La Comunidad condena los sabotajes de los Bomberos Forestales y urge al Gobierno central a desbloquear su convenio salarial
Carlos Novillo alerta del riesgo generado en 16 bases y exige a Tragsa y al Ministerio de Hacienda una solución al conflicto laboral anclado desde 2008
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha condenado con firmeza los sabotajes sufridos en 16 bases del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en plena huelga del sector y ha instado al Gobierno de España a alcanzar un acuerdo que permita mejorar los salarios de los bomberos forestales, cuyo convenio colectivo permanece bloqueado desde 2008.
Durante una entrevista concedida a Servimedia, Novillo calificó la situación como “muy desagradable y preocupante”, señalando que los actos vandálicos han puesto en peligro tanto la seguridad operativa de los recursos como la integridad física de los propios profesionales. Entre los incidentes registrados, destacó la manipulación de un helicóptero, lo que obligó a realizar una revisión técnica exhaustiva y lo mantuvo varias horas fuera de servicio. “En ese helicóptero suben diez personas que se juegan la vida”, subrayó.
El consejero, quien también es bombero de profesión, defendió el compromiso y la profesionalidad de la mayoría de los trabajadores del dispositivo y se mostró convencido de que “la inmensa mayoría está en contra de estos sabotajes”, que consideró “incompatibles con su vocación de servicio y su labor esencial en la protección medioambiental”.
La huelga, convocada del 15 de julio al 15 de agosto, responde a la paralización del convenio colectivo que afecta a los bomberos forestales de la empresa pública Tragsa. En este sentido, Novillo recordó que fue el Gobierno regional el que, hace cuatro años, impulsó el cambio de modelo para que estos trabajadores pasaran de depender de contratas privadas a integrarse en una empresa pública, permitiéndoles acceder a mejoras progresivas.
No obstante, reiteró que la negociación del nuevo convenio es competencia de Tragsa, empresa estatal, y que corresponde al Ministerio de Hacienda aprobar las mejoras salariales necesarias. “La Comunidad de Madrid no puede llevar a cabo esa negociación, pero ha hecho un encargo de más de 25 millones de euros que deja margen para estas mejoras”, recalcó.
Asimismo, cuestionó que estas protestas se estén produciendo únicamente en la Comunidad de Madrid, pese a que Tragsa opera en otras regiones y gestiona brigadas como las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica, cuyos salarios —según apuntó— “son incluso más bajos”. “A uno le hace dudar si esta situación de tensión le puede interesar al Gobierno de Pedro Sánchez para que solo suceda en Madrid”, afirmó Novillo, dejando entrever una posible motivación política detrás del conflicto.
Desde el Ejecutivo regional, se confía en que Tragsa y los representantes sindicales retomen cuanto antes el diálogo y se alcance una solución que ponga fin a la huelga, evite nuevos actos de sabotaje y garantice la operatividad plena del dispositivo en un momento crítico del verano, donde el riesgo de incendios es máximo.