesto de una inversión superior a los 11,3 millones de euros y dará servicio a más de 180.000 vecinos del municipio y de siete localidades colindantes.

La Comunidad de Madrid continúa con las obras de ejecución del nuevo complejo judicial de Collado Villalba, un proyecto que supone una inversión autonómica de más de 11,3 millones de euros. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha supervisado sobre el terreno la evolución de las obras, enmarcadas dentro del plan autonómico para la modernización y reagrupación de las infraestructuras del sector público de justicia.

La nueva infraestructura se emplaza en la calle Virgen de la Cabeza y permitirá dar cobertura a más de 180.000 ciudadanos de Collado Villalba, así como de los términos municipales de Alpedrete, Cercedilla, Collado Mediano, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos y Torrelodones. La concentración del servicio en un único punto permitirá unificar las cuatro sedes judiciales que operaban dispersas por el municipio, agilizando los trámites administrativos y optimizando la operativa diaria de los profesionales de la administración de justicia.

Instalaciones de protección a la víctima y dotación técnica

El complejo judicial contará con dotaciones avanzadas destinadas a la atención ciudadana y la protección de los colectivos vulnerables. Entre los recursos del edificio figura la instalación de una cámara Gesell para la toma de declaraciones, así como el diseño de circuitos de circulación diferenciados para impedir el contacto directo entre víctimas y procesados.

Las instalaciones dispondrán de 16 despachos para el cuerpo de fiscales, áreas reservadas para equipos forenses y psicosociales, salas de reuniones y videoconferencias, dependencias de entrevista y espacios habilitados para el ejercicio de abogados y procuradores.

García Martín ha enmarcado la actuación en la estrategia autonómica para reforzar la eficacia del sistema judicial y garantizar los derechos e infraestructuras de servicio a la ciudadanía.