El Supremo llama a declarar al abogado de González Amador por el correo a Fiscalía en el caso de presunta revelación de secretos
El Alto Tribunal investiga si el correo enviado por Carlos Neira fue clave en la supuesta filtración que compromete al fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo ha citado como testigo al abogado Carlos Neira el próximo 27 de mayo en el marco del procedimiento penal que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. La diligencia, acordada por el magistrado Ángel Hurtado, responde a una petición de la Abogacía del Estado, que representa al fiscal general y considera que la declaración de Neira puede resultar decisiva para archivar la causa.
Neira es el letrado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y autor del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 al fiscal Julián Salto, en el que ofrecía reconocer dos presuntos delitos fiscales a cambio de un acuerdo con la Fiscalía. Según lo investigado, este correo habría sido el origen de una posterior filtración a la prensa, que destapó el caso.
La defensa del fiscal general busca demostrar que dicha información ya circulaba entre periodistas antes de que García Ortiz tuviera conocimiento de ella, lo que excluiría su implicación en la filtración. Para ello, se ha solicitado también la declaración de cuatro periodistas de El País, citados el próximo 30 de mayo, en relación con mensajes y correos electrónicos que, según un acta notarial presentada, confirmarían que conocían los detalles de la causa antes de la intervención del fiscal general.
El caso ha dado un giro relevante este viernes, cuando el propio González Amador ha declarado ante el Supremo asegurando que el correo fue enviado por Neira sin su consentimiento. Según fuentes jurídicas, González Amador afirmó que su intención era resolver el asunto de forma discreta para no perjudicar a su pareja política. Añadió que no supo de la existencia del correo hasta el 14 de marzo, tras su publicación por la Cadena SER. A pesar de ello, acabó respaldando la estrategia del abogado, según ha dicho.
La declaración también abordó el papel de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, en la difusión del correo electrónico. González Amador reconoció haber enviado una captura de WhatsApp de Neira en la que este le comunicaba que “todo estaba solucionado”, y que tras ser consultado por Rodríguez sobre si podía usar esa información, respondió: “Haz lo que consideres”.
El magistrado Hurtado ha permitido la declaración de Neira y de los periodistas, a pesar de que la Sala de Apelación había denegado anteriormente esta última diligencia al considerar que los informadores estaban protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes. No obstante, el juez acepta ahora su testifical por la aparición de nuevos elementos de convicción, aportados por la Abogacía del Estado.
En cambio, el magistrado ha rechazado otras solicitudes procesales, como la citación de dos agentes de la UCO que redactaron informes sobre la cronología de la filtración, así como la elaboración de un nuevo análisis sobre la posible eliminación de mensajes del móvil del fiscal general tras la apertura de la causa.
El caso, que ha generado gran repercusión política y mediática, plantea serias dudas sobre el origen de la filtración y el papel de los actores implicados, incluidos periodistas, miembros del Gobierno regional madrileño y altos cargos del Ministerio Público. La defensa de García Ortiz mantiene que no existió revelación alguna por su parte y que los hechos estaban ya en conocimiento de la prensa.
Con las nuevas declaraciones previstas para la próxima semana, el procedimiento entra en una fase clave para determinar si hubo una filtración desde la Fiscalía o si, como sostiene la defensa del fiscal general, la información ya estaba en circulación. Lo que comenzó como un procedimiento por presunto fraude fiscal de una figura vinculada políticamente a la Comunidad de Madrid se ha transformado en un proceso que afecta a la integridad institucional del Ministerio Público y a las relaciones entre poder judicial, político y mediático.